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La primera pugna, aunque ya resuelta, entre Hacienda y Economía, deja la sensación de que habrá más roces. Los nombramientos y RTVV, otros asuntos candentes

VALENCIA. Uno de los principales argumentos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana durante la campaña electoral se centró en alimentar el miedo de los ciudadanos respecto a la "jaula de grillos" que podría resultar un gobierno tripartito de izquierdas. El resultado de los comicios propició finalmente un Ejecutivo compartido entre PSPV-PSOE y Compromís con el respaldo de Podemos desde Les Corts tras el conocido 'Pacto del Botánico'.

Este sábado se cumplen exactamente dos meses desde que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, horas después de haber tomado posesión, anunciara el nuevo Consell que accedió a sus carteras el 30 de junio. Bien es cierto que no han transcurrido ni siquiera los 100 días de cortesía que se le conceden a un Ejecutivo que toma el poder, pero ya ha habido tiempo para que surjan los primeros roces, pulsos y tropiezos. Algunos de ellos fruto de la propia magnitud de los problemas heredados, otros, por la batalla soterrada entre los acólitos de los dos partidos que conforman el Consell, por decisiones equivocadas desde la cúpula o, simplemente, por promesas de campaña imposibles de cumplir. Situaciones que, sin ser la temida "jaula de grillos" que pregonaba el PP, tampoco se ajustan a Borgen, la serie danesa que versa sobre un gobierno de coalición y que tanto gusta a varios altos cargos de Compromís.

Así, el primer gran pulso entre dos consellerias de PSPV y Compromís -en este caso entre Hacienda y Economía a cuenta de los préstamos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- se saldó este viernes con un acuerdo que ha llegado tras semanas de tensión y no pocos titulares en los medios de comunicación. Un problema que, aunque ya resuelto, augura futuros roces entre dos consellerias que poseen demasiados asuntos entrelazados para la disparidad de sus equipos.

Por ejemplo, algunos de los grandes temas en los que la relación deberá ser constante son la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), que orgánicamente depende de Economía si bien el nombramiento de los consejeros es a cargo del IVF. Por otro lado, para este mes de septiembre se prepara un grupo de trabajo sobre Feria Valencia en el que también tendrá algo que decir Hacienda. El motivo es que aunque Economía es la que tiene las competencias, la deuda de la ampliación del ente, avalada por la Generalitat, se cubre con dinero público. Habrá debate.

Por otro lado, el titular de Economía, Rafa Climent, tampoco ha estado conforme con la decisión de que se produjera este viernes el nombramiento de su todavía subsecretaria, Eva Coscollá, como directora general de Función Pública, si bien Oltra admitió ayer que estaba hecho. Un cargo por el que se produjo una pugna de más importancia de lo que podría parecer entre UGT e Intersindical. Es ahí donde, según aseguran fuentes socialistas, la mano de Luis Lozano, secretario general de FSP-UGT y muy próximo al presidente Puig, ha sido la encargada de bloquear el nombramiento de Adel Francés, de Intersindical.

Una maniobra que concluyó con la propuesta de Coscollá por parte de Compromís, lo que obliga a Climent a buscar a otro funcionario de confianza para ocupar la Subsecretaría de Economía. Para ello, pidió que no se hiciera efectivo este viernes el nombramiento, una situación que ha dejado una semana más vacía la Dirección General de la Función Pública.

No son los únicos problemas relacionados con la falta de nombramientos clave -un flanco por el que ya ataca el PP-, una circunstancia sobre la que se le preguntó este viernes a la portavoz del Consell, Mónica Oltra: "Dijimos que no entraríamos como un elefante en una cacharrería, sino que buscaríamos a las personas adecuadas", repuso la vicepresidenta, quien admitió además que faltaban designaciones en los servicios territoriales debido a que todavía no han podido "visitarse todos ellos".

Una defensa por parte de la portavoz del Consell que no evita otro de los problemas que emana de Presidencia, en este caso responsabilidad directa del jefe del Consell, Ximo Puig, que continúa sin designar al director general de Análisis ni al de Relaciones Informativas, dos puestos de Presidencia fundamentales para la estrategia y coordinación de la cúpula del Ejecutivo: una situación anómala dos meses después de haber accedido al poder. En esta línea, algunos puestos de asesores siguen sin cubrir en algunas consellerias mientras en otras existen personas colaborando sin que haya plaza para ellas. El 'sudoku' sigue sin ajustarse.

Por otro lado, un asunto candente de los últimos días y en el que también ha habido tensión, en esta ocasión con la participación de Podemos, es la apertura provisional de Canal 9 de cara al próximo 9 d'Octubre. Una promesa del presidente Puig -suscrita por el coportavoz de Compromís, Enric Morera- de la que Mónica Oltra siempre ha preferido desmarcarse. Finalmente, tras una tensa y larga reunión el jueves, se acordó que se reanudaría la emisión pero sin contenido político e institucional por exigencia de Antonio Montiel, líder de Podemos.

Una circunstancia que Oltra, en la rueda de prensa de este viernes, intentó rebajar y achacó a motivos de calidad de emisión pero de la que se desprende la negativa férrea de Montiel a conceder ese espacio de difusión política a PSPV y Compromís. De esta manera, el líder de Podemos volvía a aparecer en escena en un papel de tercero en discordia, una actuación que apunta a repetirse con las elecciones generales en el horizonte y particularmente contra los socialistas si finalmente llega a buen puerto el acuerdo Compromís-Podemos. Mientras tanto, PPCV y Ciudadanos (C's) ya se han alineado mostrando su rechazo de plano a esta reapertura provisional y advertido de posibles problemas legales, incluso los primeros han amenazado con acudir a los tribunales.

En definitiva, son estas algunas pinceladas de los primeros tropiezos dentro del Consell en su primeros dos meses de andadura. Demasiados roces, así lo creen algunos miembros del Ejecutivo, para los primeros 60 días transcurridos al frente de la nave autonómica.