25/01/2011 El partido del primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, Pueblo de la Libertad, presentará una propuesta de ley ante el Parlamento que pretende penalizar a "los jueces y fiscales incompetentes" que "autoricen interceptaciones" y escuchas telefónicas

imprimir

Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Los ministros de Economía aplazan hasta 2017 la puesta en marcha de la 'Tasa Tobin'
• El G20 esperanzado, aunque reconoce que las expectativas de crecimiento no se están cumpliendo
• Alexis Tsipras dimite y convoca elecciones anticipadas en Grecia

ROMA. El proyecto de ley prevé sanciones disciplinarias para fiscales y jueces "incompetentes" que "autorizan escuchas" pero también "indemnizaciones" de hasta 100.000 euros a los imputados interceptados y "después absueltos". Asimismo, los jueces tendrán que indemnizar a "los sujetos extraños al delito" como los testigos, pero cuyas conversaciones son publicadas también "en la prensa".

El primer ministro anunció a través de un vídeo publicado en la página web de su partido que los jueces serían penalizados si seguían investigando el llamado 'caso Ruby', el proceso abierto por la Fiscalía de Milán por supuesta prostitución de menores, por su relación con la joven marroquí Kharima El Mahroug.

Como prueba del delito, la Fiscalía presentó ante la Junta de Autorizaciones de la Cámara de los Diputados las llamadas y mensajes interceptados a varias jóvenes que habrían participado a las fiestas que el 'premier' celebra en su villa de Arcore.

Sin embargo, el promotor de la ley, el diputado del PDL Luigi Vitali, ha asegurado que el objetivo no es "alzar las armas contra los jueces" sino que exista una mayor "responsabilidad en este sector".

Además, si el proyecto de ley es aprobado, tendrá carácter retroactivo, ya que los jueces tendrán que indemnizar también a quienes hayan sido interceptados cinco años antes de la entrada en vigor de la norma. Vitali ha asegurado que el proyecto de ley fue redactado en octubre, aunque no se presentará ante la Cámara de los Diputados hasta la próxima semana.

El proyecto de ley está firmado por 29 diputados del PDL y prevé la introducción del artículo 315-bis en el Código Procesal Penal, concerniente "a la reparación de la injusta interceptación de comunicaciones telefónicas o conversaciones".