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VALENCIA (EP/VP). La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un plan de choque para solventar la actual situación del "atasco" del Gabinete Psicosocial de los juzgados de Valencia y que se reduzca de entre nueve y doce a meses a un plazo "máximo" de cuatro el tiempo de espera para la intervención de los especialistas y la realización de informes.

Bravo ha hecho este anuncio después de, junto con la directora general de Justicia, Maria Àngels García, haber mantenido una reunión con el decano del Colegio de Psicólogos, Francisco Santolaya Ochando, con el que han acordado una línea de actuación para dar salida a los 329 informes "pendientes de elaboración", y que son la causa de que, en estos momentos, "el tiempo de espera de los juzgados que reclaman la intervención de este equipo técnico oscile entre los nueve y doce meses".

La titular de Justicia ha insistido que se trata de una situación que "preocupa mucho" en su departamento ya que se trata de informes "que afectan a familias en proceso de separación y a menores que se encuentran en una situación muy vulnerable". "Son temas de una gran sensibilidad que tienen que emitirse con prontitud", ha incidido.

"El objetivo es que el plazo de emisión de los informes se rebaje, porque el actual nos parece excesivo", ha apuntado Bravo.

La consellera ha explicado que el plan de choque acordado este jueves "queda pendiente" de la firma del convenio que, en los próximos días firmarán la Conselleria y el Colegio de Psicólogos de Valencia, que fijará los criterios de elección de los profesionales que se harán cargo de esos 329 informes pendientes.

ACTUALIZACIÓN DE REMUNERACIONES

Además, en las próximas semanas se producirán nuevos contactos entre ambos organismos para una "reestructuración" del turno de oficio mediante el que los psicólogos intervienen tanto en los procesos de familia como en otro tipo de asuntos por decisión del juez encargado de cada caso. Esa revisión del modelo incluirá una "actualización" de la remuneración del trabajo de los profesionales, "congelado" desde el año de 2001 y fijado en 90 euros por informe.

Bravo ha querido recalcar que "para no caer en la misma situación en un futuro, habrá que abordar medidas estructurales en el gabinete". "La calidad del servicio debe ser la máxima, queremos contar con profesionales con experiencia y que estén trabajando en el marco de la justicia del menor y de los problemas de las relaciones paterno-filiales", ha manifestado.