VALENCIA (EP). El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Félix Crespo, ha acusado al alcalde Joan Ribó y a la concejala de Protección Ciudadana Sandra Gómez de "estár bordeando la prevaricación con su decisión de que no actúe la Policía Local en los desahucios y en la venta ilegal", según ha explicado en un comunicado.
La decisión de que la Policía Local no tome parte en desahucios fue anunciada el pasado miércoles por Ribó, en una rueda de prensa en la que también estuvo presente Sandra Gómez y la concejal de Vivienda María Oliver. Según explicó el primer edil, la decisión se adoptó tras no haber podido alcanzar un acuerdo con las principales entidades bancarias para solucionar el problema.
Crespo señaló que Sandra Gómez "no ha hecho otra cosa desde que ha llegado al gobierno municipal que generar incertidumbre entre los valencianos y entre el cuerpo policial que pretende dirigir, sin darse cuenta de que la materia de seguridad ciudadana exige por su contenido técnico y normativo, un profundo conocimiento de ella y cuanto menos una prudencia de la que no ha hecho gala hasta estos momentos".
Así, el edil popular ha afirmado que resulta "difícilmente entendible" que Gómez "pretenda decir públicamente que va a cumplir la Ley en cualquier caso, cuando lejos de ser una intención hay que recordarle que ha de ser su primera y única obligación", destacó Crespo.
Las afirmaciones de Sandra Gómez y las del alcalde Ribó, ha explicado, "rozan la prevaricación, por cuanto con independencia de la sensibilidad social que conllevan los desahucios, no pueden olvidar que la LO 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su artículos 29,2 y 53 la expresa y clara función de la Policía Local de participar en las funciones de policía judicial por las que puedan ser requeridos por los órganos jurisdiccionales".
En este sentido, el edil consideró "muy preocupante y alarmante" que dos representantes públicos ordenen no actuar a la Policía Local "ante un requerimiento que pueda realizar cualquier juzgado".
"Eso sencillamente se llama prevaricar y abocar a los agentes de Policía Local a un conflicto laboral por incumplimiento de las funciones que le son atribuidas por una ley orgánica y requeridas por órganos judiciales competentes para ello", ha subrayado.
PERMITIR LOS 'TOP MANTA'
Este mismo planteamiento "de tomar decisiones sin sentido y de mero efecto populista cara a sus votantes", afirmó Crespo, "ha llevado a Gómez a difundir unas declaraciones sobre los top manta, en las que textualmente dice que ha indicado a la Policía Local que dejen hacer a los vendedores ambulantes, ya que no molestan a nada ni a nadie", según apuntó.
A su juicio, permitir esta "práctica ilegal" que contraviene Ordenanzas Municipales y otras disposiciones legales, "se agrava además con la temeraria decisión de decirle a la propia Policía Local que no actúe ante situaciones de ilegalidad, abocando así a los profesionales policiales a incumplir la máxima fundamental que le exige el Ordenamiento Jurídico de evitar la comisión de cualquier acción ilegal o que contravenga las normas vigentes", ha añadido.
Asimismo, ha destacado que "resulta evidente que esta decisión ha generado un gran malestar entre los comerciantes y establecimientos de venta, que ya han manifestado que se verán perjudicados por unas ventas en manifiesta ilegalidad y de una brutal competencia desleal y arbitraria", apostilló.
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