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CASTELLÓN (EP). El presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), José Roca, ha asegurado este lunes ante el juez que las acciones formativas de la patronal que está investigando el juzgado de instrucción número 1 de Nules estaban "supervisadas" por técnicos del Servef y han pasado por mecanismos de control a través de una auditoría externa, según ha podido saber Europa Press.

El juzgado de instrucción 1 de Nules ha practicado este lunes las declaraciones previstas en el seno de la investigación por supuestas ilegalidades en la gestión de fondos de formación, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

A declarar han acudido tres de las personas imputadas citadas: un director de formación, que se ha acogido a su derecho a no declarar; un representante de Cierval, que sí ha declarado; y un representante de la CEC, José Roca, que también ha declarado-. El cuarto citado no ha acudido porque no ha sido localizado y se oficiará para que se averigue su domicilio.

El juzgado mantiene abierta una causa desde primeros de julio como consecuencia de una denuncia presentada por la Fiscalía contra dos mercantiles, la Confederación de Empresarios de Castellón y la patronal Cierval, en relación con un presunto fraude de subvenciones.

Según informó entonces el TSJCV, la denuncia está relacionada con un delito contra la Hacienda Pública, en la modalidad de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal, y otro continuado de falsedad documental del artículo 392 en relación con el artículo 390 del Código Penal, este último por las facturas presentadas a modo de justificación del destino de los fondos obtenidos.

EXPEDIENTE DE 2009

Desde la CEC explicaron en ese momento en un comunicado que las acciones formativas por las que la Fiscalía ha interpuesto una denuncia contra la Confederación "forman parte de un expediente del año 2009 de Formación Profesional continua, las cuales se realizaron entre 2009 y 2010".

En este sentido, desde la filial de Cierval aseguraron que esas acciones formativas "fueron realizadas, controladas y supervisadas por el Servef" y "han pasado por mecanismos de control y fiscalización mediante una auditoría externa".

Asimismo, destacaron que la información "afecta a un asunto de carácter tributario de quienes han realizado las acciones formativas", así como que la CEC "ha resultado perjudicada" en la denuncia de Fiscalía "por haber tenido que realizar el pago de las mencionadas acciones formativas" y, posteriormente, "al tener que abonar ante el Servef la misma cantidad en el expediente administrativo, con independencia de que dicho expediente ha sido recurrido en vía contencioso-administrativa".