-El líder del PPCV se proclama por sorpresa y pone la pelota en el tejado de Génova

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VALENCIA (VP). El juego de la balanza, de los 'pros y contras'. ¿Quién no lo ha practicado alguna vez en la toma de decisiones? El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, tiene ante sí uno de esos debates que todos quieren reabrir aunque él haga oídos sordos: la candidatura de Francisco Camps a la Generalitat.

La Fiscalía se pronunció la semana pasada sobre la pena que solicitaban para el jefe del Consell por el llamado ‘caso de los trajes’. Cinco meses y 15 días de multa por cohecho a razón de 250 euros diarios suman 41.250. No obstante, si el mismo delito se juzgara bajo el recientemente pactado Código Penal, el castigo sería mucho mayor: prisión de seis meses a un año e inhabilitación de uno a tres años.

El caso se encuentra todavía en la fase de calificación provisional. Según los plazos judiciales pertinentes, las diligencias pendientes de las diferentes partes todavía se prolongarán en, al menos, un mes. Posteriormente, a finales de marzo o principios de abril, se procederá a la audiencia preliminar, donde se practicarán las últimas diligencias ante el juez instructor José Flors con ambas partes presentes (imputados incluidos).

Esta fase se considera como la última oportunidad para introducir en el procedimiento elementos nuevos que todavía no se hayan esgrimido. Tras esto, el juez decidirá si abre juicio oral. Esta determinación será irreversible y no cabrá recurso posible por parte de la defensa.

A partir de este momento, la causa pasaría al Tribunal del Jurado, presidido por el magistrado Juan Climent, quien iniciaría el procedimiento de constitución del jurado. No obstante, fuentes del TSJ explicaron a Valenciaplaza.com que los pasos necesarios para conformarlo (excusamientos, periodo de recusaciones, etc) dilatarán el comienzo del juicio varios meses. Así, como pronto, el presidente de la Generalitat se sentaría en el banquillo de los acusados en septiembre.

Pese a que los indicios apuntan a que habrá juicio, esto no resulta determinante para precipitar una dimisión en el PP. En el áspero tapiz político, las cartas que influyen son las que ganan bazas en las urnas. Como las encuestas. Este sí es un argumento que pesa en la balanza de los 'pros y contras' a la hora de tomar decisiones y, en este sentido, los sondeos son claros: “A día de hoy, el PPCV ganaría presentando a cualquier candidato”, comenta un diputado popular.

Estos datos otorgan a Génova la ventaja de saber que si tuvieran que cambiar de aspirante a la Generalitat, la victoria estaría prácticamente asegurada. Sin embargo, fuentes populares aseguran que el análisis de la situación arroja que el cambio de candidato no compensa por estas mismas causas: el triunfo electoral no corre peligro y un cambio de candidato a menos de tres meses de elecciones causaría un impacto mediático incontrolado y negativo.

Además, después de defender con insistencia la honorabilidad del presidente Camps, Rajoy tendría difícil justificar un cambio a última hora a causa del ‘caso de los trajes’. Esto, sumado al apoyo que el líder del PPCV le brindó al máximo responsable del PP en sus momentos complicados refuerzan las posibilidades de continuidad del jefe del Consell.

Las fuentes del PP consultadas aseguran que Rajoy no se pone una venda en los ojos sobre este asunto, pero obra con “prudencia e inteligencia”.  Esta es una de las razones por las que la proclamación de Camps todavía no haya sido ratificada y sea anunciada “en voz baja” junto a la de otros líderes autonómicos en un acto conjunto en Palma de Mallorca en marzo. Posiblemente debido a estos titubeos de la dirección nacional del PP, Camps decidió ayer elevar su candidatura al comité electoral nacional y, de esta manera, obligar a Mariano Rajoy a refrendarla cuanto antes.

Relevo en otoño tras el juicio si hay condena

Tras las elecciones autonómicas y locales, a Mariano Rajoy le tocará prepararse para su asalto a la Moncloa. Si el juicio oral a Camps determina una sentencia de culpabilidad para el líder valenciano, el máximo responsable del PP sí tomará medidas. “El congreso regional del PPCV de otoño puede ser el momento idóneo para escenificar el relevo de Camps si la sentencia judicial no le es favorable. Rajoy está muy cerca de la Moncloa y no podrá permitirse un presidente condenado con el que los medios puedan hostigarle continuamente”, subrayan fuentes del PP en Madrid.

En su momento, el relevo propuesto sobre el tapete era la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien no se mostró partidaria de coger el testigo. También han surgido otros nombres como el del alcalde de Castellón, Alberto Fabra. Más complicada se antoja una irrupción de Esteban González Pons, quien está bien situado en Madrid y, además, debería regresar a la lista autonómica, lo cual resulta más complicado. Algunas fuentes apuntan a que Juan Costa se ofrecería a Rajoy, aunque esta posibilidad es rechazada de plano por fuentes del PP valenciano.

Con estos mimbres,  las fuentes consultadas coinciden en que Rajoy cederá y Francisco Camps será el candidato del PPCV a la Generalitat en las próximas elecciones. No obstante, si la sentencia judicial tras los comicios le condena, Mariano Rajoy tomaría las riendas de la situación para relevar al líder del PPCV y presidente de la Generalitat.

Gürtel en Les Corts mientras el PPCV cierra filas

Tras tres meses de su última comparecencia, el presidente Camps volverá el jueves al pleno de Les Corts, donde responderá a preguntas sobre la acusación por el caso Gürtel, el coste de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la política de inversiones del Consell.

Por otro lado, los populares valencianos se han cuestionado la imparcialidad de los jueces en el ‘caso de los trajes’. El vicepresidente del Consell y conceller de Industria, Vicente Rambla, quien se unió a la defensa de su líder por la causa abierta. "No es justo lo que está ocurriendo con Camps", subrayó, para añadir después su convencimiento en que al final, "la justicia justa se acabará imponiendo". En los mismos términos se manifestaron el portavoz del grupo parlamentario popular, Rafael Blasco, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quienes pusieron en duda la imparcialidad de los tribunales.