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VALENCIA (EP/VP). El sector de la construcción concluirá "entre 2011 y 2012" el periodo de ajuste iniciado en 2008, que se cerrará con una caída de la contratación de obra pública de "entre un 35 y un 40 por ciento" respecto a los datos de demanda de las administraciones central, autonómicas y locales anteriores al cambio de ciclo.

Así lo señaló el socio de Deloitte Jesús Tejel, durante la presentación en Valencia del informe 'Perspectivas del sector de la construcción', en una jornada en la que participaron el socio de la consultora Alejandro Requena y el presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), Javier Luján.

Tejel remarcó que la caída del sector "tocará fondo en esas fechas, entre 2011 y 2012" en función del contexto económico español, aunque la "velocidad" de recuperación "dependerá mucho" tanto de las características específicas de cada sector, como del nivel de diversificación, concentración e internacionalización de cada una de las empresas que lo componen.

Alejandro Requena puntualizó que considera "complicado" que el segmento residencial culmine su recuperación en 2012, mientras que en el sector no residencial, "en hostelería y centros comerciales se vive un exceso de oferta y hasta que no se reactive el consumo, será difícil que vuelvan a tirar" y en ingeniería civil, deberá haber un "ajuste" entre el apoyo a corto y a largo plazo.

Constató que "existe una demanda" en el sector de la edificación y un stock que incluye "una parte difícilmente viable en los próximos años", por lo que "ya en 2012 pueden aparecer demandas insatisfechas" de primera vivienda por falta de financiación.

Requena estimó que la restricción crediticia "no va a desaparecer hasta 2011" dada la situación del "contexto macroeconómico a nivel financiero español", lo que provocará un aumento de la "presión competitiva" y generará un "impacto en las ventas, producción, cartera y márgenes" de las compañías. Apuntó que ello "exige un giro estratégico" para la reformulación de los mercados, los segmentos y los clientes objetivo, con "nuevas reglas del juego" consistentes en "gestión de la caja, gestión de los costes y confianza".

El socio de Deloitte remarcó que "las claves de la reestructuración pasan por la colaboración" entre administraciones públicas, instituciones financieras y empresas, y por la "reducción de costes" mediante la "consolidación" del tejido empresarial, que requiere "un cambio de mentalidad de propietario a consejero".

"ES IMPRESCINDIBLE EL DIÁLOGO"

El presidente de Fecoval coincidió en que "es imprescindible el diálogo y la colaboración entre administración pública, sistema financiero y empresas" para la financiación de obra pública.

No obstante, advirtió de que si bien "la colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras está llamada a ser una parte importante de la licitación de contratos de obra o del volumen de negocio de la construcción", esta modalidad "no puede sustituir en la práctica a la financiación tradicional contra presupuestos", es decir, con cargo a los presupuestos de las administraciones pública

Así, remarcó que "la licitación tradicional tiene que estar por encima del 50 por ciento de la colaboración público-privada".

"Son importantes, pero no pueden ser únicos", insistió Luján, quien sostuvo que "las administraciones públicas no pueden caer en el error de que con esto vamos a subsistir" y reclamó que los proyectos con financiación pública "sigan teniendo una importancia capital".

Reivindicó asimismo que el tamaño de los proyectos "debe surgir de un equilibrio entre un tamaño mínimo para la eficiencia de la gestión del proyecto" y un límite máximo que "permita la concurrencia" de "empresas de todo tipo, más grandes y medianas".

Explicó, en este sentido, que "si al final sacan unos pocos proyectos de un volumen tremendo, no sólo las empresas de aquí sino muchas de las empresas de Madrid, no van a poder acceder", una cuestión en la que "parece que están haciendo caso", valoró.

Preguntado por el Tren de la Costa, Luján valoró que se trata de "un buen ejemplo de colaboración entre administraciones diferentes" y abogó por fragmentar en distintos proyectos el presupuesto de 250 millones de euros para facilitar la concurrencia de las empresas sin tener que recurrir siempre a uniones temporales de empresas (UTE).