03/12/2010 Expertos de Deloitte consideran que la Administración debe ser uno de los detonantes del cumplimiento de la Ley de Morosidad, que le obliga a bajar progresivamente el plazo de pago a sus proveedores hasta 30 días, frente a los 154 actuales

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VALENCIA. Más de cien directivos asistiero  ayer a la jornada "Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales", organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD Zona Levante, y Deloitte.

"La gestión eficaz y eficiente de la morosidad se ha convertido en un factor de suma importancia en el contexto económico actual". Con estas palabras inauguró Alejandro Solvay, director general de APD Zona Levante, la sesión en la que se han analizado las implicaciones jurídicas, fiscales y económico financieras de la Ley 15/2010 que modifica la 3/2004 relativa a la morosidad.

"Existe un cierto escepticismo sobre la aplicación real de esta ley -ha señalado Jesús Tejel, socio director de Deloitte en la Comunidad Valenciana y Murcia-, pero, sin duda, la intención del legislador es hacer una normativa aplicable, cosa que no ha llegado a ocurrir con la anterior legislación". De hecho, según una reciente encuesta citada por Tejel, el 56% de las empresas desconoce la legislación anterior y sólo un 16% la conoce y la aplica.

La principal novedad que aporta la nueva normativa atañe a los periodos de pagos, estableciendo un máximo de 60 días para las empresas y de 30 para las administraciones públicas y el sector de productos frescos y perecederos. De esta forma, se suprime la posibilidad de establecer pactos entre partes y se obliga a la adaptación progresiva para que estos periodos sean realmente efectivos en enero de 2013.

Actualmente, el periodo medio de pago en España se sitúa en 98 días, frente a los 57 de media europea, que desciende hasta 40 en la mayoría de los países. "En un momento como el actual, 40 días es la diferencia entre la viabilidad y la no viabilidad de una empresa", ha señalado Gerardo Yagüe, socio responsable de Asesoramiento y Transacciones de Deloitte.

Pero el principal caballo de batalla para que la nueva ley se cumpla y sea efectiva es el ejemplo por parte del propio Estado. "Si las Administraciones incumplen la normativa, es muy difícil que en las operaciones comerciales se cumpla", han coincidido los expertos de Deloitte. De hecho, frente a los 30 días que marca la nueva normativa, el periodo medio de pago actual de la Administración del Estado son 140 días, un plazo que aumenta a 155 en el caso de la administración autonómica y sube a 238 en el de la local.

Junto a la aplicación por parte de los administradores públicos, la presión y el uso que realicen los representantes de los colectivos empresariales será también un factor determinante. En opinión de Prudencio López y Fernando Ramos, del área legal de Deloitte, que estos colectivos utilicen y difundan los mecanismos legales que prevé la ley determinará el éxito de ésta. A pesar de que la reciente norma no contempla sanciones concretas, "como a lo mejor sería conveniente", sí establece intereses moratorios e indemnizaciones por costes de cobro.

El tercer punto que puede alentar al cumplimiento es la obligatoriedad por parte de las empresas de hacer pública la aplicación o no, a través de la Memoria Anual. La información que las empresas deberán incluir está actualmente en fase de desarrollo por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que, en una primera propuesta, ha planteado "una información tan detallada y exhaustiva respecto al pago a proveedores, que es imposible que las empresas la tengan para este año, como inicialmente se ha propuesto", añade Jesús Tejel .

Junto a las ventajas que puede tener la aplicación de este ley en términos financieros, Gerardo Yagüe, de Deloitte, también ha querido destacar la necesidad por parte de las empresas de prever el nuevo escenario y planificar sus presupuestos y estructuras, ya que, además de cambios en sus balances y cuentas de resultados, la aplicación de la ley también supondrá importantes variaciones su operatividad interna.