La Asociación Valenciana de Empresarios del Sector de la Energía acusa a Industria de "inducir a engaño" a los consumidores, "haciéndoles creer que con estas medidas se resolverá el incremento del recibo eléctrico"

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VALENCIA (VP). La Asociación Valenciana de Empresarios del Sector de la Energía (Avaesen) denunció ayer que las medidas retroactivas en las tarifas fotovoltaicas introducidas por el Ministerio de Industria "ponen en peligro la supervivencia" de las empresas del sector. Por ello, afirmaron que están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ejecutivo porque "está adoptando una postura contraria a la de la Unión Europea", que en su directiva 28/2009 de energías renovables "obliga a los gobiernos a eliminar las barreras que impidan su desarrollo"

En un comunicado, Avaesen advirtió de que el recorte retroactivo de las tarifas de las industrias del sector, contemplado en el Real Decreto 14/2010 y que rebaja sus objetivos para 2020 un 50 por ciento respecto al decreto de 2008, "no resolverá el déficit tarifario ni el incremento del recibo eléctrico".

Por ello, acusaron a Industria de "inducir a engaño" a los consumidores, "haciéndoles creer que con estas medidas se resolverá el déficit tarifario y el incremento del recibo eléctrico", puesto que "estos problemas están mucho más relacionados con el incremento en los precios de los hidrocarburos y las ayudas al carbón".

Además, condenarn "rotundamente" la decisión del Gobierno central, ya que las empresas del sector, "que cumplen escrupulosamente con la ley, verán comprometida su viabilidad económica".

Desde Avaesen también lamentaron que los fondos de inversión y las entidades financieras "tendrán serias dudas" a la hora de financiar nuevos proyectos en España "ante el riesgo cada vez más elevado de no poder recuperar sus inversiones".

En este sentido, indicaron que la medida "afectará al aumento de la deuda soberana por la desconfianza general de inversores extranjeros" y han añadido que se trata del cuarto decreto en cuatro años, "poniendo de manifiesto una inestabilidad reglamentaria sin precedentes".