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VALENCIA. Como en el lejano oeste, cuando se ofrecía una recompensa por los ‘malos’  con su correspondiente cartelito de ¡WANTED! (¡Se busca!), los socialistas valencianos preparan un proyecto de ley para implicar a los funcionarios y ciudadanos en la detección de fraudes. Su misión: denunciar a los infractores. El premio: una buena bolsa de monedas.

El grupo socialista, y más en concreto el diputado y abogado Manuel Mata, lleva madurando este proyecto de ley desde hace varios meses y explica que en Estados Unidos funciona con éxito desde que se revitalizara y relanzara en 1986. La Ley de Falsa Descripción de Productos, más conocida como Ley Lincoln, consiste en recompensar a ciudadanos que presentan evidencias de fraude en contratos públicos. El delator es premiado con hasta el 25% de los fondos recuperados.

El proyecto de ley socialista calibra una gratificación menos exagerada, en torno al 10%, aunque todavía se encuentran estudiando las posibilidades. "Si la Administración obtiene un beneficio gracias a la denuncia o los indicios facilitados por un funcionario o ciudadano, es justo que éste perciba una gratificación ya que va en beneficio de todos”, argumenta Mata.

En cuanto a la identidad del denunciante, el grupo socialista estudia la manera de proteger al funcionario o ciudadano a la vez que no puedan producirse casos de falsas denuncias o la aparición de ‘cazarrecompensas’. “Es un proyecto ilusionante, aunque todavía está formándose. Habrá que ver si el Partido Popular tiene interés en permitir que se incentive a los funcionarios que contribuyan a la transparencia de la Administración Pública”, explica el diputado socialista.

"Creemos que en la Comunidad Valenciana es una necesidad. El fraude tiene un volumen importantísimo, los sobrecostes en las grandes obras públicas han sido espectaculares. Hay veces que por lo mismo aquí se paga el triple que en otras comunidades”, sentencia Mata.

Se da la situación de que en España no existe una ley similar a la que el PSPV pretende implantar. Lo más parecido lo encontramos en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), donde está aprobada la Ley de Defensa de la Competencia, que consiste en que la primera empresa que denuncia un cartel en el que participa no paga la multa.

El origen de la Ley Lincoln

La Ley de Falsa Descripción de Productos, más conocida como Ley Lincoln, surgió durante la Guerra de Secesión estadounidense (1861-65) cuando fallecieron varios soldados de la Unión al utilizar armas defectuosas fabricadas por contratistas defraudadores. Lincoln montó en cólera y decidió perseguir  a los que facilitaban concesiones que se convertían en estafas.

Según los expertos, la Ley de Falsa Descripción de Productos ha suscitado un gran avance en la lucha contra la corrupción al admitir la iniciativa de ciudadanos privados y del Gobierno. En 1985, el monto agregado de las indemnizaciones recibidas por la Tesorería de los EE.UU. provenientes de contribuyentes y obtenidas en litigios civiles promovidos por el Departamento de Justicia de los EE.UU. contra el fraude en los contratos gubernamentales fue de 26 millones de dólares. En la década siguiente el monto agregado de los juicios basados en esa ley superó, en cifras acumulativas, los 3.000 millones de dólares. Los últimos datos reflejan que sólo en 2009, se restituyeron unos 5.600 millones de dólares (4.250 millones de euros).

Un hecho quizá más significativo es que en un estudio económico encargado por Taxpayers Against Fraud, organización no gubernamental sin fines de lucro de los EE.UU., se llegó a la conclusión de que la versión modernizada de la ley obró como disuasivo que permitió evitar fraudes por 295.800 millones de dólares.

'Chivatos' millonarios

La reforma financiera acometida por Estados Unidos en el último año ha incluido también otro tipo de incentivos en el ámbito privado: recompensar las denuncias por irregularidades fiscales de gran tamaño en empresas.

Las personas que brinden información de una evasión fiscal, una estafa o cualquier otra irregularidad podrán llevarse de parte de la comisión de valores americana (SEC) entre un 10% y un 30% de la multa que le impongan a la empresa siempre que ésta supere el millón de dólares. Un oficio rentable el de ‘soplón’ en EE.UU, donde han empezado a producirse ya casos millonarios. Sin ir más lejos, el año pasado se premió con un millón de euros al ‘chivato’ que permitió destapar un caso de información privilegiada en la firma Pequot Capital.

Si la iniciativa socialista progresa, la Comunitat Valenciana pasaría a ser la primera autonomía con recompensas para los ‘delatores’. La palabra perdería, en esta ocasión, sus connotaciones negativas, ya que permitiría reducir las prácticas de contratación fraudulenta, uno de los aspectos en los que más incide la oposición del Gobierno Valenciano.