X. A.. 22/03/2011 El documento marco incluye directrices para evitar el despilfarro en varios cuestiones por las que el Consell ya ha sido advertido por la oposición y los empresarios: la elevada nómina de organismos y altos cargos, el gasto en propaganda oficial, la flota de coches oficiales, los desequilibrios de las empresas públicas, y otros

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VALENCIA (VP). El programa marco autonómico avalado por Mariano Rajoy y presentado por el Partido Popular en la proclamación de candidatos de Palma de Mallorca hace un par de semanas obligará a una importante revolución en la Administración autonómica valenciana. Además de la reducción de consellerias, altos cargos, asesores y otro tipo de recortes, el texto concebido desde Génova alude a los entes públicos, delegaciones territoriales, publicidad institucional, parque móvil o televisiones autonómicas. Cuestiones, la mayoría de ellas, por las que el PPCV ha sido criticado en diversas ocasiones por la oposición.

El texto propuesto por Rajoy dispone de un apartado referente a las estructuras de los gobiernos autonómicos que lleva por título ‘Mejores gobiernos para el ciudadano'. El contenido esencial apunta a la necesidad "de mejorar la articulación política, competencial y financiera de los entes locales".  Así, una parte de las promesas electorales del partido se concentran en promover "una administración racional, viable y sostenible".

Bajo este lema, se desglosan 14 puntos que las autonomías gobernadas por el PP deberán aplicar si vencen en las elecciones del próximo 22 de mayo. Estas medidas, caracterizadas por la reducción de costes y la austeridad, obligarán a las regiones en las que obtengan el triunfo a acometer profundos cambios administrativos. En la Generalitat, conscientes de las amplias opciones de victoria por parte del PP, empiezan a estudiar la adecuación de lo prometido por Rajoy en la estructura interna del Gobierno valenciano.

LOS COMPROMISOS Y LA REALIDAD ACTUAL

Según el documento marco esgrimido por Rajoy, el compromiso es la obligatoriedad de reducir "como mínimo" a diez el número de consejerías por comunidad. En el Gobierno valenciano existen 13 carteras en la actualidad aunque el líder del PPCV y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ya ha anunciado el recorte a diez.

La Gobierno valenciano es el más nutrido en consellerias y vicepresidencias (3) de España. Las autonomías gobernadas por el PP Madrid, Murcia y Galicia poseen diez carteras, mientras que Castilla y León soporta doce. En lo que se refiere a las comuncidades gobernadas por el PSOE, Andalucía tiene doce y Aragón once, igual que las once de la Generaitat de Catalunya. La medida de Rajoy, por tanto, pone el acento en la reducción de gobiernos sobredimensionados.

Otro de los puntos marcados en el mapa de ruta autonómico del PP consiste en "reducir el número de delegaciones territoriales de las comunidades autónomas para ganar en eficiencia y simplicidad". Se entiende por tanto que Francisco Camps deberá acometer el cierre de alguna de las delegaciones del Consell en Valencia, Castellón y Alicante, así como la subdelegación que se abrió en Elche. De la misma manera, el Gobierno valenciano está representada en Madrid y Bruselas. Las delegaciones territoriales cuestan 1,42 millones de euros al año.

La siguiente directriz del programa impulsado por Mariano Rajoy alude a la reducción de entes y organismos del sector público para asegurar una gestión transparente y eficiente. "Sin perjudicar a la prestación de los servicios públicos, eliminaremos todos aquellos entes que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, o supongan merma de transparencia o garantías jurídicas", enuncia el texto.

A mediados del pasado año, el vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, anunció la eliminación de nueve fundaciones públicas y seis sociedades mercantiles participadas por el Gobierno valenciano con un ahorro total de 115 millones de euros. La inactiva Mundo Ilusión fue la supresión más destacada. De la Generalitat dependían en 2010 26 sociedades mercantiles, 40 fundaciones y 14 entidades de derecho público. Ahora, el programa marco de Rajoy insta a acentuar la reducción de estos organismos que el Consell deberá revisar.

El texto alumbrado por el PP nacional también hace hincapié en la "reducción de altos cargos, puestos de libre designación y personal eventual de las distintas administraciones, empresas y entidades públicas". Cabe recordar que cuando el socialista Joan Lerma perdió las elecciones y abandonó la Generalitat en 1.995, dejó una herencia de 40 asesores y 80 altos cargos. Ahora, esas cifras han aumentado sensiblemente (125-120). El coste total de estos puestos supone en torno a 13 millones de euros.

Otro de los caballos de batalla de Rajoy en el adelgazamiento de las administraciones autonómicas se centra en la reducción del parque móvil y el impulso de su uso compartido. Los coches oficiales de la Generalitat que usan consellers y altos cargos se sitúan en un centenar de un total que supera los 1.300, ya que aquí se incluyen los vehículos de emergencias especiales, prevención de incendios, vigilancia de carreteras, policía autonómica...

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y RTVV

El documento marco del partido concluye con dos directrices más. La primera se refiere a la promesa de recorte de "los gastos de representación y de publicidad institucional". En los presupuestos para 2011 viene reflejado un gasto en ‘promoción institucional' de 4,5 millones de euros desde la Conselleria de Presidencia. No obstante, desde el PSPV aseguran que el gasto concreto en este tipo de publicidad es muy difícil de calcular ya que luego los presupuestos "sufren modificaciones" y "las campañas no salen siempre de esa conselleria". En este sentido, Cristina Moreno, portavoz de Economía del grupo socialista en Les Corts, asegura haber exigido cifras y registros sobre este particular "sin haber obtenido respuesta".

El último punto en el apartado ‘Mejores gobiernos para el ciudadano' del PP, aborda el "impulso de reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas dando entrada a la participación privada".

La crisis económica que vive Radiotelevisión valenciana -con una deuda aproximada de 1.200 millones de euros- es conocida desde hace años. En una década, la plantilla se ha triplicado, alcanzando los 1.800 trabajadores y la deuda se ha disparado de los 32 millones de euros en el final de la era Lerma -según el Síndic de Comptes- hasta los astronómicos registros actuales. Queda por ver si la "libertad para adoptar nuevos modelos de gestión" derivaría en actuaciones más racionales para el ente televisivo público.

En definitiva, los compromisos adquiridos por Mariano Rajoy en su programa marco obligará a los gobernantes autonómicos del PP a una severa opresión -o al menos es lo que parece prometer- de unas administraciones con segmentos excesivamente sobredimensionados. En la Generalitat valenciana, necesitada de una importante reestructuración para cumplir con las directrices exigidas, buscan las maneras de adaptarse a las exigencias de austeridad de su partido sin dejar por el camino a un excesivo número de descontentos.