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MADRID. España ha mejorado su posición global en el índice de corrupción percibido por sus ciudadanos pasando de ocupar el puesto 23 en 2007 a ser al 32 de 86 estados encuestados en 2010, según se desprende del Barómetro Global de la Corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional (TI), que señala al sector privado, los organismos religiosos y los partidos políticos como los sectores más corruptos.

El informe mundial de opinión pública sobre corrupción, fundamentado en la encuestas realizadas a más de 91.000 personas en 86 países, reseña asimismo que seis de cada diez personas en todo el mundo perciben que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, y que una de cada cuatro admite haber pagado sobornos en el último año.

Las opiniones más negativas sobre las tendencias de corrupción se observan en Europa y América del Norte, donde el 73 y el 67 por ciento de las personas, respectivamente, creen que ésta ha aumentado en los últimos tres años, algo que se constata también en la sociedad española, cuya percepción se establece en la media europea.

Según ha valorado el presidente de Transparencia Internacional-España (TI), Jesús Lizcano, "el panorama es muy negativo" puesto que la percepción de la corrupción "ha aumentado en la mayoría de los países", tanto que "podría provocar un estado de alarma". No obstante, ha destacado que este aumento se desprende también de la concienciación y educación de la población, la cual se ha vuelto "más crítica" en esta época de crisis.

En este sentido, Lizcano ha destacado la generalización de la percepción global de que el poder político es el sector "más infectado" por las prácticas corruptas. Una idea que comparten los ciudadanos españoles, quienes consideran que los partidos políticos son las instituciones más corruptas con un 4,4 de valoración -- en una escala del 1 al 5, donde el 1 indica el nivel sin corrupción y el 5 indica la máxima corruptela--, en la línea del 4,2 de valoración global.

Según se desprende del informe, España es el país europeo, junto a Irlanda e Italia, que peor considera a su partidos políticos, sólo superado por Grecia y Rumania (4,5); algo que se reproduce en la consideración de los organismos religiosos, con un 3,5 que, a nivel global, sólo es superado por tres naciones: Japón e Israel (4), e Irlanda (3,9).

De la misma forma, los españoles registran una percepción negativa (3,5) del poder político, el sector privado y las empresas, el funcionariado público y el sistema judicial, lo que contrasta con el ánimo suscitado por otras instituciones como la policía (3,1), las ONG (2,8), el Ejército (2,7) y el sistema educativo (2,6).

"Nunca los partidos han tenido tan mala imagen", ha subrayado en su interpretación de los datos el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, quien ha destacado asimismo el "empeoramiento en Europa en cuanto a percepción y victimización". "Es espectacular el crecimiento del reconocimiento de pagos de sobornos", ha apuntado.

En 2005 los españoles "no reconocían pagar sobornos a ninguna institución", pero en 2007 ya era una realidad reafirmada por un 2 por ciento de la población, ha recordado Villoria, al tiempo que ha incidido en el 5 por ciento de españoles que ha reconocido haber pagado "una mordida" en 2010, lo que supone que una de cada veinte personas en España ha accedido al pago de cantidades a instituciones públicas de forma ilegal.

MENOR REACCIÓN SI SE ES VÍCTIMA

No obstante, en este sentido, Lizcano ha apuntado que, a pesar de todos los resultados, la encuesta ha puesto de manifiesto que siete de cada diez personas en el mundo estarían "dispuestas a denunciar hechos de corrupción", un porcentaje que baja a la mitad "cuando se pregunta qué actitud adoptarían si fueran ellos las víctimas".

Por otro lado, respecto a los segmentos de población afectados por el soborno, los más perjudicados siguen siendo los sectores pobres y los jóvenes. Al igual que en encuestas anteriores, son aquellos con menos ingresos quienes afirman pagar más sobornos. Los más pobres tienen el doble de probabilidades que aquellas de mayores ingresos de pagar sobornos para acceder a prestaciones básicas.

De hecho, un tercio de todas las personas menores de 30 años afirman haber pagado un soborno en los últimos doce meses, lo que en el caso de los mayores de 51 años son solo uno de cada cinco. Además, la mitad de las personas entrevistadas consideran que las medidas tomadas por su gobierno para contrarrestar la corrupción son ineficaces.