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El PSPV pide para Camps hasta tres años de prisión y ocho de inhabilitación por cohecho

22/02/2011

VALENCIA (EP). El PSPV solicita en su escrito de conclusiones provisionales hasta un total de tres años de prisión y ocho de inhabilitación para el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por la 'causa de los trajes', que se ha investigado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El escrito presentado por los socialistas ante el magistrado instructor de la causa "contempla tres escenarios alternativos" para los cuatro imputados, -además de Camps, el ex secreatrio general del PPCV y diputado, Ricardo Costa; el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme, rafael Betoret-, según ha explicado el portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Luna ha detallado que el primero de estos escenarios es la comisión de un delito continuado de cohecho basándose en el artículo 426 del Código Penal, que se refiere al "cohecho pasivo impropio, el delito que hace referencia a regalos aceptados o realizados en su condición de autoridad", ha matizado. En este caso, pide para Camps y el resto de imputados una pena de cinco meses y medio de multa a razón de 300 euros al día, que ascenderían a 49.500 euros. 

Ángel Luna ha añadido que, alternativamente, y dentro del segundo escenario contemplado, los socialistas acusan a los cuatro imputados de la comisión de un delito de cohecho, según el artículo 420 del Código Penal, por lo que solicitan una pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años y una multa que oscila entre los 46.000 euros solicitada a Camps o los 16.000 euros para Betoret.

Este artículo hace referencia al funcionario o autoridad que recibe regalos "por la realización de un acto injusto que no es delito". El responsable socialista ha comentado que el PSPV entiende que, a lo largo de todo este procedimiento, tanto del llevado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como en el TSJCV, "se ha puesto de manifiesto cómo coincidiendo con el regalo de los trajes se han producido adjudicaciones que, como poco, se pueden calificar de irregulares a un conjunto de empresas de la trama Gürtel".

Todas estas adjudicaciones "fueron objeto de un estudio de la oficina de auxilio judicial del magistrado instructor de Madrid y que se pusieron de manifiesto mediante un informe en abril de 2010" y ha añadido que, tras estudiarlas "pormenorizadamente", se llegaba a la conclusión de que en la mayor parte de ellas "se habían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia". Luna ha puesto como "ejemplo", la "primera adjudicación del stand de Fitur".

Por otro lado, por lo que se refiere al tercer escenario contemplado, el síndic del PSPV ha explicado que "alternativamente, si se entendiera que los regalos se han ofrecido como consecuencia de la realización de unos hechos que no son injustos, que son los propios de su cargo pero que hay una vinculación entre regalos y contratos", los socialistas apelan al artículo 425.1 del Código Penal. En este caso, se solicita una multa que oscila entre 46.000 euros para Camps y 16.000 euros para Betoret, además de la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de dos años.

Ángel Luna ha declarado que "todo esto está pendiente de que por parte del TSJM se resuelva sobre una inhibición que acordó Pedreira en relación con este asunto" y "pendiente de que el TSJCV resuelva sobre la inhibición del grueso de la causa, de aquella que contempla la malversación, el delito electoral, la financiación irregular".

"NO SON CUATRO TRAJES"

En declaraciones posteriores a los medios, el síndic socialista ha incidido en que este caso "no son cuatro trajes regalados" sino que "detrás hay un montón de adjudicaciones de contratos de forma irregular, algo que "se ha puesto de manifiesto al final por la actuación de los jueces, los fiscales y la Policía". Por ello, ha sostenido que el PSPV tiene que ser "coherente con la labor de la justicia española" y de ahí la petición de cárcel para Camps porque se trata de "delitos muy graves, de funcionarios públicos que están atentando contra el dinero de todos los ciudadanos".

Preguntado por la exposición de tres escenarios, ha explicado que es algo que "no resta fuerza" a la petición porque tienen que ofrecer al juez "varias posibilidades" aunque entienden que se ha producido "un cohecho propio" porque la empresa Orange Market llegó a la Comunitat en 2003 --cuando "no les conocía nadie-- y, a partir de que Camps accedió a la presidencia de la Generalitat, "empiezan a recibir contratos de todo tipo, de todas consellerias, troceados para evitar que salieran a concurso público".

De ahí que sostiene que ha habido una "connivencia de sectores de la administración con estas empresas y el que ha podido propiciarla no puede haber sido otro que Camps, que es el principal receptor de los regalos". "Todo el mundo sabe que ha habido adjudicaciones irregulares y negocios extraños entre empresas de la trama y la Generalitat. Todo está en otro procedimiento. Nosotros decimos aquí que podemos cerrar los ojos al otro procedimiento o abrirlos y ver qué es lo que ha pasado porque tieneN mucho que ver unas cosas con otras", ha explicado.

EXHIBICIÓN DEL INFORME

Por otro lado, preguntado por el informe que exhibió en las Corts y por si conocía que estaba bajo secreto de sumario, Luna ha respondido que "no es cierto" que lo supiera y que el PP puede pedir "las pruebas que quiera al respecto", en relación a las nuevas diligencias que la formación 'popular' ha anunciado que pedirá en la causa que se investiga en el TSJCV por este hecho.

"Al final la justicia resolverá, yo podré discrepar de lo que hagan los jueces, nunca descalificaré a la justicia ni a la Policía, como suele hacer el PP. Respeto la actuación de los jueces y asumiré lo que tengan que hacer al respecto", ha dicho. 

Luna ha agregado que el PP "no tiene mucho donde agarrarse" y ha destacado que los 'populares' son el origen de este procedimiento abierto contra él. "En vez de dar explicaciones y decir dónde ha ido a parar el dinero de la visita del Papa, se dedican a perseguirme a mí porque pregunto por estas cosas", ha asegurado, además de resaltar que seguirá haciéndolo durante "mucho tiempo".

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