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VALENCIA (EFE). La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio creará una mesa para la prevención de los desahucios, en la que se coordinará el trabajo de los diferentes colectivos implicados en esta problemática.

Así lo ha anunciado hoy la consellera María José Salvador, tras la reunión que ha mantenido con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el objetivo de aplicar medidas de choque contra este "drama social".

En esta mesa participarán la PAH, el Colegio de Abogados, entidades bancarias, sindicatos, y la Confederació d'Associacions de Veïns i Consumidors de la Comunitat Valenciana (CAVECOVA).

Otro actor importante en esta mesa será la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para elaborar un protocolo de actuación a través de los ayuntamientos, que de forma coordinada con la Conselleria busque soluciones en el ámbito municipal.

La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía en número de desahucios, con 82.300 desde 2008, según ha informado María José Salvador, para quien "no es un problema entre bancos y particulares, sino de un problema de dimensión pública, por lo que requiere la mediación de la administración para aplicar medidas de carácter conjunto y combatir en primera línea los desahucios".

La actuación de la administración se dirigirá a evitar desahucios en el parque público de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social e insolvencia económica.

También buscará habilitar viviendas para estos colectivos y para ello se elaborará un registro de casas vacías de entidades bancarias e inmobiliarias, y según Salvador, ya ha mantenido reuniones con Sareb y Bankia para conocer su disponibilidad de viviendas.

La consellera ha anunciado que "de forma subsidiaria" se tomarán medidas sancionadoras para aquellos organismos que se nieguen a colaborar.

Igualmente, la Conselleria impulsará un plan de reforma del parque público, puesto que hay 689 viviendas públicas vacías que no están en condiciones de ser puestas a disposición de la gente que las necesita y a cuya reforma se destinarán los recursos económicos disponibles "aunque son pocos", según Salvador.

La consellera también ha solicitado la colaboración de la PAH para trabajar de forma conjunta en la Ley de la Función Social de la vivienda, "porque ellos son los que conocen de cerca este problema" y ha afirmado que la Comunitat necesita un nuevo marco jurídico que haga "un cambio radical" para garantizar el derecho humano a la vivienda.

"Queremos regular legalmente el papel intermediador de la administración valenciana para buscar soluciones antes de que se produzca el desahucio", ha manifestado.

El portavoz de la PAH, José Luis González, ha advertido que los datos de desahucios facilitados por el Consejo General del Poder Judicial no recogen todos ellos porque las cifras se obtienen a través del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, "pero muchos municipios no tienen este servicio", por lo que estos desahucios no quedan registrados.

Desde la Plataforma han valorado "la declaración de intenciones" de la consellera y se han comprometido a "trabajar a su lado si lo hace en esta dirección", pero han advertido de que vigilarán de cerca que se cumpla lo prometido.

La plataforma ha defendido que no haya desahucios por parte "de las administraciones públicas, ni de bancos ni de particulares" y que no haya ninguna familia sin agua, ni luz, ni gas.

Asimismo, han insistido en que la nueva ley de vivienda "evite que la gente pierda el piso y continúe pagándolo de por vida, lo cual condena a la exclusión social" y que el parque público de vivienda sea "adecuado a las necesidades de los ciudadanos".