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VALENCIA (EP).  El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandia ha anunciado este jueves que se presentará como acusación popular en los dos procesos judiciales abiertos sobre el caso Innova y la concesión irregular de créditos al consistorio por parte de entidades bancarias, según ha informado en un comunicado. 

El portavoz adjunto del PP, Vicent Gregori, y el asesor, Javier Reig, han indicado que tienen nuevas pruebas y documentación sobre estos dos asuntos que consideran ahora necesario presentar a la causa, aunque se han reservado el derecho a dar más detalles sobre estas supuestas pruebas.

Los 'populares' consideran que presentándose como acusación popular podrán hacer "un mejor seguimiento de los procesos judiciales, máxime cuando en la actualidad existe un nuevo Gobierno local, y que fue el Ejecutivo del PP el que durante la pasada legislatura auspició el inicio de la causa", según han apuntado.

En este sentido, han señalado que "tres cargos públicos acudían en su día a declarar como imputados en ambas causas por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre ellos el exalcalde socialista José Manuel Orengo".

Respecto a la concesión irregular de créditos al consistorio por parte de entidades bancarias, los 'populares' han indicado que "una resolución judicial podría permitir que las entidades bancarias que hayan cobrado algún tipo de interés en estos préstamos tuvieran que devolverlos al ayuntamiento" y han recordado que "el proceso deviene de la contratación de créditos por importe de casi 19 millones de euros sin permiso de la Conselleria de Hacienda y la refinanciación de casi 33 millones de euros.

Asimismo, según el PP, a estas cuantías habría que sumarle casi 8 millones de euros procedentes de la empresa pública IPG, lo que alcanzaría casi 51 millones de euros en litigio.

Por otro lado y sobre el Caso Innova, han indicado que el ex alcalde, José Manuel Orengo, y Alfred Boix, podrían incurrir en algún delito de tipo penal ya que han apuntado que "el Ayuntamiento de Gandia, a través de IPG, recibió casi 6 millones de euros en subvenciones finalistas, que no fueron destinadas a la construcción de dicho proyecto".

En este sentido, Gregori ha afirmado que fue "otro caso más, de facturitas varias. Se solicitó una subvención para un proyecto, se recibió un dinero por parte del Estado y nunca se empleó en ello".