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El plan incluye nuevas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, promoción y desarrollo profesional, formación, promoción, salud laboral y prevención del acoso, así como medidas para detectar cualquier tipo de conducta irregular.

El plan refuerza la defensa y aplicación de la Ley 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como el principio de igualdad que recoge la Constitución Española.

Para la realización de todo el proceso y poder evaluar la situación real de la entidad en el ámbito de la igualdad de oportunidades, Ruralcaja encargó a la Fundación Florida un estudio de diagnóstico que ha permitido definir las medidas oportunas que garanticen la igualdad de trato.

Entre alguno de los aspectos a destacar del Plan, cabe destacar que las empleadas en estado de gestación podrán solicitar el traslado a oficinas cercanas a su domicilio y que el permiso por nacimiento de hijos se ampliará  en 2 días más a lo establecido en el convenio colectivo.

Asimismo, a lo largo de 2010, se pondrán en marcha distintas acciones como la elaboración de una guía de lenguaje no sexista, con el objeto de evitar discriminaciones en la utilización del lenguaje en todos y cada uno de los documentos utilizados por la entidad.

Para la elaboración del plan y la puesta en marcha de cada una de las acciones, se constituyó una comisión de igualdad que, a lo largo de los cuatro años de vigencia del mismo, realizará el seguimiento de su implantación para conocer la eficacia de las medidas y poder adecuarlas a cada momento.

El plan de igualdad se suma al protocolo de acoso, que a través del equipo de asesoramiento canalizará y atenderá las situaciones que se puedan producir. Los empleados que forman parte de este equipo han recibido una formación especializada para poder prestar una atención adecuada y eficiente.

El colectivo femenino de Ruralcaja es de 814 profesionales, que representa el 42,11 % del equipo humano constituido por 1.933 profesionales, cumpliendo el principio de presencia equilibrada contemplada en la Ley de Igualdad que establece que las personas de cada sexo no superen el 60% ni estén por debajo del 40%.