10/02/2011 La tramitación del nuevo Real Decreto-Ley que ultima el Gobierno, por el que se adoptan medidas extraordinarias para el reforzamiento del sistema financiero español, se va a realizar por el procedimiento urgente antes del próximo 31 de marzo

-El BFA podrá mantener su 38% en Banco de Valencia sin tener que lanzar una OPA

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VALENCIA (VP). La enmienda que planteó a finales del mes pasado el Partido Popular a la Ley Sostenible que ha sido debatida en la Comisión Nacional del Senado va a hacer posible que el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) pueda mantener -a través de Bancaja- su 38% en el Banco de Valencia sin la necesidad de lanzar una OPA. Así lo han confirmado fuentes próximas al BFA a este digital.

Además, la tramitación del nuevo Real Decreto-Ley, por el que se adoptan medidas extraordinarias para el reforzamiento del sistema financiero español, se va a realizar por el procedimiento urgente. Y, por tanto, antes del 31 de marzo fecha en la que expiraba el plazo para que el BFA bien lanzara una OPA sobre el porcentaje que no controlaba del Banco de Valencia (BVA), o bien para que deshiciera el 8% sobrante.

De hecho, el mercado también lo está recogiendo esta mañana, dado que la cotización del banco de Pintor Sorolla está sufriendo una corrección, que en algunos compases ha llegado a ser del 5,05% al tocar los 3,57 euros. De momento, y con datos de media sesión, el BVA lidera los recortes de todo el sector bancario, con un descenso del 4,25%.

El banco de Pintor Sorolla es la única compañía cotizada en la que como consecuencia de la reordenación del sector a través de los SIP, el banco cabecera -en este caso BFA- alcanza una participación sobrevenida superior al 30%. Por tanto, el 8% restante que debe desprenderse el BFA bien podría realizarse a través de una colocación privada o incluso acudir al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Fuentes oficiales consultadas de la CNMV han declinado hacer cualquier manifestación al respecto, mientras que desde Bancaja y Banco de Valencia han optado por esperar a que desde el Ministerio de Economía y Hacienda se fije la fecha definitiva para tramitar el nuevo Real Decreto-Ley.