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VALENCIA (EFE). Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) sostiene que los cursos de formación a los que refiere la causa judicial abierta contra esta patronal por un supuesto fraude de subvenciones fueron "realizados, controlados y supervisados por el Servef".
Según ha asegurado la patronal castellonense, filial de la Confederación de Organizadores Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), estas "acciones formativas" habrían "pasado por mecanismos de control y fiscalización mediante una auditoría externa".
La patronal provincial se ha referido así, en una "nota aclaratoria" a la que ha tenido acceso hoy EFE, a la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) contra la CEC, Cierval y otras organizaciones y mercantiles por supuestos delitos contra Hacienda y falsedad documental relacionados con cursos de formación.
La causa se abre tras la denuncia de la Fiscalía de Castellón por un delito contra la Hacienda Pública, en la modalidad de fraude de subvenciones, y otro delito continuado de falsedad documental, en relación con las facturas presentadas a modo de justificación del destino de fondos públicos obtenidos.
El Ministerio Público señala como posibles autores de los hechos, y pide su declaración como imputados, a los responsables y legales representantes de las mercantiles Consultoría y Estudios AGP y Centro de Oficios RF, así como de la Cierval y CEC.
El juez ha acordado solicitar la documentación necesaria y, cuando se reciba, se procederá, en su caso, a las declaraciones, que no están acordadas, según el Tribunal Superior de Justicia Valenciano.
Desde la CEC insisten en que las acciones formativas investigadas forman "parte de un expediente de 2009 de Formación Profesional continua, las cuales se realizaron entre 2009 y 2010".
Del mismo modo, destacan que estos cursos fueron "realizados, controlados y supervisados por el Servef", y que, "además, han pasado por mecanismos de control y fiscalización mediante una auditoría externa".
Las informaciones publicadas en torno al supuesto fraude "afecta a un asunto de carácter tributario de quienes han realizado las acciones formativas", han indicado.
En el caso concreto de esa denuncia contra la CEC, la patronal "ha resultado perjudicada, por haber tenido que realizar el pago de las mencionadas acciones formativas, y, posteriormente, al tener que abonar ante el Servef la misma cantidad en el expediente administrativo, con independencia de que dicho expediente ha sido recurrido en vía contencioso-administrativa".
Por su parte, fuentes de Cierval han manifestado hoy a EFE que la investigación sobre el supuesto uso indebido de dinero público en cursos concierne a datos de los años 2009-2010, "antes de la nueva dirección" de la patronal autonómica, dirigida por José Vicente González y Javier López Mora.
Por contra, sí estaba en ese periodo el actual secretario general de patronal castellonense, Rafael Montero.
"En todo caso, la investigación corresponde a convenios que la Cierval firma y luego reparte a las confederaciones empresariales territoriales, que son las que justifican y ejecutan los ayudas", han añadido a EFE desde Cierval.
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