VALENCIA (VP/EP). La Federación de Asociaciones de Máquinas Recreativas (FAMAR) estudia emprender acciones legales contra los juegos y apuestas 'on line', dadas las "incongruencias" de que en el momento en el que se va a realizar una subida de impuestos, "se permita a un sector que mueve unos 300 millones de euros al año operar sin ningún tipo de regulación", según comunicado amitido por la asociación.
El Comité Ejecutivo de FAMAR Valencia ha encargado a la asesoría jurídica de la federación que inicie el estudio de posibles acciones legales contra las empresas de apuestas y juegos 'on line' no regulados y su repercusión en cuanto a las Administraciones Públicas competentes.
Los empresarios del sector del recreativo han tomado esta decisión ante la "pasividad que constatan tiene la Administración frente a las casas de apuestas 'on line' y que supone una "competencia desleal" para los juegos tradicionales, como las máquinas recreativas, "que hacen frente a una estricta regulación y alta fiscalidad, frente a la inexistente regulación y nula tributación de estas casas de apuestas".
FAMAR destacó que, dado que muchas de estas casas de apuestas 'on line' tienen su sede en paraísos fiscales, "podrían estar incurriendo en presuntas irregularidades de índole fiscal, sin que haya reacción alguna por parte de las administraciones competentes".
Asimismo, señaló que estas apuestas "suponen un riesgo" para los consumidores y especialmente para los menores, ya que "no tienen, a diferencia de otros juegos, control, oportunidad de reclamación o garantía sobre su apuesta".
FAMAR consideró que los Tribunales de Justicia pueden actuar para paralizar estas apuestas como ya lo han hecho ordenando el cierre al acceso a páginas web que comercializaban productos falsificados o con pocas garantías. Asimismo esperan que tanto la Administración Central, como las Comunidades Autónomas se coordinen para regular estos juegos, al igual que ha sucedido ya en otros países de nuestro entorno.
"La necesidad de introducir garantías para los apostantes y un régimen legal y fiscal son temas urgentes para asegurar una competencia justa, así como garantizar los derechos de los consumidores y usuarios", apostilló.
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