Las actividades de prospección de hidrocarburos tienen un interés estratégico y económico evidente para un país que, como España, depende en un porcentaje importante de las importaciones de gas y petróleo

-El Ayuntamiento de Valencia lamenta la "falta de sensibilidad" del Gobierno

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MADRID. El Consejo de Ministros ha dado curso a través de cinco reales decretos a permisos de investigación de hidrocarburos en Andalucía, Castilla y León, Cantabria y Valencia.

Los cinco reales decretos otorgan otros tantos permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Chinook A-D' (frente a la costa de Málaga), 'Luena' (área compartida por las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León), 'Tesorillo y Ruedalabola' (provincia de Cádiz y zonas de subsuelo marino), y 'Albufera, Benifayó y Gandía' y 'Alta Mar 1 y 2' (en el Golfo de Valencia).

En consecuencia, siempre que se respeten los requisitos legales, técnicos y medioambientales, es aconsejable fomentar la prospección de nuestros recursos naturales de una manera sostenible, ya que sus buenos resultados contribuyen a aumentar la riqueza del país y, por lo tanto, de los españoles, y refuerzan la seguridad del suministro.

Los permisos de investigación de hidrocarburos confieren a su titular el derecho en exclusiva para investigar la existencia de hidrocarburos en el área otorgada, pero no suponen una autorización automática de ningún tipo de trabajo, es decir, un permiso de investigación no es un permiso de explotación de los potenciales yacimientos.

Con carácter previo a la ejecución de cada trabajo de prospección se deberá obtener la correspondiente autorización administrativa, tramitación en la que se someterán al procedimiento medioambiental pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo de 11 de enero de 2008.

Igualmente, con carácter previo al inicio de los trabajos los titulares deberán constituir seguros de responsabilidad civil para hacer frente a eventuales incidentes. Asimismo, se han constituido garantías financieras a favor de la Dirección General de Política Energética y Minas para responder de sus obligaciones.