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MADRID (VP/EP). La asamblea de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), el máximo órgano de gobierno de la patronal, se reúne hoy bajo la presidencia de Isidro Fainé para abordar los avances en la negociación con el Gobierno del decreto ley de recapitalización de entidades financieras que se aprobará este viernes día 18, informaron a Europa Press fuentes del sector.

Los presidentes y máximos responsables de las cajas y de los grupos surgidos tras fusiones tradicionales y fusiones frías analizarán los detalles de las negociaciones que han mantenido técnicos de la CECA y de Economía sobre la futura norma.

La patronal de las cajas lleva días colaborando estrechamente con Economía tanto en la elaboración como en la redacción final del decreto ley para aclarar temas sobre el capital principal y la composición de la financiación mayorista y sus plazos.

El presidente de la CECA y de la Caixa, Isidro Fainé, se encarga de abordar los avances con la ministra de Economía, Elena Salgado, aunque también ha tratado la situación de las cajas de ahorros con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Salgado anunció ayer que el decreto incluirá una definición detallada de lo que se entiende por capital principal y que, una vez publicado el mismo, el Banco de España especificará lo que se entiende por financiación mayorista.

Economía considera elementos del capital principal los contenidos en Basilea III: capital, reservas, primas de emisión, intereses minoritarios, instrumentos suscritos por el FROB y, transitoriamente, instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones, minorados por pérdidas, activos inmateriales y ajustes por valoración.

La futura norma establecerá un requisito de capital del 8% para las entidades, que se eleva al 10% para aquellas que no coticen, no cuenten con inversores privados en al menos el 20% del capital, y dispongan de una dependencia de la financiación mayorista de más del 20%.

Si las entidades no alcanzan por sus propias vías recursos para fortalecer su capital y cumplir con las exigencias antes del próximo mes de septiembre, recibirán recursos del FROB, lo que significará su nacionalización parcial y, podría suponer sanciones para los directivos de las entidades intervenidas.

PLAZO INSUFICIENTE

Algunas entidades consideran que el plazo dado hasta septiembre no es suficiente para que las cajas den su salto al parqué y son partidarias de que éste se dilate, máxime cuando las circunstancias del mercado pueden no acompañar a este tipo de operaciones.

En este sentido, las cajas defienden que sus proyectos de salida a bolsa, de dar entrada a inversores privados en su capital o de reducir su dependencia a la financiación mayorista sirvan para entrar en el grupo de entidades que deben contar con un capital del 8% hasta que expire el plazo que finalmente fije el Gobierno.

Los presidentes de diversas cajas de ahorros se han manifestado claramente en contra de lo que consideran una discriminación frente a los bancos, en los que es mayoritaria la consideración de que la diferenciación es justa por el mayor riesgo que entrañan las cajas, sobre todo por su exposición al ladrillo.

Salgado ha enviado sendas cartas al presidente de la CECA y a su homólogo en la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, informándoles sobre el plan de reforzamiento del sector financiero, tras detectar un hueco de capital de 20.000 millones de euros.

El Gobierno declara que su objetivo prioritario es recuperar la confianza de los mercados en la solidez de la economía española y en la credibilidad de sus entidades financieras, así como facilitar la financiación de éstas y garantizar que se canaliza el crédito en pro del crecimiento y el empleo.

COMPROMISOS DE CRÉDITO

De hecho, las entidades que finalmente reciban recursos públicos con el fin de fortalecer su capital deberán asumir compromisos en cuanto a la concesión de créditos a familias y empresas, según un escrito del Ministerio de Economía sobre el plan para reforzar la solvencia del sistema financiero.

El texto, que ha sido remitido a las entidades financieras y a los grupos parlamentarios para su negociación, no tiene carácter de borrador de decreto ley y no se puede considerar documento formal, pero es empleado como base de negociación.

Según recoge, las entidades financieras que no cumplan los requisitos de capital ahorros en un plazo de quince días tras la publicación del decreto deberán comunicar un plan de cumplimiento al Banco de España.

Dicho plan podrá contemplar la captación de recursos necesarios de terceros privados, y en caso de involucrar la solicitud de apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), deberá ir aparejado de un plan de reestructuración en el plazo de un mes.

El Banco de España analizará en septiembre el estado de ejecución de las medidas que integran el plan de cumplimiento y determinará si las entidades pueden cumplir con los requisitos de capital. No alcanzarlos se considerará infracción muy grave.

El texto también incluye un mayor peso del Ministerio de Economía y Hacienda en el FROB, ya que la comisión rectora del mismo incluirá a representantes del Gobierno. Asimismo, el FROB no se verá obligado a lanzar una OPA sobre una entidad y deberá deshacerse de la propiedad en un plazo máximo de cinco años.