07/02/2011 Las cajas consideran exageradas las nuevas exigencias de capitalización establecidas por el Gobierno y reclaman el mismo trato que el concedido los bancos

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MADRID (VP/EP). La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, está dispuesta a rebajar en medio punto la exigencia máxima de capital básico de las cajas de ahorros a una horquilla situada entre el 9% y el 9,5%, frente a la banda de entre el 9% y el 10% anunciada hasta ahora, según informaron a Europa Press en fuentes políticas.

Las cajas de ahorros consideran exageradas las nuevas exigencias de capitalización establecidas por el Gobierno y reclaman el mismo trato que el concedido los bancos, que deberán contar con un nivel mínimo de capital de disponibilidad inmediata del 8%, y así se lo han trasladado de manera informal al Ejecutivo.

El Gobierno tiene previsto presentar en la primera quincena de este mes un decreto ley en el que detallará su plan de recapitalización del sector financiero, a pesar de que persisten discrepancias al respecto entre el Banco de España y Moncloa, por una parte, y el Ministerio de Economía, por otra.

El organismo regulador de los mercados y Presidencia del Gobierno no son partidarios de rebajar las exigencias de capitalización a las cajas de ahorros, mientras que el departamento que encabeza Salgado es más proclive a recoger algunas de las reivindicaciones de las cajas de ahorros.

La postura del Banco de España es cercana a la de los presidentes de Santander y BBVA, Emilio Botín y Francisco González, partidarios de mayores requisitos de capital a las cajas frente a los bancos por considerar que entrañan más riesgo que éstos, sobre todo por su exposición inmobiliaria.

Además, comparten la hipótesis de que las cajas de ahorros empañan la imagen del sistema financiero español en el exterior, lo que afecta negativamente a la cotización de los bancos en los mercados, así como a sus posibilidades de obtener financiación mayorista.

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y de la Caixa, Isidro Fainé, y el presidente de Caja Madrid y de Banco Financiero y de Ahorros, Rodrigo Rato, estiman que una regulación que fija un trato discriminatorio entre bancos y cajas en detrimento de éstas distorsiona la competencia y no se justifica por razones objetivas.

Las cajas sostienen que no padecen ningún problema de solvencia, sino que, al contrario, gozan con un capital básico del 7% en la mayoría de los casos, que supera a las exigencias internacionales de Basilea III que aún no han entrado en vigor.

Los dos nuevos grupos de cajas catalanas, Unnim y CatalunyaCaixa, y la fusión de las entidades gallegas en NovacaixaGalicia son los únicos que por el momento no alcanzan este umbral, junto a un solo banco, Bankinter.

Por otro lado, las cajas de ahorros confían en que los recursos obtenidos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por importe global de 11.600 millones de euros y a un interés del 7,75% anual puedan computar como capital.

En lo que sí coinciden bancos y cajas es en que las mayores exigencias de capital establecidas por el Gobierno pueden incidir negativamente en la concesión de crédito, así como en el nivel de provisiones para hacer frente a eventuales impagos.

El Gobierno anunció el pasado 24 de enero nuevas medidas para reestructurar el sistema financiero español centradas en aumentar la capitalización de las entidades financieras, que cuentan con el respaldo del FROB en caso de que la inversión privada sea insuficiente.

Tras identificar una necesidad de nuevo capital por importe máximo de 20.000 millones de euros, el Gobierno ha dado de plazo a las entidades hasta el próximo mes de septiembre para reforzar su solvencia por sus propios medios.

Concretamente, los bancos deben elevar su capital básico disponible de forma inmediata (core capital) a un mínimo del 8%, mientras que las cajas de ahorros deberán superar una horquilla de entre el 9% y el 10%.

Si las entidades financieras no logran reforzar su capital de máxima calidad por su cuenta, el FROB lo hará de forma temporal con recursos públicos a cambio de una participación en su capital y las obligará a que se conviertan en bancos.