05/02/2011 Las casas de apuestas en internet tuvieron unos beneficios de 315 millones de euros a lo largo del pasado año e invirtieron en publicidad más de 100 millones

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MADRID (VP/EP). El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley del Juego, que regula el sector, establece medidas de protección para los colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía, y crea nuevos impuestos que gravarán la actividad de las empresas de apuestas 'on line', que hasta ahora no tributaban, y nuevas licencias para los operadores.

Cuando se apruebe la Ley, estas casa de apuestas tendrán que tener una licencia para operar en España, como la de los casinos y bingos, y comenzarán a pagar impuestos, que irán a parar en su mayor parte a las comunidades autónomas, que tienen atribuidas las competencias, según adelantó el director general de LAE, Gonzalo Fernández, en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

En concreto, fuentes del sector señalan que cada comunidad autónoma recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuesten desde su territorio, cualesquiera que sea la página web en que se metan, siempre que tenga licencia para operar en España. Mientras, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en páginas web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.

Para evitar que las páginas de apuestas traten de burlar el pago de estos nuevos impuestos operando desde servidores instalados en otros países, el proyecto de Ley del Gobierno contempla actuaciones para cortarles los ingresos a través de los intermediarios, como los medios en que se anuncian, las entidades financieras a través de las que los jugadores pagan sus apuestas o incluso tratando con los propios operadores de telecomunicaciones.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que la nueva Ley viene a regular "una realidad muy distinta a la que conocía la legislación anterior" y ha subrayado que el proyecto ha sido pactado con las comunidades autónomas, que tienen transferidas la mayoría de las competencias en materia de juego y recibirán la recaudación de los nuevos impuestos sobre las apuestas 'on line'.

Asimismo, Rubalcaba ha señalado que el Ejecutivo ha aprovechado esta ocasión para dar rango de ley a la normativa básica que rige la ONCE para que tenga "una normativa lo más estable posible", por lo que, a su juicio, la organización "queda reforzada" con esta norma, que el Gobierno ha pedido que se tramite por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.

Hasta ahora, las únicas actividades reguladas eran las del juego presencial, como casinos o bingos, que se rigen por leyes autonómicas y pagan impuestos en cada autonomía. Además, la actividad de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE también están controladas por sendas normas que les otorgan ciertos privilegios, como la capacidad de explotar en exclusivo algunos juegos, como la lotería.

Sin embargo, hasta el momento no existía una ley de carácter estatal que regulara el sector en su totalidad y tampoco había ninguna norma que contemplara la existencia de las empresas de apuestas por Internet, a pesar de que este tipo de casas de apuestas llevan tiempo operando en España y tienen una importante influencia en otros sectores.

Así, cada año estas compañías invierten en publicidad y patrocinios más de 100 millones de euros, según diversas asociaciones de empresas, y el año pasado obtuvieron unos beneficios con su actividad en España de alrededor de 315 millones de euros. Para el Ejecutivo, algunas de estas actividades de juego electrónico aparecidas en los últimos años "se han venido desarrollando en circunstancias que no cumplen los deseables principios de seguridad, transparencia, fiabilidad e integridad que deben regir las actividades que tienen por objeto las explotación de los servicios de juego".

La Ley del Juego también supondrá dar más competencias a la Comisión Nacional del Juego, que se convertirá en un órgano encargado de supervisar el sector y aplicar las sanciones que contempla la ley, y al Consejo de Políticas de Juego, órgano colegiado en el que estarán presentes las CC.AA. y el Gobierno, que asegurará la participación de las autonomías en materias como la normativa de los juegos, licencias y sistemas técnicos de control de operadores.

La norma define las distintas modalidades de juego, establece los requisitos que deberá cumplir cada una de ellas y fija las prohibiciones, tanto subjetivas como objetivas, que pesarán sobre las actividades objeto de regulación.

Asimismo, fija un régimen de autorización previa para los operadores que quieran explotar alguna actividad relacionada con el juego. La obtención del llamado "título habilitante" se vinculará al obligado respeto por parte de los operadores de una serie de condiciones, orientadas, por una parte, a garantizar la protección de los usuarios, y, por otra, a vetar la participación en este tipo de actividades a los menores de edad y a las personas que voluntariamente lo hubieran solicitado.

El único caso en el que no se aplicará este esquema es el de la lotería. Así, el texto aprobado en el Consejo de Ministros establece la reserva en exclusiva de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de LAE y la ONCE, que quedan exentas del nuevo Impuesto sobre Actividades de Juego.

PORCENTAJE DESTINADO AL DEPORTE

En la norma también se garantiza para el deporte la recaudación obtenida por las apuestas deportivas mutuas, es decir por Quinielas, en los mismos términos y porcentajes que venían aplicándose ahora por Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, que fija en un 10 por ciento el retorno de ingresos del juego para la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Asimismo, como novedad, se garantiza el derecho a recibir un porcentaje de la recaudación de las apuestas deportivas 'on line' para su retorno al deporte, además de la cantidad que ya se viene recibiendo de quinielas. Para ello, será la Ley del Deporte Profesional la que fijará dicho porcentaje.

El proyecto también obliga a los operadores a realizar una gestión responsable del juego, lo que les compromete a reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos de riesgo, colaborar activamente con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales o proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, entre otras obligaciones.

En general, el proyecto prohíbe cualquier tipo de juego que atente contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente.

El proyecto también recoge un régimen sancionador con sanciones de diversas cuantías para las empresas que no cumplan con los requisitos necesarios para obtener una licencia. Entre las infracciones contempladas en el proyecto se encuentra alterar o manipular sistemas técnicos relativos a la obtención de premios, organizar apuestas sin licencia, 'amañar' los resultados, permitir el juego a personas que lo tienen prohibido o la concesión de préstamos a los jugadores.