22/01/2011 Así lo ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentación de la memoria de 2010

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VALENCIA (VP/EP). Las demandas por despidos registradas en los juzgados de Valencia han descendido en 2010 un 28 por ciento respecto al ejercicio anterior -al pasar de 6.827 a 4.913-, aunque los órganos de lo Mercantil soportan en la actualidad, como consecuencia de la crisis económica, el cuádruple de casos de lo aconsejado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las estadísticas del registro y reparto de asuntos durante el año 2010, y en la que ha hecho un análisis de la situación actual de la Administración de Justicia.

En total, los juzgados de lo Social de la ciudad de Valencia han registrado en 2010 un total de 4.913 demandas por despidos en una causa con un número igual o inferior a 10 demandantes, lo que representa un 28 por ciento menos que el ejercicio anterior, con 6.827.

En cuanto a las demandas por despidos con una cantidad igual o inferior a los 25 demandantes, se registró en 2010 un incremento del 15,9 por ciento -al pasar de 44 a 51-; mientras que en las demandas con más de 25 actores, el descenso fue del 63,6 por ciento, de 11 a 4.

En general, en los juzgados de lo Social, hubo un descenso de las demandas del 16,9 por ciento, aunque Viguer ha puntualizado que entre el periodo 2007-2010 el número de asuntos se ha incrementado un 47,4 por ciento, por lo que "todavía siguen notándose los efectos de la crisis". Ha indicado que actualmente cada juzgado de lo Social recibe de media 1.491 asuntos, cuando deberían tener 850, es decir, se encuentran un 75,4 por ciento por encima de los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En cuanto a los desahucios, los juzgados de primera Instancia de Valencia recibieron en 2010 un total de 1.853 asuntos frente a los 2.022 del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del nueve por ciento.

Por otro lado, y dentro de este orden, los asuntos registrados por tráfico ascendieron a 1.690 en 2010 frente a los 1.388 de 2009, lo que supone un descenso "notable" del 18 por ciento, según ha comentado el juez decano.

En general, en los juzgados de primera Instancia, los asuntos ingresados en 2010 ascendieron a 48.085 frente a los 52.235 del año anterior, lo que supone un descenso del 7,9 por ciento. Sin embargo, entre 2007 y 2010 hubo un incremento del 49,3 por ciento, una cifra que Viguer ha considerado "brutal". Ha puntualizado que estos órganos judiciales superan los parámetros de entrada de asuntos establecidos por el CGPJ en un 121 por ciento, es decir, que cada juzgado "más que duplica" su trabajo.

Al ser preguntado por el descenso en el número de desahucios, Viguer ha comentado que desconoce si se debe a un síntoma de recuperación económica, pero sí ha destacado que "el ritmo de demandas que se estaban presentando en los últimos años era inviable y tenía que parar en algún momento". "A lo mejor sólo es que el grueso de demandas por despido o por ejecución de deudas ya se ha producido. Probablemente hemos tocado techo ya", ha dicho.

Pese al descenso en el número de despidos y desahucios, Viguer ha destacado que en los juzgados de lo Mercantil se ha registrado el mismo número de asuntos en 2010 que en el anterior, por lo que "no hay variación", ha puntualizado. Sin embargo, entre el periodo 2007-2010, el incremento de los casos fue del 112,5 por ciento, "lo que significa que se han más que duplicado los procedimientos que entraban en 2006". Esto se traduce en que cada juzgado registra de media 1.285 asuntos cuando debería tener 350, es decir, que soportan el cuádruple de casos de lo fijado por el CGPJ.

DIVORCIOS Y SEPARACIONES

En los juzgados de Familia, en 2010 se ha registrado un ligero incremento en cuanto al número de asuntos, con un 4,2 por ciento, mientras que entre el periodo 2007-2010 esta suma fue del 23 por ciento.

En concreto, en cuanto a las separaciones y divorcios con medidas provisionales que no son de mutuo acuerdo, éstas han descendido en 2010 un 5,6 por ciento, mientras que se mantienen prácticamente igual los asuntos no consensuados sin medidas, ya que han aumentado un 0,5 por ciento. Las demandas de mutuo acuerdo han bajado un 0,4 por ciento. Estos juzgados registran un 50 por ciento más de asuntos de los recomendados.

En el orden Contencioso-Administrativo, el número de casos ha bajado un 13,2 por ciento en 2010 respecto a 2009, mientras que entre 2007 y 2010 hubo un aumento de un 12,2 por ciento. Así, en la actualidad, la situación es similar a la de 2007.

En Instrucción ha habido un descenso del 10,5 por ciento en el número de asuntos; y en Penal una disminución del 16,5 por ciento. En Ejecutorias, la bajada fue del 16 por ciento, mientras que en este orden, entre 2007-2010 hubo un incremento de asuntos del seis por ciento.

ANÁLISIS DE LA JUSTICIA

Viguer ha realizado un análisis de la actual situación de la Administración de Justicia y ha destacado que "hay cosas positivas pero también negativas". Respecto a las primeras ha indicado que la entrada de asuntos en la ciudad de Valencia en 2010 ha bajado respecto al año anterior, "con lo que si el año pasado el panorama era negro, ahora es gris oscuro", ha puntualizado. Al respecto, ha recordado que los juzgados de primera Instancia y los de lo Social duplican la entrada de asuntos, mientras que los de Mercantil cuadruplican esta cifra.

Otro dato positivo al que se ha referido el juez decano es al hecho de que "parece" que socialmente se tiene que prestar más atención a la situación de la Administración de Justicia; y al actual debate sobre la planta judicial; o al proyecto en marcha de los Tribunales de Instancia.

Como negativos, Viguer ha citado la saturación en algunas instancias judiciales; el hecho de que no se incremente el número de jueces en España; los problemas en la implantación de la Oficina Judicial; la falta de interconexión informática entre juzgados y tribunales; la ausencia del expediente digital; la interinidad judicial; el "desquiciante" sistema de gestión de la administración; o la "dependencia" presupuestaria del Poder Judicial.