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VALENCIA. Isabel Bonig ha negado que Ximo Puig planteara a los presidentes de las diputaciones la creación de una Agencia Tributaria valenciana que aúne los servicios de recaudación de las tres instituciones provinciales. La presidenta del PPCV ha asegurado este jueves que así se lo han trasladado el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, y su homólogo de Castellón, Javier Moliner.

"Las diputaciones ya recaudan tributos municipales", ha destacado Bonig, que ha ironizado sobre la voluntad del Consell de crear este órgano. "Parece que siguen la estela del conseller Marzà", ha afirmado. La líder de los populares valencianos ha hecho estas declaraciones en la presentación de una campaña en defensa de las diputaciones.

Con el nombre de 'Tots els pobles per igual', la gira recorrerá todos los municipios de la Comunitat "para conocer las necesidades que tengan", según ha indicado el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret. "Si las diputaciones desaparecieran las demás administraciones atenderían a los municipios con el mando a distancia", ha advertido Betoret, para quien las instituciones provinciales son necesarias para "garantizar" la igualdad de todos los ciudadanos "vivan en la Pobla de San Miguel o en el Cap i Casal".

ATIENDEN A MUNICIPIOS PEQUEÑOS 

Bonig ha recalcado que las diputaciones atienden a municipios pequeños y ha puesto en valor su "importancia" para la "vertebración territorial" de España y de la Comunitat. Por ello, ha anunciado mociones en las tres diputaciones para "evitar la delegación de competencias" de los organismos provinciales en la Generalitat.

"Admitimos la coordinación en competencias que puedan exceder del ámbito de las provincias", ha matizado la líder del PPCV, que ha abogado por que los presupuestos de las diputaciones no se integren "en ningún caso" en los de la Generalitat. "Puig y Oltra quieren lucirse con el dinero de otra institución; me parece una deslealtad", ha criticado.

La presidenta del PPCV ha hecho hincapié en que el 1 de enero de 2016 entra en vigor la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local. Esta norma establece, según ha apuntado, que "los servicios sociales los debe prestar la Generalitat". Bonig ha advertido que los municipios con poca población no pueden prestar todos los servicios, por lo que ha propuesto "protocolos de actuación" para que las diputaciones puedan atender estas necesidades. 

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