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MADRID (VP/EP). Las tres principales asociaciones empresariales del sector fotovoltaico aseguran que el recorte "retroactivo" en la retribución de las instalaciones tendrá un efecto socieconómico negativo para más de 200.000 personas.

Este cálculo aparece recogido en un comunicado conjunto difundido por la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).

Según las últimas cifras de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el real decreto ley 14/2010 del pasado 23 de diciembre afecta a 53.155 instalaciones cuyos propietarios se encuentran muy repartidos por todo el territorio nacional, sobre todo en comunidades autónomas que han apostado por estas tecnologías, entre ellas Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y Aragón.

Las tres asociaciones consideran además que las cerca de 10.000 cartas enviadas al Congreso por los productores fotovoltaicos en contra de la norma son una muestra de la relevancia de las pérdidas económicas que podrían suponer para la economía de estos colectivos la aprobación por parte de la Cámara Baja del real decreto ley 14/2010.

"Puesto que los dos tercios de las instalaciones fotovoltaicas existentes están en manos de particulares, de familias, hay más de 200.000 personas directamente afectadas por la nueva regulación que quiere aprobar el Gobierno", aseguran.

Las tres asociaciones fotovoltaicas aseguran además que, si el Congreso no fuerza al Gobierno a un diálogo para definir con equidad el futuro del sector fotovoltaico, se produciría un daño relevante para un amplio segmento de la población.