Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Los ministros de Economía aplazan hasta 2017 la puesta en marcha de la 'Tasa Tobin'
• El G20 esperanzado, aunque reconoce que las expectativas de crecimiento no se están cumpliendo
• Alexis Tsipras dimite y convoca elecciones anticipadas en Grecia

BRUSELAS (VP/EP). La Comisión Europea insistió ayer en la necesidad de que los Estados miembros desarrollen políticas específicas para combatir el estrés laboral, considerado como la causa de entre el 50% y el 60% de los días de trabajo perdidos cada año y con un coste equivalente al 4% del PIB europeo.

"Sabemos que el estrés laboral puede constituir un problema estructural debido a la organización del trabajo más que al propio individuo, por eso los actores sociales son a menudo los mejor colocados para tomar medidas en esta área", declaró el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, quien instó a "empleadores y trabajadores" a avanzar en este objetivo y "resolver las lagunas" que pueda haber.

Sindicatos y patronales europeas cerraron en 2004 un acuerdo para impulsar la lucha contra este problema y garantizar una "protección mínima" del trabajador, pero los resultados han sido muy desiguales en los Estados miembros y sólo Suecia ha registrado un descenso de casos de estrés laboral, mientras que en nueve países han aumentado.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-Osha) publicó en enero que sólo el 26 por ciento de las empresas europeas han adoptado medidas para reducir el estrés laboral.

Mientras, este síntoma afecta en España a más del 40% de las personas asalariadas y en torno al 50% de los empresarios y genera la pérdida de más del 10% del PIB, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Bruselas celebra que el acuerdo de 2004 haya "abierto la puerta" al diálogo y la elaboración de políticas contra el estrés laboral en la mayoría de Estados miembros, incluido España, que cuentan con normas específicas introducidas en los convenios colectivos, acuerdos generales o líneas directrices.

Sin embargo, critica que los actores sociales de Malta, Chipre, Polonia y Eslovenia no hayan informado del modo en que se ha aplicado el acuerdo en su territorio y lamenta que los resultados de Alemania, Estonia, Bulgaria y República Checa "no han cumplido las expectativas". El Ejecutivo comunitario considera que deben producirse mejoras "en todos".