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VALENCIA / VP/AGENCIAS. Cinco empresarios valencianos han sido ‘tocados' por el caso Gürtel, la trama de corrupción presuntamente ligada al Partido Popular y cuyo secreto de sumario levantó el martes pasado el juez instructor del caso. La alicantina Enrique Ortiz e Hijos, la valenciana Sedesa y las castellonenses Lubasa, Facsa y Piaf son las compañías que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido imputar por financiar de forma ilegal al PP.
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que se incluye en el sumario del 'caso Gürtel', cuyo contenido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hizo público ayer, cita a cinco empresarios con contratos en la Administración Pública como financieros de parte de los actos del PPCV.
El documento explica que estos empresarios tenían contratos vigentes, prestaban servicios y realizaban obras para las Administraciones Públicas obtenidas "como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos", según se especifica.
Los empresarios citados en el informe son Enrique Tomás Ortiz, administrador único de la empresa Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras S.A.; Enrique Gimeno, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A.; Vicente Cotino, presidente del Grupo Inmobiliario Sedesa; Luis Batalla, presidente y accionista mayoritario de Lubasa; y Antonio Pons, presidente de la mercantil PIAF S.L.
QUIÉN ES QUIÉN
Según recoge el informe judicial, la empresa en la que participa Enrique Tomás Ortiz ha resultado adjudicataria de numerosos contratos públicos en la Comunitat, principalmente en la zona de Alicante, por un importe total de 202.249.738 euros.
Dedicada a la construcción, reparación y conservación de todo tipo de obras e instalaciones públicas y privadas, las ventas de la empresa superaron en 2009 los 173 millones de euros, obteniendo un beneficio declarado de 478.421 euros. El activo total de la compañía, según los últimos datos registrados en Informa, asciende a 537.144.081 euros.
Otra de las empresas señaladas por la Fiscalía es Facsa. Presidida por Enrique Gimeno, la firma consiguió contratos principalmente en la zona de Castellón por un valor de 13.876.087 euros. Según consta en su página web, entre sus clientes "de preferencia" se encuentran la Diputación de Castellón y la Conselleria de Bienestar Social.
La empresa castellonense, constituida en 1988 aunque fue fundada en el siglo XIX, se ha convertido en una de las compañías de aguas más fuertes de España. El último balance de ventas de 2008 fue de casi 59 millones de euros. Con 400 empleados a su cargo, la empresa declaró un activo total de 126.321.612 euros, así como un resultado de 4.728.463 euros.
Sobre la compañía de Vicente Cotino, presidente de Sedesa, el sumario del caso Gürtel afirma que recibió contratos por 539.016.098 millones de euros. Además, el documento hace referencia al parentesco de Cotino con el vicepresidente tercero de las Corts, Juan cotino, y en aquellas fechas conseller de Bienestar Social, Juan Cotino.
Las divisiones de Sedesa son cuatro (construcción, inmobiliaria, medio ambiente, energía y concesiones), pero sin duda es la primera el motor del grupo. De hecho, Sedesa Obras y Servicios, cuyo administrador único es Vicente Cotino, obtuvo unas ventas en 2008 -según los últimos datos que figuran en Informa- de 237,51 millones de euros, que le supusieron un resultado de 3,33 millones de euros y un activo total de 225,48 millones. A esa fecha, el número de empleados era de 245.
Informa también refleja tres incidencias judiciales entre marzo y noviembre del pasado año con el Juzgado de lo Social, por un importe total de 9.540 euros, así como una reclamación del Ayuntamiento de Paiporta de 341,53 euros en junio de 2006.
Los documentos del sumario del caso Gürtel indican que Vicente Cotino entró en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado para efectuar la compra de la mercantil Easy Concept S.L., algo en lo que también participaba Pedro García, entonces director de Canal 9, ya que éste había manifestado su interés en colaborar en este proyecto. En total, las empresas del grupo Sedesa -dedicadas a la construcción y a los geriátricos-, recibieron contratos por 539.016.098 euros.
En cuanto a Luis Batalla (Lubasa) el documento recoge que sus empresas contrataron obras con la Generalitat por un importe global de 77.337.451 euros. Batalla, empresario de Castellón y uno de los más reconocidos de la Comunidad Valenciana, fue condenado, en mayo de 2006, por un delito continuado de falsificación en documento mercantil contra la Hacienda Pública y a una multa de 4,4 millones de euros por un fraude fiscal de 2,2 millones en el IVA y el impuesto de sociedades.
Los últimos datos que figuran en Informa, correspondientes a 2008, reflejan unas ventas de 270,64 millones de euros, un resultado de 1,69 millones y un activo total de 305,77 millones de euros. Todo ello a través de una plantilla formada por 900 empleados.
Asimismo, el informe refleja nueve incidencias judiciales entre mayo de 2004 y abril de 2009, de las que ocho están tramitadas por el Juzgado de lo Social y una por el Juzgado de lo Civil, con un importe total reclamado de 25.131 euros.
Las líneas de negocio de Lubasa son cuatro: infraestructuras, inmobiliaria, materiales de construcción y la división de concesiones. El área de infraestructuras contempla la licitación, contratación y ejecución de obras y proyectos de todo tipo obras e infraestructuras.
Por último, el grupo PIAF, presidida por Antonio Pons Dols. Esta empresa castellonense fue adjudicataria de contratos por 201.082.692 euros, según consta en la querella presentada por el PSPV ante el TSJCV, basada en dos informes policiales.
Creada en Castellón en noviembre de 1984 con un capital social de 5.288,80 euros, la compañía se dedica a servicios de ingeniería, arquitectura, urbanismo, limpieza de vías, alcantarillado, evacuación y depuración de aguas residuales; cuenta actualmente con 148 empleados, el 68% de los cuales son fijos.
El balance de 2008 del Grupo Piaf arroja unas ventas de 13.995.484,87 euros, un resultado de 33.256,21 euros y unos activos totales de 28.590.831,1 euros.
FACTURAS EN 'A' Y EN 'B'
El informe concluye que "existe un sistema de doble facturación y de financiación irregular" de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa y que dicho sistema "tenía una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantenía la organización con la formación política".
Según el sumario del caso, "existe un doble sistema de contabilización de los actos derivado de una facturación dual", una real plasmada en una factura formal -bajo la denominación de Alicante- y otra "sin factura y por tanto sin que exista un reflejo contable de su emisión -denominada Barcelona-".
Así, "por un lado, se contabiliza de forma formal la parte del acto del que se emite factura, y por otro, se contabiliza en paralelo de forma interna la parte del acto del que no se emite factura", de modo que "una parte por tanto es fiscalizable porque está reflejada en los libros de contabilidad y otra parte es opaca al integrarse en los fondos ajenos al circuito económico de los que dispone la organización".
Dentro de la deuda A, figuran por un lado las cantidades relativas a actos realizados para la Comunitat derivados de concursos públicos -como las ferias de turismo-, que son liquidadas mediante la entrada de los fondos públicos, y por otro, actos organizados para el PP mediante la emisión de facturas, en las que detecta tanto cambios en la base imponible como en el nombre de los clientes. Así, por ejemplo, sustituye PPCV por Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, S.A.
Respecto a la deuda B, destaca que "existe una financiación de actos del Partido Popular por parte de empresarios, siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en cuenta corriente del partido" mientras "dicha empresa tiene contratos vigentes, presta servicios y realiza obras para las Administraciones públicas".
Es más, puntualiza que en alguna de las facturas que sufrieron una transformación del cliente -como una que pasa del PPCV al grupo empresarial PIAF-"por una parte se engrosa el valor de realización del acto y por otra se cambia al cliente pasando de ser el partido a una empresa privada".
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