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VALENCIA (EFE). La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-PV ha presentado un conflicto colectivo contra la Generalitat por los descuentos salariales del 5 por ciento aplicados al personal laboral de la Administración autonómica y de sus empresas públicas.

El sindicato considera que la aplicación del Real Decreto del Gobierno central que establecía estos recortes debe aplicarse exclusivamente a los funcionarios y no al personal laboral, según ha denunciado UGT-PV en un comunicado.

Éste es el principal argumento del conflicto colectivo que la organización sindical ha interpuesto ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El recorte salarial del 5 por ciento aprobado por el Ejecutivo central formaba parte de un paquete de medidas extraordinarias de reducción del déficit, y produjo una rebaja generalizada de la retribución de funcionarios y empleados públicos.

Sin embargo, los contratados laborales quedarían excluidos de estas medidas, según recoge una resolución de la Audiencia Nacional en la que estimaba que "el tijeretazo" a los salarios de los empleados contratados, y no funcionarios, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) podía haber supuesto una "vulneración" de derechos fundamentales.

En concreto, la Audiencia Nacional consideraba que el recorte salarial a los 1.700 empleados de la FNMT iba en contra de su libertad sindical, del derecho a la negociación colectiva y del principio de igualdad.

El tribunal no creyó entonces "constitucionalmente posible que se pueda suspender, modificar o suprimir un convenio colectivo durante su vigencia a través de un decreto ley", y también dudaba de "la constitucionalidad" del decreto del Gobierno.

En el caso de la Generalitat, el personal laboral se rige por un convenio colectivo que fue negociado por todos los agentes sociales, de modo que UGT-PV considera que "aquí también habría vulneración de la negociación y libertad sindical", añade el sindicato.

"Nos basamos en la posible inconstitucionalidad que supone vulnerar la ley de libertad sindical y negociación colectiva y el principio de igualdad por estar dentro de su ámbito unas empresas y otras no", explican.

El sindicato también se basa en una sentencia del TSJ de Galicia que estima el conflicto colectivo y declara nula la reducción del 5 por ciento para una empresa pública gallega, SODECO, al considerar que la bajada salarial no es de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles.

UGT-PV planteará el conflicto colectivo para que todo el personal laboral de la Generalitat y de sus empresas y organismos no sufran el descuento del 5 por ciento, como tampoco los empleados contratados en ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.