23/02/2011 El mayor fraude se produce en el sector industrial, fundamentalmente en el calzado, donde han aflorado 2.621 de estos empleos, seguido por la hostelería, con 638; comercio, con 318; y servicios, con 216

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ALICANTE (EFE). La Inspección de Trabajo ha descubierto a lo largo de 2010 un total de 4.903 empleados en la economía sumergida en la provincia de Alicante, lo que ha supuesto sanciones y liquidaciones por importe más de 29,9 millones de euros.

Según los datos de CC OO, el mayor fraude se produce en el sector industrial, fundamentalmente en el calzado, donde han aflorado 2.621 de estos empleos, seguido por la hostelería, con 638; comercio, con 318; y servicios, con 216.

Estos datos convierten a Alicante en la segunda provincia española (sólo superada por Barcelona) en cuanto a incidencia de la economía sumergida, "lo que demuestra una vez más el arraigo de este fraude en nuestro tejido empresarial", según el sindicato.

Estas cifras han sido difundidas a partir de la reunión celebrada ayer del Observatorio del Fraude en Alicante, donde están representados la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la provincia, el jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los sindicatos CC OO y UGT y la patronal empresarial COEPA.

Según la TGSS, durante el pasado ejercicio se efectuaron 7.954 inspecciones que dieron como resultado el afloramiento de las citadas 4.903 altas de trabajadores a la Seguridad Social, así como la incoación de expedientes liquidatorios por 39,5 millones de euros, de los cuales 29,9 fueron reclamados por las actas de liquidación e infracción.

Asimismo, se instruyeron 1.140 expedientes de derivación de responsabilidad por un importe total de 16,75 millones de euros, lo que representa un incremento del 37,52 por ciento con respecto a 2009.

Para 2011, se prevén 8.070 inspecciones en los distintos sectores económicos de la provincia y, como novedad destaca una acción para el control de empresas ficticias y altas fraudulentas en la Seguridad Social, con el fin de evitar que se simulen contrataciones de empleados para la obtención de prestaciones de la Seguridad Social o para la obtención de autorizaciones para trabajar en España por parte de extranjeros.

CC OO ha demandado un "refuerzo" de los medios para aumentar el número de inspecciones para prevenir y actuar sobre la economía sumergida.

Además, denunciaron que en 2010 el número de inspectores y subinspectores se situaba en 28 y 32 funcionarios, respectivamente, cifras que para 2011 bajan en 3 y 2, respectivamente.

"Desde CC OO hemos planteado la necesidad de que el Gobierno, atendiendo a las características específicas de Alicante, realice el esfuerzo necesario para incrementar el número de funcionarios y, por lo tanto, el número de actuaciones", indicó la organización.

A este respecto, recalcaron que en 2010 se han hallado "irregularidades" en el 42,91 por ciento de los centros de trabajo inspeccionados, lo que refleja "un nivel muy elevado de incumplimientos de la legislación laboral".

Además, añadieron que en la actualidad se esta desarrollando el Plan Integral contra el Fraude con la participación de la Agencia tributaria, la Inspección y la Seguridad Social, entre cuyos objetivos para el próximo año están priorizar campañas específicas para detectar el fraude en las denominadas empresas clandestinas.

Por ejemplo en la vendimia en el sector agrícola, en el comercio minorista con las tiendas "todo a cien", en el sector educativo (autoescuelas, guarderías, academias privadas), en el ámbito sanitario privado (clínicas privadas diferentes especialidades, hospitales privados), falsos autónomos y seguimiento de los Expedientes de Regulación de Empleo.

En este contexto, la secretaria general de CC OO en L'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, calificó como "muy positivo" el trabajo realizado por las instituciones implicadas en la lucha contra el fraude, así como la necesidad de aumentar los recursos para acotar al máximo este tipo de comportamientos que son un fraude social, laboral y un lastre para la necesaria reactivación económica de esta provincia.

"Los datos son demoledores y se deberían impulsar campañas informativas específicas para publicitar las actuaciones de las administraciones en esta materia con el objetivo de prevenir el fraude y aumentar el reproche social ante estas prácticas fraudulentas", señaló Navarro.