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VALENCIA. Carmen Montón (Burjassot, 1976) es la primera mujer en convertirse en consellera de Sanidad de la Comunitat Valenciana. Dos meses en el cargo ya le han llevado a tomar decisiones como devolver a los inmigrantes ilegales la tarjeta sanitaria haciendo honor a la palabra universal, apellido de su conselleria.

También ha anunciado medidas contundentes como la eliminación del copago sanitario y enarbola la bandera de una sanidad pública que pretende acabar con todas las concesiones y conciertos al sector privado. Sanidad rastrea cajones y revisa todos los papeles. "Queremos levantar alfombras y abrir ventanas". A partir de ahí, aún les queda todo por hacer. Desde revisar el mapa sanitario a rediseñar el modelo más sostenible y eficiente para una región infrafinanciada.

- Cuando entró en la Conselleria de Sanitat habló de revocar las concesiones sanitarias, pero el fin de la del Hospital de Alzira es en 2018, misma fecha que el concierto de las resonancias magnéticas. Después será el turno de Torrevieja en 2021, Dénia en 2023, Manises en 2024 y Elche en 2025. ¿Ha encontrado alguna vía por donde acortar tiempos?
- La apuesta que tiene esta Conselleria, que tiene el Consell y que se ha subrayado en el Pacto del Botánico fue precisamente el devolver la sanidad a lo público. Eso significa que nosotros estamos viviendo hace mucho tiempo, porque la Comunitat Valenciana ha sido punta de lanza, en un modelo de privatización en el que el 20% de la población está sujeto a ese modelo de privatización que nosotros no compartimos porque esa filosofía que se puede entender de la privatización como ahorro no ha sido demostrada.

Es un modelo idiológico más que un modelo de eficiencia y nosotros apostamos por una sanidad pública en la que la salud sea un derecho y no sea un negocio.
Nosotros tenemos el reto de hacer la sanidad más eficiente porque tenemos un problema de financiación histórico en la Comunitat pero que también repercute a la sanidad. Ahí hemos creado una dirección de alta inspección para controlar y revisar todo lo referente a las concesiones y a los conciertos como las resonancias. Eso es lo que estamos haciendo. Hay algunas concesiones que finalizan en el 2018, otras que van más allá, pero nosotros lo que pretendemos es que los usuarios tengan la mejor atención sanitaria posible y lo primero es revisar esas concesiones y hacerles cumplir los contratos porque hasta ahora había una laxitud en que se cumplieran. Y si no se cumplen se tienen que explorar las consecuencias.

-Solo tenemos un estudio numérico respecto a los conciertos privados, que es el de las resonancias, realizado por la Sindicatura de Comptes. Hay mucho debate pero poca demostración en cifras. Ahora que están en la Conselleria, ¿van a hacer un estudio de cuál es el resultado económico de esa gestión?
-Se había apostado por un modelo de privatización que iba al galope y que siempre iba a más y nunca se había acreditado que era en favor de la eficiencia. No se ha había evaluado y no se había auditado. Nosotros lo que hicimos fue aprobar una auditoría para las concesiones y estamos en ellos. Hay cuestiones por revisar desde 2008, por lo tanto 20 años de la anterior etapa en dos meses es difícil de resolver. Lo estamos haciendo en la propia Conselleria con el apoyo de la Intervención General de la Generalitat que es a quien le corresponde porque queremos ver el estado de las cuentas.

-El juzgado de instrucción número 8 de Valencia tiene abierta una investigación a Eresa, concesionaria de la Generalitat en el concierto de las resonancias magnéticas, por las pruebas de doble ciego. ¿Se le ha pedido a la Conselleria información? ¿Se va a personar la Generalitat como posible perjudicada?
- Ahora está en fase de investigación y ya se facilitó la información que nos pidió Fiscalía. Cuando llegue el momento, si es oportuno que nos personemos, iremos. Pero nosotros no vamos a mirar a otro lado. Queremos levantar la alfombra y abrir las ventanas y si hay algo que no se ha hecho correctamente estaremos ahí en primer nivel exigiendo que se sepa la verdad.

-¿En qué cree que estaría pensando el antiguo Gobierno al privatizar el servicio de resonancias que cuesta, según la Sindicatura, 17 millones de euros de más al año?
-Tendríamos que hacer un juicio de valor pero lo que está científicamente probado es que lo hicieron sin pensar en el ahorro, ni en tener una mayor eficiencia ni en un servicio mejor a los valencianos y valencianas. Nosotros, precisamente, estamos en todo lo contrario. Y esta revisión, y la apuesta de crear una dirección de alta inspección para que controle y para que revise todo este tipo de contratos, demuestra que hay una voluntad distinta desde el nuevo equipo de Gobierno.

-¿Se ha reunido con Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud?
-Todavía no, pero por supuesto nos veremos con él y con todos los demás porque no se trata de establecer frentes sino de exigir lo que los valencianos y valencianas tienen derecho porque se ajusta a los contratos que en su momento firmó la Conselleria. Hacer otra cosa distinta como mirar hacia otro lado o no pedir que se cumpla no sería estar de parte de los ciudadanos, sino estar de parte de las empresas que es nuestro papel.

-¿Piensan que en algún caso concreto las concesiones o conciertos podrían ser útiles?
-Lo hemos dicho muchas veces, consideramos que no es el modelo a desarrollar. La administración pública, el Consell, no es el modelo que va a impulsar pero sí que es verdad que la sanidad pública tiene que estar complementada en algunos momentos por la privada. Como complemento es totalmente válida, pero no tiene que ser la apuesta que haga la Conselleria. Todo lo que podamos gestionar desde nuestras propias filas, lo que podamos asumir desde la Conselleria, seguro que tiene mayor eficacia y ahorro y eso redunda en una mejor asistencia a los pacientes.

-El ex conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ha vuelto al IVO, que tiene un concierto con la Generalitat. ¿Qué le parece?
-A mí no me gustan las puertas giratorias y es evidente que esta es una. Llegó del IVO, se fue de la Conselleria y ha vuelto al IVO. Ha hecho 360 grados. Es legal, posiblemente, pero no lo veo ético políticamente.

-La Conselleria ha hecho honor a su nombre y ha sido una de las primeras en devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, a lo que desde el Gobierno anunciaron multas millonarias por parte de la UE. ¿Qué saben de eso? ¿Están preocupados?
-La preocupación que tengo es de la responsabilidad que está demostrando el Gobierno de Rajoy. Ellos hablan de amenazas y ponen como excusa un argumento totalmente falaz que es unas hipotéticas multas de la Unión Europea. Pero tenemos que recordar que multas de la UE ya hemos recibido, 19 millones de euros por las facturas ocultas de Sanidad en el cajón durante el Gobierno del PP. Además, es todo lo contrario. Naciones Unidas dijo que instaba al Gobierno de Rajoy a que rectificara el rumbo que había tomado negando al tarjeta sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular y el propio consejo de Europa lo calificó como excusa para a costa de la crisis establecer recortes.


Además, la Unión Europea advertía de que podía ser más caro dejarles fuera del sistema que incluirlos. A nivel internacional ya han advertido que ese no es el camino, que es injusto y que es inhumano y han pedido que rectifique.

Preocupación por las hipotéticas multas, ninguna. Preocupación por la conducta irresponsable que está teniendo el Gobierno de Rajoy, que ya ha admitido el error pero ahora no puede pretender que ellos crearon el problema en 2012, que las comunidades autónomas ya lo hemos solucionado, y que ahora entremos en un mercadeo o un regateo a la baja con los derechos a la salud de las personas sin rectificar que es derogar el decreto.

-¿Cómo van a hacer la entrega de tarjetas sanitarias? ¿Se van a implementar nuevos procesos como controles o evaluaciones como pide el ministro?
Nosotros lo que estamos haciendo es que una persona en situación irregular va a un centro de salud y solicita la tarjeta. Para ello acredita una serie de requisitos para salvar el turismo sanitario, que preocupaba pero que es evidente que las personas que solicitan esta tarjeta no entran dentro de ese marco. 
Tienen que tener un empadronamiento de tres meses y acreditar que no tienen un seguro privado, que no hay un país subsidiario o un tercer pagador. También intervienen los servicios sociales en los centros de salud cuando ofrecen esta tarjeta y esto se revisa a los dos años.

Los propios interesados pueden comunicar el cambio de tarjeta. 
Todo esto está establecido que se ratificarán en el pleno del día 9 en el decreto que hemos realizado, aunque lo pusimos en marcha al día siguiente de anunciarlo. Hemos querido darle carácter de norma para que tenga mayor soporte legal. Eso va en beneficio de su propia salud pero también de la comunidad, porque todo tipo de enfermedades de declaración obligatoria, infecciosas, están controladas y porque es mucho más económico atenderlas en la atención primaria que no en urgencias con una dolencia más avanzada.

-Ya hace meses que se paralizó el derribo de la vieja Fe. ¿Han pensado que van a hacer?
-Heredamos una situación en la que la Conselleria aprobó un derribo, un traspaso de una manera apresurada. La nueva Fe, que fue inaugurada en 2011, ha tenido problemas desde entonces y no acaba de terminarse, hay un pabellón en construcción. Y además, en la vieja Fe hay servicios que estaba previsto su traslado hasta 2017. Por tanto era inviable el derribo de La Fe. Además, ahí hay pacientes además de otros servicios como lavandería o desinfección. El entorno vecinal también se oponía al traslado de La Fe de Campanar. Nosotros lo primero que hemos hecho es dialogar. Nos hemos reunido con las asociaciones para dejar en evidencia que se pueden hacer las cosas de otra manera.

En segundo lugar, hemos estudiado los informes, los hemos llevado al Colegio de Arquitectos, para tener una versión externa a lo que se ha trabajado en la etapa anterior y hemos trabajado a nosotros. Ahora tenemos que ver la viabilidad de los edificios y estamos estudiando el mapa sanitario para estudiar la utilidad que se puede dar a cada uno de ellos después de que nos devuelvan las conclusiones. Con eso le daremos un uso sanitario a la antigua Fe. Todo esto teniendo en cuenta las reuniones que tenemos pendiente con los trabajadores y las asociaciones de vecinos.

-¿Qué va a quedar del proyecto del PP que quería trasladar allí el Arnau de Vilanova?

-Era desvestir un santo para vestir otro. Nosotros estamos haciendo el mapa sanitario y también veremos el tema del Arnau. Lo que nos hemos encontrado son hospitales a los que les ha faltado o les falta mucho mantenimiento y que no se les ha dedicado los recursos necesarios para que estuvieran en las mejores condiciones y eso lo tenemos que evaluar.

-Durante la pasada legislatura las listas de espera fueron largas. ¿Cómo está tratando problema actualmente? ¿Cómo se piensa solucionar?
-Es un problema estructural que tenemos y nosotros estamos viendo varias posibilidades. Nuestra apuesta es por el autoconcierto. Aligerar esas listas de espera pero autogestionando nosotros. Se siguen concertando operaciones con hospitales privados pero la intención es pasar lo que hay fuera dentro porque también es más económico.

-Existe un problema de infrafinanción conocido, pero ¿han encontrado alguna forma de reducir el gasto sin recortar servicios?
-Hay muchas oportunidades de ahorro en farmacia, desde el momento de la receta hasta la dispensación. Y ahí tenemos un camino por explorar y ver qué posibilidades podemos poner encima de la mesa. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que un mismo medicamento comprado en distintos hospitales tiene precios diferentes. Eso hay que intentar que no suceda. Hay que poner unos estándares que nos permitan comprar al mismo precio. 
No obstante, si el Gobierno de España no es consciente de que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y que eso redunda en que haya un problema de financiación para la sanidad valenciana, nosotros podemos hacer todos esos esfuerzos, pero serán insuficientes. El compromiso de ser más eficientes con el gasto en los presupuestos de la Generalitat está, el compromiso de tener mayor eficiencia y eficacia en la gestión está, pero el Gobierno de España tiene que entender en debe financiarnos correctamente.

-Es habitual que el anterior Consell llegara a final de año sin pagar todas las facturas por falta de presupuesto. ¿Se ha llegado al tope de este año?
-Nos faltan 1.100 millones para terminar el año. Cuando entramos este nuevo equipo es lo que faltaba. No estaban presupuestados. Está calculado con el gasto ordinario. Pero es no es un modelo válido para nosotros porque esta forma de funcionar que ha sido habitual no nos conduce a ninguna parte más que a la insostenibilidad del sistema.

-En cuanto al gasto sanitario de los desplazados. ¿En qué medida se está compensando, tanto el de los nacionales y como el de los extranjeros?
-El Gobierno de España no nos está transfiriendo aquello que nos correspondería, porque la Comunitat Valenciana está entre las que más desplazados nacionales recibe, pero en extranjeros es la que más gasta y con más rigor está facturando al Gobierno. Dos millones de euros nos faltaba recibir (de compensación) por los extranjeros, pero de los nacionales era una barbaridad, 70 millones. No solo estamos infrafinanciados sino que estamos soportando cuestiones que no nos corresponderían soportar como los desplazados nacionales, porque el fondo de garantía asistencia no está apuesto en marcha aunque se hizo el anuncio.


La Generalitat tiene todo contabilizado, pero el anterior Consell no lo reclamaba al Gobierno de España. Fabra decidió que no le reclamaba a Rajoy ese dinero, pero es que nos hace falta. El Consell actual ya lo está reclamando en el Consejo Interterritorial. 
Se trata de que el Gobierno haga su labor y no solo anuncios, de que se encargue de que sea justo el reparto. Nosotros no podemos soportar más de 70 millones de euros que el Gobierno debería pasarnos por la asistencia que estamos prestando.

-¿Tienen constancia de que exista turismo sanitario en la Comunitat?
-Constancia no tenemos, cuando lo tengamos se denunciará porque no vamos a permitirlo. Pero esta cuestión no deja de ser una excusa para no atender a otras personas que es evidente que no son turistas sino exiliados o inmigrantes que salen de la pobreza o de las guerras. Eso es lo que estamos haciendo y lo que creemos que devuelve la dignidad a una tierra, que las valencianas y los valencianos son solidarios y que no estaban de acuerdo con esta situación.

-Se acercan las elecciones generales y el PSOE podría entrar a gobernar. ¿Qué cambiaría de la normativa estatal de sanidad?
-El fondo de garantía asistencia, que se haga una correcta facturación de la atención a extranjeros. Tenemos que derogar el decreto de exclusión sanitaria y nosotros también estamos reclamando en los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno nos ayude en medio centenar de hospitales en el mantenimiento. Hemos hecho una enmienda de 50 millones de euros a través del grupo socialista para todos esos hospitales o centros de salud en los que está concernido la Administración central porque es titular el Estado. Hay en otros hospitales como el de Valdecillas, en Cantabria, que recibe presupuesto del Estado todos los años. No sé porque la Comunitat Valenciana no puede recibirlo por ejemplo para La Fe, es lo justo.

-Cuando le ofrecieron la Conselleria de Sanidad, ¿qué se le pasó por la cabeza? ¿Se marcó alguna meta?
-Los retos son muchos. Creo que empezamos haciendo una declaración con el tema de la tarjeta sanitaria para todos y todas los que viven en la Comunitat Valenciana, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. También tenemos que seguir devolviendo derechos como eliminar el copago y el repago, tanto a pensionistas como a personas con discapacidad. Tenemos que abordar muchas cuestiones como el derecho a la reproducción asistida a las mujeres solas o que son lesbianas. ¿Por qué tienen que estar excluidas por el hecho de vivir en una familia tradicional? También tenemos que hacer una apuesta en intentar que la sanidad en su conjunto sea eficiente, adelgazar las listas de espera, tener un trato más humano, empoderar al paciente, que seamos como personas dueños de nuestra salud, apostar con la prevención y el colofón sería devolver la sanidad a lo público. Recuperar ese espíritu de Ernest Lluch y de la universalidad.

-Se está produciendo una situación relativamente nueva con el tema de los refugiados en la Unión Europea. En la Comunitat Valenciana se habla de acoger a 1.500 refugiados. Aunque no sea lo esencial, ¿qué administración debe asumir este coste?
-Nosotros hemos dado de un primer paso y el Consell ha aprobado una resolución para poder acoger a exiliados de esta ola tan dramática que estamos viviendo. Cuando Rajoy está regateando con las cifras y detrás hay personas me parece una indecencia. Y tendrá que ser España, puesto que es el país que está en la Unión Europea, la que haga frente a esta situación con el impuesto de todos los españoles y españolas, que también están los de los valencianos. Pero nosotros no vamos a estar escatimando, ni vamos a girar la cabeza, a las imágenes tan duras de niños ahogados en la playa porque podríamos ser cualquiera de nosotros.

-Se habla de que podría volver a la política nacional.
-Vuelvo de vez en cuando a discutir con el ministro. Yo estuve mucho tiempo en Madrid, me apasionaba, lo hice lo mejor que pude y ahora estoy aquí con la misma pasión. Mi compromiso está aquí. Hemos empezado muchas cosas y mi compromiso es terminarlas.