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VALENCIA. Mientras se hacen visibles autoritarios modos de gobernar en el Consell que creíamos superados, la Administración autonómica comienza a emitir señales preocupantes de su deterioro económico y financiero a una velocidad inusitada. No parece que la súbita urgencia que le ha entrado a la Generalitat por privatizar el circuito de Cheste y la gestión de la Fórmula 1 y con ello intentar obtener algo de oxígeno que la alivie de su galopante desplome económico y financiero, vaya a resolver ni uno sólo de sus graves problemas ni taponar una sóla de las alarmantes vías de agua que se van abriendo en la administración de las cuentas autonómicas. Por otra parte, no debería ser necesario recordar a los responsables de la Generalitat que vender a la 'desesperada' es sinónimo de bajo precio (ya podían haber cumplido su ideario-neoconservador-neoliberal cuando la economía cotizaba al alza...).

Pero es evidente que la situación actual es 'a la desesperada'. El reciente anuncio de que la Generalitat debe hacerse cargo de las nóminas de los trabajadores de empresas tales como RTVV, Ciegsa o Ferrocarrils -transportes, televisión y colegios públicos... casi nada, y todavía anda pidiendo la transferencia de los trenes de cercanías ¿para qué?- es un asunto demasiado serio para que pase desapercibido en un largo puente festivo (a pesar de la salvaje huelga de los controladores). Ya sabiamos -porque la sufrimos- de la decadencia de la sanidad valenciana, de la exasperante lentitud de su justicia y de la paupérrima calidad de su enseñanza escolar, tal y como las estadísticas se empeñan en poner de relieve.

También viene de muy atrás que RTVV, la niña bonita del Consell, está muy mal y que más tarde o más temprano habría que "hacer algo". Pero la imposibilidad de pagar la nómina de sus trabajadores a pesar de una deuda de más de 1.200 millones pone bien a las claras cuál es la verdadera situación de las cuentas y empresas públicas valencianas. No es ajeno a todo ello que la plantilla de RTVV haya alcanzado por voluntad expresa de la Generalitat un tamaño superior en mucho al de algunas cadenas privadas de alcance estatal... (¿qué no estrá ocurriendo en otras instituciones y entidades públicas no tan expuestas como RTVV?).

Realmente no se sabe muy bien a qué espera el presidente del Consell parar dar la orden de tomar las mismas medidas dolorosas que ya han aplicado decenas de miles de empresarios españoles del sector privado. No es comprensible ni es de recibo que por motivos electorales (nos hallamos practicamente en campaña electoral), que también pueden ser interpretados como una falta de coraje político, se esté retrasando durante meses o tal vez más tiempo un ajuste necesario, imprescindible y, sobre todo, inevitable en ese pesado ente. El presidente está poniendo en peligro con su actitud y escasa responsabilidad la credibilidad de toda la Comunidad Valenciana.

Buena muestra de ello son las dudas y ambigüedades aparecidas tras la reciente emisión de los denominados periodísticamente 'bonos patriotas', realizada por el procedimiento de urgencia, "cuesten lo que cuesten", es decir, 77 millones de euros de coste financiero en solo un año, a pagar con el dinero de todos. La improvisación en su lanzamiento y el frío recibimiento con el que han sido acogidos tanto por los clientes como por las entidades financieras  encargadas de su colocación ponen negro sobre blanco la credibilidad decreciente de la Generalitat Valenciana, que ya no es precisamente de 'pata negra' como en otros tiempos pasados y las agencias de rating han vuelto a señalar recientemente.

No es criticable que la Conselleria de Economía se las ingenie para pagar deudas y hacer frente al vencimientos de sus compromisos financieros, pero sí lo es, y severamente, que eso sea practicamente lo único que haga para resolver problemas: aplazar y aplazar su resolución definitiva (a ver si va a tener razón una publicidad radiofónica partidaria que se escucha estos días y que reza eso tan tremendo de que "la Generalitat se está arruinando y nos va a arruinar a todos...). Es el todo vale, cualquier cosa, incluido el descrédito global, menos aparecer ante la opinión pública con medidas impopulares y/o cambios estructurales en vísperas electorales.

Si las grandes empresas públicas ya no pueden pagar la nómina, si la Feria de Muestras entra en barrena, si hay que cerrar organismos como VCI (encargados de atraer inversiones del exterior,) si hemos entregado las dos grandes cajas valencianas, si tenemos la mayor cota de parados de España y la mayor deuda por habitante y en función de nuestro tamaño... ¿Hacia dónde va esta Comunidad? ¿hacia dónde va la economía valenciana con un 'jefe' que parece verla sólo a través del retrovisor de un Ferrari?

Mientras encontramos respuestas a esta vital cuestión, los esforzados contribuyentes valencianos siguen trabajando para sacar adelante a sus familias y pagar sus impuestos. A cambio de ello, ese monstruo de la sinrazón en que se ha convertido la Administración autonómica y su sobredimensionada estructura continúa impertérrito como si nada ocurriese. Permanece la misma sobrevalorada nómina de altos cargos, la misma flota de coches oficiales, los mismos organismos y contenedores de eventos llenos de vacío y 'enchufes,' las mismas subvenciones a órganos inútiles... la misma ineficacia que ha conducido a esta antaño resplandeciente comunidad a un lamentable vagón de cola nacional lastrado por el paro y la destrucción de empresas.

Son solo pistas, más leña al fuego argumentario de la creciente ola de antiautonomismo que está creciendo por los cuatro costados de España, no exenta -la ola- de cierta razón en su desencanto hacia el Estado de las Autonomías...