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BRUSELAS (EP). El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha dicho este miércoles que las cajas de ahorros españolas necesitarán para reforzar su capital más de 20.000 millones de euros, que es la estimación que ha hecho el Gobierno.

"La cifra de 20.000 se refiere al capital público a disposición del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) en el caso de que fuese necesario utilizar capital público porque no hubiese habido de aquí a final de septiembre capital privado para recapitalizar las entidades financieras", ha explicado Almunia al ser preguntado por si considera suficiente esta cantidad para reforzar el capital de las cajas.

"Pero no estamos hablando, si yo entiendo bien el programa y creo que lo entiendo bien, sólo de 20.000 millones", ha agregado, sin dar ninguna estimación alternativa.

Posteriormente, su portavoz, Amelia Torres, ha matizado que Almunia se estaba remitiendo a las estimaciones del Gobierno sobre las necesidades de financiación de las cajas y no había querido sugerir que necesitaran más fondos.

El vicepresidente de la Comisión ha resaltado que el recurso al capital privado es "la fórmula más razonable" para reforzar el capital básico de las entidades hasta el 8% fijado por el Gobierno y ha indicado la inyección de fondos públicos en las cajas debe ser "el último instrumento disponible en el caso de que no haya capital privado".

"Las medidas anunciadas por el Gobierno son medidas que incrementan la confianza en el sistema financiero español, una confianza que yo creo que debiera ser más sólida de lo que algunos observadores atribuyen", ha asegurado Almunia.

"La realidad del sistema financiero español, para cualquiera que conozca en detalle su situación, es mucho mejor de cómo algunos la pintan. Yo creo que las medidas del Gobierno español van a permitir reforzar esa confianza, aparte de permitir reforzar la base de capital de las entidades financieras que lo necesitan", ha concluido.

El Ejecutivo comunitario ya avisó este martes de que todas las cajas que reciban inyecciones de fondos públicos deberán presentar a Bruselas un plan de reestructuración, que normalmente implica reducir el tamaño y vender parte de sus actividades.