L. MASERES. 04/12/2010 El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia carga contra el Gobierno y asegura que a pesar del recorte del 60% en sus ingresos que representa la supresión de las cuotas obligatorias de las empresas, buscará otras vías de financiación para seguir prestando servicios a las pymes

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VALENCIA. José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, se mostró ayer indignado y enfadado con el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, por su anuncio de suprimir la obligatoriedad de la cuota que pagan los empresarios a estas entidades y que en el caso de Valencia, supone el 60% de su presupuesto. "Parece que somos molestos", sentenció Morata, que aseguró que buscará la financiación donde haga falta para seguir prestando servicios a las pymes.

"Hay dos maneras de intentar cargarse algo: o se suprime o se le quita la financiación", alegó Morata refiriéndose a la propuesta lanzada por el Gobierno, enmarcada dentro de un segundo paquete de medidas anticrisis, y que afecta directamente a las cámaras de comercio españolas. A su parecer, todas las propuestas del Ejecutivo son "pura cosmética", ya que según dijo, ninguna servía para mejorar la situación de las pymes, y las que lo mejoran, como los servicios que prestan las Cámaras, ahora están en peligro por la caída de ingresos que supondrá el que las empresas no deban pagar a estos organismos.

EL 62% DE LAS EMPRESAS NO PAGAN

Según afirmó ayer el Gobierno, para que las Cámaras puedan adaptar su actividad a este recorte, se elimina la obligatoriedad con carácter inmediato para las empresas de reducida dimensión y, para el resto, se establece un periodo transitorio a lo largo de todo el año 2011. El Ministerio de Economía estimó que las aportaciones obligadas pueden situarse en torno a 250 millones de euros, con datos de 2008, de los que cerca de 90 millones recaen sobre pymes y profesionales autónomos.

La financiación de la Cámara de Comercio de Valencia depende, en un 60% de las cuotas de los asociados, que para 2011 asciende a 15,8 millones de euros. El 40% restante de los ingresos procede de la prestación de servicios que hacen o de acuerdos con la administración, entre otros conceptos. Según relató ayer el presidente valenciano, desde 2008 el recurso cameral ha descendido un 40% y a pesar de ello las prestaciones han aumentado, por lo que aseguró que la Cámara no va a desaparecer. "Vamos a luchar hasta el final. Es una batalla, y nosotros defendemos la actividad económica española", declaró.

Según los datos que proporcionó la propia Cámara, el 62% (62.470) de las empresas adscritas al ente este año no pagó ningún importe a pesar de disfrutar de ciertos servicios como la formación o el acceso a la internacionalización. El 24% ( 24,884) abonó una cantidad entre 0,01 y 100 euros; el 10% (10.775) pagó entre 100 y 600 euros, y solo el 2% de las sociedades valencianas abonó más de 600 euros.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la Cámara de Castellón los porcentajes sobre los ingresos por los pagos de los asociados son similares. De acuerdo también a sus datos, el 55% de su presupuesto de 2009 (4,6 millones de euros), procedió del recurso cameral. De las casi 46.000 empresas que hay en la Cámara, 15.410 no pagaron, 5.741 abonaron menos de 10 euros, 22.740 pagaron entre 10 y 300 euros y a sólo 5 les costó más de 60.000 euros.

Morata dedicó gran parte de su discurso a enumerar las prestaciones de las que se benefician las pymes y afirmó que a partir de ahora, éstas se encontraban en peligro a pesar de que la Cámara iba a luchar por que no sucediera. Además, este recorte, dijo, también podría afectar a la plantilla, formada por 138 trabajadores.

"Yo tiro para adelante. Si nos quitan los ingresos, los buscaremos. No se nos ocurre dejar a más de 10.000 empresarios sin formación. Ya buscaré", declaró. Por el momento, la Cámara no ha definido otros tipos de financiación ya que está estudiando, desde el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, adoptar todas aquellas medidas jurídicas que eviten la eliminación de las cuotas, entre las que no se descarta la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.