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VALENCIA. Los excesos cometidos en los últimos años han pasado factura a las entidades bancarias españolas en términos de aumento de la morosidad y activos problemáticos, reducción de la rentabilidad, deterioro de la solvencia, etc. El origen del problema está en un ritmo de crecimiento del crédito bancario exagerado (muy por encima del crecimiento del PIB) y muy orientado hacia la actividad que gira en torno a la construcción y la promoción inmobiliaria.

Dada la magnitud de los problemas, desde mediados de 2009 ya se han adoptado medidas importantes (como la aprobación del FROB y la reforma de la Ley de Cajas) pero que no han bastado para convencer a los mercados/inversores como se refleja en la imposibilidad de los bancos españoles (y eso que son los grandes) para colocar deuda. Y, además, hay un efecto contagio sobre el spread de la deuda soberana.

En este contexto, el Gobierno anunció el pasado viernes 21 de enero que es necesario acelerar la reestructuración de las cajas para mejorar su imagen y solvencia. ¿Qué hay en el fondo de esta decisión y en las prisas en anunciar cambios incluso normativos a escasos meses de la reforma de la Ley de Cajas? En el fondo mucho me temo que sea la necesidad de inyectar capital en aquellas entidades más expuestas al ladrillo y que se van a 'desnudar' en las próximas semanas tras la obligación a la que les ha sometido el Banco de España.

Recordemos que las entidades tendrán que aportar públicamente información (¡ya era hora!) en aquellos aspectos en los que el mercado más desconfía: magnitud de la exposición al ladrillo, garantías existentes, vencimientos de deuda, etc. Y aquí hay un elemento muy preocupante: las pocas entidades que ya se han desnudado han declarado una tasa de morosidad en el ladrillo muy por encima de la media "contable" declarada por el conjunto del sector. Sin ir más lejos, la fusión Caja Duero-Caja España acaba de declarar una mora en el sector inmobiliario cercana al 21%, y hasta Banesto, ha declarado una mora del 16%. Y eso que la media que declara el Banco de España para el conjunto de entidades está en torno al 12%.

¿En qué va a consistir la segunda vuelta de la reestructuración? Habrá que ver la decisión del próximo Consejo de Ministros pero los rumores apuntan a que las cajas se convierten en bancos. Lo que está claro es que si el problema de algunas entidades (no todas) es que necesitan capital para asumir las pérdidas del deterioro de activos, necesitan disponer de un banco para captar capital dado que la vía de las cuotas participativas (incluso con derechos politicos) no despierta ningún atractivo.

Y aquí el problema más grave lo tienen aquellas cajas que han optado por fusiones intraregionales tradicionales (como algunas cajas catalanas, castellano-leonenas y gallegas), sin constituir bancos (a diferencia de las que han optado por las SIP). Se da el agravante de que algunas de esas fusiones tradicionales no pasaron los stress test del pasado mes deJulio, cuya nota de corte para el aprobado estaba en el 6% (Tier 1), por debajo del 8% que se prevé para los próximos test de stress a repetir este verano.

Y en el caso de las SIP,  tampoco están exentas de riesgo para captar capital. En algunas de esas SIP, la fusión no es plena ya que no han transferido el 100% del activo a los bancos cabecera creados. Y es precisamente este carácter de fusión fría lo que no ayuda a generar confianza en los mercados. Por eso, dentro de la rumorología existente, no se descarta que el Banco de España dé una nueva vuelta de tuerca exigiendo transferir el 100% de la actividad de las cajas a los SIP.

En cualquier caso, la reforma de la Ley de Cajas de verano de 2010 permite varios "trajes" a medida, por lo que no es necesario que todas las cajas vistan el mismo traje. No obstante, en todos los trajes conviene que haya un banco a partir del cual poder captar capital en los mercados, ya que el traje de las cuotas participativas (aunque tengan derechos politicos) está fuera de temporada. Y en cualquiera de los trajes que vistan las cajas, tendrían mejor imagen si aumentara el grado de despolitización de sus órganos de gobierno, incluidos los consejos de administración de los SIP.

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Joaquín Maudos es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie