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VALENCIA. Una liberalización a trompicones. El proyecto del Gobierno para liberalizar el transporte ferroviario de pasajeros avanza con más lentitud de lo que desearía como consecuencia de los obstáculos con los que se está topando permanentemente. El objetivo de Ministerio de Fomento es licitar el concurso para elegir a la empresa que competirá con Renfe en la explotación del AVE a la Comunitat antes de que acabe la legislatura, pero la reticencia de las empresas a presentarse al concurso o el cuestionamiento del anteproyecto de ley que regula el proceso siembran dudas sobre las posibilidades de que se cumplan esas previsiones.
A pesar de que hace apenas dos semanas el Gobierno anunció que ya tenía el visto bueno del Consejo de Estado, que ha emitido un dictamen favorable al anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar aseguró este miércoles que Fomento aún tiene que realizar las modificaciones que el órgano consultivo ha propuesto al plan para conceder el título habilitante a la empresa que competirá con Renfe en el AVE a la Comunitat.
Las observaciones de Consejo de Estado tienen mucho que ver precisamente con las prisas con las que el Gobierno ha sacado adelante este proceso para poder cumplir su compromiso de liberalizar el servicio antes de que se agotase la legislatura. Entre las consideraciones que incluye su dictamen, el órgano concluye que la tramitación del anteproyecto ha sido "precipitada", pues se inició en febrero de 2015. En los dos meses escasos que pasaron hasta su aprobación, Fomento ha negociado con las Comunidades Autónomas, las organizaciones representativas de los sectores afectados, Renfe, Adif y Puertos del Estado, recuerda la resolución del Consejo de Estado.
"Aunque en el breve tiempo transcurrido desde la iniciación del procedimiento y la adopción del texto remitido en consulta se han cumplido numerosos trámites, no puede ignorarse que la audiencia a las organizaciones interesadas y los informes recabados lo han sido con tal premura y brevedad de plazo para ser evacuados que la mayor parte de los solicitados no han sido emitidos o lo han sido tardíamente", critica la resolución.
El consejo sostiene que algunos de esos informes que faltan son "fundamentales e inexcusables" para poder formarse un juicio "adecuado" sobre la corrección de las previsiones del anteproyecto. Es el caso de los que deben formular los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad, que el órgano considera relevantes por la importancia del sector que regulará la futura ley
No son las únicas carencias que deja al descubierto. A través del dictamen, el Consejo de Estado lamenta que la memoria sobre el impacto normativo del anteproyecto carezca de "todo estudio económico de lo que la nueva regulación comportará y de su incidencia en la economía general". "En estos extremos, no puede considerarse cumplida la exigencia legal de que la norma vaya acompañada de una memoria económica", concluye.
UN PROYECTO FALTO DE MADUREZ
La futura Ley del Sector Ferroviario recoge la directiva europea que establece un espacio ferroviario único europeo y abre el servicio a la libre competencia. El Ministerio de Fomento ha elegido la línea de Alta Velocidad que une Madrid con la Comunitat para comenzar ese proceso durante una etapa de siete años tras la cual se liberalizarán el resto de corredores.
A pesar de que la obligación de los Estados miembros de liberalizar el transporte ferroviario de viajeros en toda su extensión va más allá de 2019, el Gobierno decidió comenzar esta misma legislatura, una urgencia que le está pasando factura a la hora de superar estapas.
Además de cuestionar esas prisas, el mismo Consejo de Estado lamenta el escaso margen que se le dio para emitir su dictamen, ya que se le exigió que se pronunciara sobre el anteproyecto apenas 9 días después de ser aprobado por Fomento.
Al respecto, el órgano consultivo considera que el texto que le remitió el Gobierno adolece de algunas detalles que le llevan a dudar de si está lo bastante maduro como para elevarlo al Consejo de Ministros. Entre otros asuntos, critica que contiene numerosos incisos y declaraciones "que ni constituyen ni incorporan auténticas normas jurídicas"; es excesivamente reglamentista en algunas de sus previsiones; e incluye "variados preceptos superfluos e innecesarios".
CRITICA LA FALTA DE CONDICIONES PARA LA PRESTAR EL SERVICIO
En las observaciones, el Consejo de Estado especifica correcciones y realiza fuertes críticas al anteproyecto. "Ni contiene un modelo de liberalización del transporte ferroviario suficientemente definido, ni regula las condiciones de la prestación de dichos servicios". Y es que solo la disposición transitoria primera del antreproyecto contiene algunas previsiones sobre la materia pero no se establecen reglas sustantivas mínimas para configurar el régimen de prestación.
De hecho, la fijación de estas remite a una Orden del Ministro de Fomento y lo mismo ocurre con los requisitos y condiciones exigibles para participar en la licitación para la obtención de los títulos habilitantes. "El Consejo de Estado considera que la regulación proyectada es insuficiente", concluye. Además, también considera que el anteproyecto peca de abusar de la técnica de habilitación directa al titular del Departamento (concretamente al ministro de Fomento) y apunta a que en muchos casos se hace de forma injustificada.
A esto suma modicaciones en el resto del anteproyecto como la ligereza en el uso de la palabra infraestructuras, la necesidad de mantener la realización de informes para acometer modificaciones o establecimientos de infraestructuras o realizar correcciones en materia urbanística. También apunta a la necesidad de definir criterios objetivos para el posible cierre de líneas por motivos económicos o sociales, así como añadir también medioambientales y culturales.
PLIEGOS EN SEPTIEMBRE
Pese a las reservas planteadas por el Consejo de Estado, fuentes del Ministerio de Fomento apuntan a la que la intención es poder publicar los pliegos del concurso en septiembre. No es la primera vez que un organismo cuestiona la forma de llevar a cabo este concurso. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya apuntó a asimetrías que favorecían a Renfe-Operadora en el procedimiento de concesión del título habilitante, al obtener la entidad este título de manera automático.
También cuestionó otros aspectos como la necesidad de revisar la cuantía de lo cánones. En su informe, Competencia incidía en la necesidad de definir los elementos básicos de ordenación del sistema, antes de comenzar el procedimiento de licitación, para conceder "una mayor certidumbre y seguridad jurídica a los operadores ferroviarios y promover una mayor participación", una carencia de la que también se queja el Consejo de Estado.
También la patronal CEOE se ha mostrado a favor de flexibilizar las exigencias para atraer a más empresas privadas mientras por parte de la oposición, el diputado valenciano del PSOE en el Congreso José Luis Ábalos ha criticado al Gobierno por una "privatización" que tal y como está planteada beneficia a las empresa en perjuicio del Estado.
Huele a otro chanchullo más.
Qué se puede esperar de un gobierno que gestiona a "salto de mata" con criterios oportunistas hacia sus amiguetes empresariales, tergiversando las necesidades de la sociedad española y empobreciendo cada vez más a la capas sociales más necesitadas. A todo esto, creando empleos precarios de futuro incierto y desconcertante para los jóvenes.
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