XIMO AGUAR. 18/02/2011 Los tres presidentes defienden la existencia de las tres corporaciones provinciales, en donde administran un presupuesto conjunto de 761 millones de euros (ejercicio 2011) y unos gastos de personal de 153 millones. Solo la Diputación de Valencia cuenta con más de 1.000 funcionarios

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VALENCIA. Las palabras de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reclamando que las diputaciones provinciales pasaran a ser “puramente de servicios” y dejaran de ejercer como “corporaciones políticas” para evitar “encarecer innecesariamente” a la Administración Pública española han provocado el rechazo frontal de las direcciones provinciales del PP de Valencia, Castellón y Alicante.

Desde la cúpula provincial de Valencia, su presidente, Alfonso Rus, aseguró públicamente que el debate que plantea Barberá "no tiene sentido". Rus, que recalcó que “quiere” y "respeta" la opinión de la alcaldesa porque "sabe de lo que habla", dejó claro que no comparte su visión. En su opinión, se trata de un debate "sin sentido" en estos momentos, cuando existen cinco millones de parados en España.

Rus, en la línea de la alcaldesa, se mostró a favor de cualquier medida que suponga "disminuir gastos y mejorar la gestión", pero añadió que si se eliminan las diputaciones, tendrían que desaparecer únicamente los políticos porque alguien tendría que seguir gestionando los servicios que ofrecen ahora las corporaciones provinciales. “Si la institución no funcionara bien, traspasar todas sus competencias a las consellerias supondría crear más cargos políticos que los que existen actualmente en la Diputación”, recalcó Rus.

Desde Castellón, la dirección provincial del PP también defiende con firmeza el mantenimiento “íntegro” de “todas las competencias” de las diputaciones provinciales. Desde la cúpula que preside Carlos Fabra, a quien “no han gustado nada las palabras de Rita Barberá”, aseguran que no tolerarán “recortes de ningún tipo”. Javier Moliner, adjunto a la presidencia provincial y próximo sucesor de Fabra, ya ha comentado su postura al respecto a Alberto Fabra, alcalde de Castellón, para que se “aborte” cualquier tipo de posición tendente a recortar competencias a la diputación provincial.

La postura de la directiva del PP en la provincia de Alicante es idéntica a la de Valencia y Castellón. La Ejecutiva Provincial que preside Joaquín Ripoll rechazará “de plano” cualquier intento de “recortes de competencias y función política” que se llegara a plantear “dentro de los órganos internos del partido”. Al respecto, recalcan que “multitud de ayuntamientos se nutren casi en exclusiva de las ayudas de las diputaciones provinciales”. “No se puede reclamar más dinero, como hace el Ayuntamiento de Valencia con la ley de grandes ciudades, a costa de querer arrebatárselo a los municipios medianos y pequeños”, recalcan fuentes de la dirección provincial.

 En esta línea, la posición tanto de la dirección regional del PPCV como del Grupo Parlamentario Popular es “plenamente coincidente” con las direcciones provinciales de Valencia, Alicante y Castellón. De hecho, recuerdan que recientemente rechazaron en Les Corts una propuesta de Compromís para “eliminar las corporaciones provinciales”.

Al respecto, los dirigentes consultados consideraron que las palabras de Rita Barberá “aunque no sean compartidas, se deben de enmarcar en un contexto comprensible de querer promover el ahorro en las administraciones públicas”.

El presupuesto de las tres diputaciones asciende a 761 millones de euros

En diciembre del pasado año se aprobaron los presupuestos de las corporaciones provinciales de Valencia, Castellón y Alicante para 2011. Las partidas para las tres diputaciones han descendido respecto al anterior ejercicio por la disminución de la aportación estatal o, como en el caso de Alicante, por la menor aportación de la Generalitat. Los fondos del Gobierno son los que nutren, en más del 80%, los presupuestos de las corporaciones provinciales que, en el caso de la Comunitat Valenciana, suman 761 millones de euros.

Así, la corporación provincial valenciana aprobó sus cuentas el 15 de diciembre con los únicos votos a favor del PP, con un montante total de 370 millones de euros, 14,1% menos que en el ejercicio anterior. A esta cantidad hay que sumar 55 millones que se destinarán a inversión y que proceden de un crédito solicitado por esta institución el pasado verano ante la imposibilidad de endeudarse atendiendo al decreto emitido por el Gobierno central en este sentido. De este modo, las cuentas para 2011 alcanzan los 425,3 millones de euros, con lo que el descenso respecto a las de este año es del 1,40%.

La polémica se centró en la exclusión de 20 millones de euros como medida “prudente”. El presidente de la Diputación, Alfonso Rus, justificó esta decisión por si la “torpeza presupuestaria del Gobierno” les obligaba a devolver parte de los ingresos percibidos del Estado como ha ocurrido al cierre de los ejercicios anteriores.

Por su parte, el portavoz del PSPV en la Diputación, Rafael Rubio, acusó a Rus de “estar estafando” y exigió que se integrara esa cantidad en el presupuesto. Al obtener una negativa, presentó una reclamación a las cuentas provinciales por esta causa. Además, Rubio propuso una iniciativa –que también fue rechazada- para dedicar 50 millones de euros del presupuesto a la creación de entre 4.000 y 8.000 puestos de trabajo.

En lo que se refiere a la Diputación de Castellón, sufre el recorte más importante con un descenso del 15% hasta los 127,6 millones de euros. El Partido Popular señaló que la causa del tijeretazo en 23 millones se debe a la bajada de las transferencias del Estado.

Por su parte, la Diputación de Alicante sacó adelante sin votos en contra su presupuesto para 2011 que asciende a 208,4 millones de euros, un 0,9% menos que en el pasado ejercicio.

Los gastos en personal, el 26% en Alicante y el 22% en Castellón

En lo que se refiere a los gastos de personal, la maquinaria de las corporaciones provinciales muerde un trozo del pastel presupuestario considerable, al suponer en torno al 25% de los gastos en Alicante y Castellón.

Así, en la Diputación de Castellón el coste en este apartado es de 28,1 millones de euros, el  22% del presupuesto total y en la Diputación de Alicante el gasto en personal es de 54,6 millones, un 26,2%.

Por lo que respecta a la Diputación de Valencia, los gastos de personal sumarán 70,4 millones de euros, lo que supone un 19% del presupuesto total y la sitúa como la corporación que destina menor porcentaje de los fondos a este apartado. No obstante, sólo en la corporación provincial trabajan en torno a 1.400 personas, sin contar las empresas vinculadas a la institución como Imelsa, donde están empleados en torno a 650 trabajadores, la mayoría brigadistas forestales.