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BARCELONA (VP/EFE). El precio de la electricidad que pagan miles de ayuntamientos españoles regidos por la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) varía en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren, una diferencia que puede llegar a ser del 20% porque las compañías aplican de manera diferente la normativa.

Por un lado, Iberdrola, Gas Natural Fenosa e Hidrocantábrico cobran a sus clientes en las comunidades autónomas en las que operan por el término de potencia -esto es, la potencia contratada- y por el término de energía -consumo-.

En cambio, EON y Endesa, cobran, además de por estos dos conceptos, por la energía reactiva, que es lo que provoca las diferencias tarifarias entre territorios, ha explicado a Efe Javier de Andrés, responsable de la página web "Amigos de la Energía".

La energía reactiva que penaliza a los ayuntamientos de diversas CCAA es un tipo de energía que queda registrada en los contadores de la luz y que se paga si su consumo excede unos mínimos.

Su consumo depende de la eficiencia de las instalaciones eléctricas, por lo que, mediante las inversiones adecuadas, su consumo puede reducirse de forma sustancial, según de Andrés.

Estos consumidores en lo que se denomina Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) no pueden elegir qué comercializadora de último recurso les suministra electricidad, puesto que cada una de estas empresas tiene asignado su territorio de acción, donde operan en exclusiva, lo que provoca las diferencias entre las diferentes CCAA.

EON da servicio en el norte de la península, más en concreto en Cantabria y varias zonas de Asturias, Galicia y Castilla y León; y Endesa en Andalucía, Cataluña, Aragón, Baleares y Canarias.

Con el último cambio legal, todos los consumidores de más de 10 kW deben contratar a una operadora del mercado libre, algo que muchos no han hecho, con lo que deben recibir su suministro eléctrico excepcionalmente de una empresa comercializadora de último recurso regida por la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR), que son las compañías antes reseñadas.

El problema radica en que la TUR es una tarifa propia de los consumidores domésticos, por lo que a los ayuntamientos, a los que no se considera como tales se les desincentiva con un incremento del precio del 20% como penalización.

La mayoría de ayuntamientos españoles tienen contratada una potencia de 12 kilovatios (kW) y un consumo anual medio aproximado de 51.600 kilovatios por hora (kWh), ha explicado el responsable de la página web "Amigos de la Energía", especializada en asesoramiento a empresas y organismo públicos sobre temas de consumo energético.

En concreto, un expediente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) contabilizó que, en el pasado mes de junio, había en España un total de 205.506 consumidores con un consumo eléctrico de más de 10 kW sin contrato con una comercializadora del mercado libre y que debían regirse por esta tarifa de último recurso, de los que 65.520 eran administraciones públicas, principalmente ayuntamientos (un 32% del total).

En principio, a partir del próximo 1 de enero los consumidores de más de 10 kW bajo la TUR verán rescindidos sus contratos con las comercializadoras de último recurso, aunque esto no afectará a los ayuntamientos, que por ley deberán continuar recibiendo suministro eléctrico porque su consumo se usa para servicios considerados "esenciales", como el alumbrado público.

Sin embargo, según de Andrés, es posible que el Gobierno decida aplicar una prórroga y que se suba la penalización en las TUR por encima del 20% actual

Gas Natural Fenosa comercializa para consumidores en ciertas partes de Galicia, Madrid y las dos castillas, mientras que Endesa lo hace en Cataluña, Aragón y Andalucía, así como en algunas zonas de Castilla y León y de Extremadura.

Iberdrola suministra para el País Vasco, Navarra, la Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia y partes de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Castilla y león. Por último, Hidrocantábrico, la comercializadora de último recurso más pequeña, opera únicamente para Asturias.