VALENCIA. Un pesado silencio rodea estos días a la sociedad pública en vías de extinción VCI, una de las condenadas por la Generalitat a su cese y liquidación con el presunto argumento de recortar gastos. A pesar de las intenciones del Gobierno autonómico de traspasar sus funciones a otro organismo y cuando sólo faltan dos semanas para el desalojo forzoso de sus actuales oficinas, nada se sabe con certeza ni sobre este asunto ni sobre el futuro laboral de sus 13 trabajadores y su director, transformado en liquidador, Antonio Lis.
Por el momento, Gerardo Camps, 'jefe' de Economía, ha pasado la pelota a otro tejado, el de la Conselleria de Industria, dirigido por Vicente Rambla. En Industria rehuyen el asunto y afirman que se van a quedar con las funciones de VCI pero dicen no saber nada del destino de los empleados (es un secreto a voces en los círculos políticos la palpable hostilidad personal y política entre ambos consellers).
De un hilo muy fino pende todo lo que rodea a VCI, sociedad cuyo fin era atraer inversiones extranjeras a la Comunitat desde su creación hace seis años. Nadie sabe nada salvo una cosa: ya no hay marcha atrás, se cierra. Sus funciones se traspasan al Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y de los empleados nlo se dicen nada. El anuncio se hizo oficial el pasado 17 de septiembre a través del DOGV justificando que la desaparición de seis sociedades públicas aligeraría la carga de las endeudadas cuentas públicas valencianas. Según la agenda oficial, la dirección de la sociedad se reune hoy viernes con la junta de accionistas (la Generalitat) para presentarle un informe de contabilidad con los datos de la liquidación.
La última constatación de la deriva de la empresa fue la respuesta que fuentes de Economía dieron a Valenciaplaza.com cuando este diario se interesó por la situación: "VCI ya no nos pertenece, es del IVEX", y eludieron dar más explicaciones sobre la situación de la empresa y sus 14 empleados. Fuentes de los trabajadores de VCI rechazaron esta afirmación: "Claro que no les pertenece, no es de nadie, ninguna empresa es de nadie aunque sus dirigentes sean políticos públicos". A pesar de que el 'paquete' sobrevuela ahora sobre la mesa de Rambla, en el IVEX tampoco aseguran saber nada, excepto que "se asumirán las competencias de VCI como ya se dijo hace meses". Nada sobre los 14 empleados, como si no existieran.
HACIENDO LAS MALETAS
Sin destino fijo, los miembros de la empresa valenciana ya comenzaron a hacer las maletas hace unas semanas cuando se canceló el contrato de alquiler de uno de los pisos que ocupaban en el edificio Lucini de la céntrica calle Doctor Romagosa, en Valencia. El contrato del segundo finaliza el próximo 30 de diciembre, el último día de trabajo para los que todavía hoy siguen yendo a las oficinas. Si alguien sigue trabajando a partir de 1 de enero será Antonio Lis, quien estará ultimando el papeleo del cierre.
Mientras dan carpetazo a algunos asuntos y arrinconan junto con los muebles aquellas inversiones que están a mitad hacer, ninguno de los 13+1 empleados sabe cuál será su futuro a partir del 1 de enero, cuando las puertas de la empresa se cierren para siempre. Por el momento ya no se atienden los servicios de gestión de inversiones extranjeras: el cometido de todos ahora es liquidar y guardar en cajas documentos y enseres.
La reincorporación de Lis como catedrático de instituto podría ser una de las salidas que tiene el hasta ahora director de VCI, ya según confirmaron a VP fuentes cercanas, no tiene ningún otro puesto garantizado. Del resto nadie se hace cargo. Ni Economía, ni Industria. Ninguna de las dos carteras de la Generalitat quiere cargar con más trabajo que resolver ni con 13 salarios más que pagar, una cifra, la de los gastos de personal de VCI, que este año alcanzó los 660.000 euros, según sus presupuestos.
Con el despacho a punto de cerrar, la página web clausurada, la plantilla encallada en la incertidumbre y toda su actividad liquidada o encerrada en carpetas para que alguien la rescate, VCI terminará el año de la peor manera posible y sin que los responsables políticos de los que dependen o han dependido asuman sus responsabilidades abiertamente. El ejemplo perfecto de cómo no tratar a las personas que trabajan en una empresa ni aun cuando ésta vaya a ser liquidada.
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