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VALENCIA. Desde luego, goza de una excelente posición para opinar como lo hace la alcaldesa de Alzira y presidenta de la Federacion de Municipios y Provincias de la Comunitat Valenciana. Elena Bastidas anuncia un año negro para los ayuntamientos porque la mayoría tendrán que prorrogar los presupuestos y casi una veintena suspenderá pagos, lo cual no le parece justo. Confía en la nueva ley de Régimen Local para solucionar problemas y que se reconozcan las competencias que ejercen responsabilidad de otras administraciones

EL GRANO
El presidente Camps empezó su mandato con una excursión a La Murta y Elena Bastidas al lado. Fue uno de sus primeros gestos simbólicos y la joven alcaldesa de Alzira, que ya había conseguido con tan solo 30 años ganar aunque no gobernar, no lo olvidará nunca. Pero no fue el único gesto con Bastidas. Hace tres años, con una mayoría absoluta, Camps la elegía como presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Bastidas, que habla de los ayuntamientos siempre en primera persona del plural, ahora ya tiene nombre propio en la constelación del 'campsismo' y un futuro político que hoy por hoy ciñe a la alcaldía y a su intenso apostolado de la trascendental ley valenciana de bases de Régimen Local.

EL GRANERO

-"Los municipios tendrán que reducir la periodicidad de servicios como la limpieza"

-"El boom del ladrillo nos ha venido muy bien para construir nuestras ciudades"

-"Gracias a la ley de bases de régimen local, la financiación autonómica mejorará la local"

-"Es necesaria una ley que aclare las competencias y asigne recursos a los ayuntamientos.

-"No puede haber una piscina climatizada en cada municipio"

-"Las transferencias del Estado se han visto mermadas en torno a un 20%"

-¿No habría sido mejor que la nueva ley de Régimen Local hubiera salido con el apoyo de todos los partidos?
-Donde no lo hubo fue en las Corts Valencianes. En la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, tanto en la junta de portavoces como en la comisión ejecutiva, y cuando se planteó en la comisión mixta, obtuvo el apoyo unánime. Lo que hubiésemos querido todos los municipalistas es que en las Corts hubiera imperado ese sentido de poner por encima los intereses generales de nuestros municipios, que no los intereses particulares de nuestros partidos.

-Pero en el debate en las Corts no quedó tan claro que el PSOE hubiera apoyado el texto en el seno de la federación...
-Tenían algún tipo de coartada politica para justificar su falta de apoyo en las Corts y fue la falta de concreción del Fondo de Cooperación Municipal. La corriente de Ximo Puig estaba claramente a favor, pero había otra que fue la que se impuso y forzó al PSOE a no dar su apoyo en las Corts.

-El núcleo del debate, entonces, era el Fondo de Cooperación Municipal, algo fundamental en esa ley.
-Arranca en el 99, pero no deja de ser un acuerdo de intenciones, una intención política, la voluntad del municipalismo plasmada en una asamblea, pero es con el estatuto de autonomía cuando por primera vez aparece con carácter legal el Fondo de Cooperación. Por lo tanto el éxito conseguido es innegable. En nuestra responsabilidad está ahora aprobar el borrador del reglamento, pero no me arriesgo mucho si digo que el PSOE tampoco va a dar su apoyo al borrador del fondo.

-¿Al final el Fondo existe, es una entelequia... en qué se sustancia?
-Según el borrador de Presupuestos de la Generalitat, el Fondo está creado. Pero no están establecidos los criterios de reparto. ¿Es suficiente el dinero que pone la Generalitat? Podemos decir que cuanto más dinero, mejor, pero tenemos que ser conscientes de la situación económica. La dotación económica prevista en los Presupuestos de la Generalitat es adecuada. Por el contrario no ha habido una respuesta adecuada del Gobierno de España, que tiene que reformar la financiación y plantear una nueva ley del gobierno local. La ley de Régimen Local dice que la cuantía del fondo se establecerá en la ley de presupuestos y que ésta se puede ver mejorada en la medida en que resulte mejorada la financiación de la comunidad autónoma.

-¿Y ahí entra la consideración sobre el millón más de nuevos habitantes en la CV?
-Sí. Por eso cuando oímos a Francisco Camps o a cualquier miembro de su gobierno reclamando una mejoría de la financiación autonómica, no sólo ganan los servicios y las competencias propias de la Generalitat Valenciana, sino que también están ganando los ayuntamientos valencianos. De ahí que sea importante el criterio del reparto, que es lo que va a marcar la actuación presente y futura del fondo. Mande quien mande.

-En la ley aparecen órganos que no existen en este momento en los ayuntamientos, como el Defensor del Vecino, el Consejo Social Municipal o el Consejo Territorial de Participación... ¿nos va a costar dinero estas nuevas estructuras?
-No. Son órganos que intentan dar vía a la apuesta de la participación ciudadana. El consejo social es un organismo que recoge a todos los sectores más importantes del municipio. El consejo Territorial de Participación servirá para aquellos municipios que tienen núcleos urbanos dispersos pequeños...

-¿Y el Defensor del Vecino? Eso huele a despacho, más funcionarios, más gastos.
-Puede ser un concejal o cualquier persona de bien que escuche las quejas de los vecinos ante la Administración local. Pero eso se tiene que plantear en términos de responsabilidad económica.

-¿Aclara esta ley el reparto de las competencias en las distintas administraciones?
-Establece las competencias y las que puede delegar la Generalitat en los ayuntamientos. Esas competencias no pueden ser delegadas sin la adecuada asignación económica. Pero en la obligación de clarificar las competencias de las administraciones está el Gobierno de la nación, que tiene que modificar y actualizar la ley de Bases del 85. Es necesaria una nueva ley que aclare las competencias y reconozca las que con carácter impropio hemos venido ejerciendo en los ayuntamientos y se nos asignen los recursos económicos. El 30% de nuestro presupuesto se va en financiación de competencias que no son nuestras.

-Tampoco deja bien claro esta nueva ley valenciana de Bases de Régimen Local cómo se van a coordinar las diputaciones con la Generalitat. Y urge acabar con el solapamiento de las administraciones.
-Sobre todo porque existen algunas competencias en algunas materias que se vienen ejerciendo solapadamente. Estamos duplicando servicios con el consiguiente coste económico que supone para todos. La ley prevé organismos de cooperación tanto de la Generalitat con las diputaciones como con los entes locales.

-¿Cómo queda la figura de la Federación de Municipios?
-Se ha conseguido algo muy importante gracias a la modificación del Estatuto de Autonomía de 2006 y asignarle a la FEMP con carácter estatutario por primera vez el papel de máximo interlocutor del municipalismo con la Generalitat Valenciana. Es un hito histórico, porque la federación deberá informar de todos los asuntos importantes que afecten al mundo local. Y en ello reconoce el trabajo de todos mis predecesores.

-A partir de enero muchos ayuntamientos no podrán acceder a créditos. ¿Qué va a pasar?
-Asistiremos a la suspensión de pagos de algunos ayuntamientos en los próximos meses. En la CV serán unos quince o veinte ayuntamientos durante el próximo ejercicio presupuestarios. Y no es justo, cuando los ayuntamientos sólo ocasionamos el 0,5% del déficit público. No es justo que sea a nosotros a los que se les pide mayor sacrificio económico a la hora de hacer el ajuste presupuestario, un ajuste por cierto que ya no nos lo manda Zapatero sino directamente Europa. Es injusto que seamos la primera ventanilla del ciudadano y que tengamos que atender las necesidades de la gente y se nos pida ese esfuerzo. Ya se ha visto el poco margen que tenemos para obtener ingresos. Porque al final estamos hablando del IBI y cuatro tasas más, ya que de las tasas de obras nos tenemos que olvidar porque las transferencias del Estado se han visto mermadas en torno a un 20%.

-¿Tiene que reducir sus competencias o también deben reducir sus plantillas?
-Nos queda poco margen de maniobra. Con estos planes de inversión...

-¿Se refiere al plan Zapatero?
-Bueno... ha sido dinero que nos ha llegado a los ayuntamientos, pero hubiera sido mejor que nos hubiera dejado financiar el gasto corriente, nos hubiera aliviado nuestra situación financiera y hubiésemos podido salvar entre todos los ayuntamientos a muchos proveedores, que en los grandes ayuntamientos la morosidad es de dos años. Los planes han conseguido, sí, que se haga obra pública, con todas las ventajas e inconvenientes, pero ahora tenemos que meter la tijera al capítulo I y II y hay ayuntamientos que ya han anunciado reducciones drásticas de plantilla, amortización de puestos de trabajo, reducción de algunos servicios como limpieza, jardines, etc. Se tendrá que reducir la periodicidad de esos servicios, revisar los cánones de las contratas. Se tiene que conjugar el capítulo I con las amortizaciones de plantillas, que será muy drástica y sobre todo recortar el gasto corriente para cuadrar los presupuestos, porque a fecha de hoy son muy pocos los ayuntamientos que van a poder aprobar sus presupuestos y  muchos los que tendrán que prorrogarlos a falta de cuadrar los ingresos y los gastos. Van a ser prácticamente presupuestos de guerra.

-Desde luego, porque los ayuntamientos se han metido estos años en una dinámica de generar gasto corriente suicida. ¿No se puede atacar ahora ese aspecto?
-Hay algo muy positivo previsto en la ley de Régimen Local que es precisamente el fomento de figuras asociativas municipales. Ya hay algunos ayuntamientos que van a ofrecer conjuntamente algunos servicios. No puede haber una piscina climatizada en cada municipio, no puede haber una casa de la cultura... pero sí se pueden agrupar. Ya hay unos 16 que quieren hacerlo y otros que se están interesando por estas posibilidades que van a dar mucho juego en los próximos tiempos. Efectivamente ahora hay que mantener muchas de esas infraestructuras creadas por esa necesidad acuciante de cumplir con los plazos del plan Zapatero y que en algunos casos no eran necesarias.

-¿Habría entonces que replantear el nivel de nuestro estado de bienestar?
-No todas pero sí que matizar algunas de ellas.

-¿En qué quedó lo del Plan Camps? ¿Es mejor que el de Zapatero?
-No, no. Es que al final es que no dejamos de perder ese tutelaje. Los ayuntamientos somos como los hijos menores. Es que la financiación no ha cambiado más en dos puntos porcentuales en los últimos 30 años. Al final seguimos tutelados, te dan fondos y te dicen en qué los tienes que gastar. Es mejor que me den el dinero y yo que conozco el pueblo me lo gastaré en lo que yo creo que es necesario. Ese ha sido el gran problema.

-Ha hablado antes de los ayuntamientos como primera ventanilla. ¿Eso quiere decir que aquí notan más el paro?
-Lo noto en esa puerta [señala la del despacho de la Alcaldía] y no sólo por la gente que viene, sino porque vienen también a manifestarse.

-¿Y esa presión no podría hacer que se cambiara el reparto de los fondos públicos en las administraciones a favor de los municipios?
-Del reparto del gasto público total, los ayuntamientos se quedan con el 14%, que dista mucho del 22% que es la media de los municipios de la UE y eso deberíamos copiarlo.

-¿De dónde lo quitaría?
-La Administración central está en un 47%, la autonómica en más de un 30% y en torno a un 14% los municipios. Evidentemente hay que modificar edte reparto en función de las competencias que se nos reconozcan por ley -y no por la vía de los hechos consumados- para poder tener la financiación que nos merecemos.

-¿Dijo usted que un 4% de los ayuntamientos valencianos vivían del ladrillo?
-No. Pero todos nos hemos beneficiado del ladrillo. Unos más y otros menos. Evidentemente las posibilidades de un municipio costero son mayores que las de uno de interior. Pero todos, en alguna medida, nos hemos beneficiado, incluso financiado con el boom inmobiliario. Nos ha venido muy bien para construir nuestras ciudades. Pero ese dinero del ladrillo está visible. En Alzira gracias a un convenio con los agricultores vamos a tener una biblioteca de 2.500 metros que sería impensable hacerlo de otra manera con un coste cero para el ayuntamiento. Lo reprochable han sido los desmanes que se han producido en algunos ayuntamientos.

-Los ayuntamientos han sido el foco mayor de la corrupción. Hasta ha habido un homicidio. ¿Dónde está el origen de que sea así?
-Hay un cúmulo de factores: el dinero fácil ha llegado a espuertas y ha hecho que algunos, muy pocos -tengo que salir en defensa de los 542 alcaldes valencianos- cometan desmanes. Y creo que en la inmensa mayoría no hay una adecuada retribución de los cargos públicos electos. Si la hubiera, posiblemente, serviría para no distraer nuestra atención de lo que es importante a lo delictivo.

-¿Y del urbanismo?
-Me refería a eso con el dinero fácil. Va a ayudar el reglamento que hemos aprobado ya sobre los registros de bienes y actividades, que obligará a los cargos a hacer públicos esos datos para que sirva de elemento disuasorio. También se pude combatir metiendo a la oposición en las mesas de contratación.

-¿Y no ayudaría mucho no alargar los mandatos?
-Es que no es una cuestión de plazo. Es un problema de valores y de no tener interiorizada la función de servicio público y que la política no es un oficio, es un trabajo vocacional. No puede hacer uno de la política su profesión.

-¿Qué pueden hacer los ayuntamientos por las empresas?
-Ayudas económicas no les podemos ofrecer pero sí formación, mecanismos para que puedan mejorar y modernizar sus estructuras económicas y productivas. Podemos permitirles acceder a las nuevas tecnologías. También que en los procedimientos licitatorios que son negociados sólo trabajemos con empresas del municipio. Puede sonar a discriminación, pero es una preferencia. Uno tiene que saber que las de licitación pública son públicas, pero los negociados se pueden y se deben trabajar con el municipio. Y obligar a que la gente contratada sea del municipio y sirva para aliviar las listas del paro locales.

-¿Y simplificar, presidenta, la burocracia?
-Claro. Al final lo que quiere un pequeño empresario es que desde su casa pueda solventársele cualquier trámite administrativo que tenga que realizar. Hay que simplificar, si, pero para simplificar hay que modernizar. Simplificar los procesos internos y modernizar desde el punto de vista tecnológico. Deben ir de manera paralela. Los ayuntamientos deben ser capaces de que una persona te solvente todos los papeles que tienes que hacer.

-Me dirá que la alcaldía le llena plenamente como política, pero ¿aspira a algo más, ahora que ha ganado más reconocimiento político?
-No sé si suena a frase hecha pero... mi aspiración es ser alcaldesa de Alzira, que la gente esté contenta. Yo soy de corazón y convencimiento municipalista. Entiendo la política como la cercanía, la proximidad. Igual en otras esferas se ve la política de otra manera: las grandes decisiones, las grandes negociaciones. Pero casi siempre es más importante lo pequeño que lo grande. Ser alcaldesa de mi pueblo es lo que me hace inmensamente feliz y sobre todo tener el mayor respaldo en 2011. Mi mayor recompensa política ya la tengo.