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VALENCIA (EP/VP). El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana ha presentado un informe de alegaciones coincidiendo con el proceso de información pública de la versión simplificada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia en el que considera "desproporcionada" la previsión de construcción de viviendas, ha informado la institución en un comunicado.

En su informe, la entidad señala que el nuevo planeamiento de Valencia se debería orientar hacia la renovación de las áreas ya consolidadas y no sólo hacia nuevas urbanizaciones en suelo protegido.

En este sentido, desde la institución colegial se afirma que "plantear unas necesidades de 54.264 viviendas nuevas de aquí al año 2018 parece poco probable". "En una situación normalizada de no crisis, se estima que la construcción de viviendas anual en toda España es de unas 250.000 viviendas por lo que, de manera proporcional a su población, a Valencia le correspondería 4.300 viviendas al año", indica el informe, que recoge como ejemplo de "previsiones irreales" el caso de Nou Mil·leni de Catarroja, "donde se prevén 12.000 viviendas cuando la realidad esta promoción no se pone en marcha porque la demanda real es mínima".

Las alegaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos también apuntan a la "injustificada desprotección en la promoción de suelo por actividades económicas que, por un lado, no está clara su necesidad por que hay mucho suelo libre y, por otro, no necesariamente deben estar en el término municipal de Valencia".

De este modo, se señala el caso del sector de Faitanar. "Hay del orden del 50 por ciento de la superficie de los polígonos actuales sin ocupar (un ejemplo paradigmático es el caso de la promoción Ros Casares junto al Centro Comercial Gran Turia o los Polígonos de SEPES)", por lo que "no se justifica la creación de nuevas superficies", señala el documento de alegaciones.

DESAPARICIÓN DE VALOR ECOLÓGICO

Así mismo, se destaca que respecto al PGOU vigente desaparecen 738,43 hectáreas de suelo no urbanizable protegido, además de hacer desaparecer tierras de alto valor ecológico.

Concretamente, "los suelos urbanizables de los sectores Tavernes, Alboraia, Vera I y Vera II (expansión de la UPV), que suman unos 800.000 metros cuadrados, urbanizan huerta de máximo valor al norte del término municipal, que prácticamente agotan, dejando espacios residuales y formando conurbanización urbana con Tavernes Blanques y las zonas que Alboraia tiene prevista por su expansión al sur del término", detalla el documento, que recuerda que el mismo esquema se reproduce en el sector urbanizable de Campanar y en el sector de Faitanar, donde se elimina gran parte de la única bolsa de huerta que queda al sur de Valencia.

En cuanto a las infraestructuras viarias, el Colegio considera que "la realidad metropolitana exige de una planificación de la red de transportes (incluida la infraestructura viaria pero no únicamente) y de los espacios aptos para urbanizar asociados a este sistema de transporte. Estas infraestructuras "deben apoyar nuevas zonas de urbanización que no necesariamente deben estar en el término municipal de Valencia", se indica.

En el apartado de movilidad, el organismo colegial critica que "sólo se ha tenido en cuenta el tránsito rodado de vehículos y no el transporte público en ninguna de sus variantes ni otros modos de transporte como caminar o la bicicleta".

Igualmente, recuerda que todas las sugerencias realizadas deben contemplarse en el marco de la actual crisis económica, "asegurando la viabilidad económica de las propuestas planteadas", a lo que añade que "si los desarrollos no son rentables para sus propietarios, no se harán".