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VALENCIA. La próxima junta de accionistas de Thyssen Ros Casares se presume caliente. La firma alemana que controla el 50% del capital, Thyssen Stahl-Service Center, ha solicitado que se incluyan en el orden del día de la junta general ordinaria y extraordinaria que la compañía convocada para el próximo 8 de septiembre nuevos puntos sobre reformulación de cuentas y en relación al conflicto judicial que le enfrenta a su socio, el grupo industrial Ros Casares.

El pasado 7 de agosto, los representantes de la administración concursal de la sociedad, Miguel Sandalinas y Jaime Querol, remitieron un complemento de la convocatoria de junta para incluir los nuevos puntos. La firma alemana solicitó que se incluyera un apartado sobre procedimientos judiciales en curso en los que Thyssen Ros Casares es parte, así como las posibles decisiones a adoptar sobre los mismos y sobre la asunción de gastos y condena en costas.

También pidieron que se incluyera un punto sobre la reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 -aún no disponibles para su consulta en el registro mercantil al no haber sido aprobadas por la junta- en caso de no ser aprobadas, y para solventar, entre otras cuestiones, las salvedades advertidas en el informe de auditoría.

Estas dos cuestiones se unen a las incluidas en la primera convocatoria: el examen y aprobación de las cuentas del año pasado y del informe de gestión y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

El grupo Ros Casares y Thyssen están enfrentados desde hace meses por el control de Thyssen Ros, una pugna que ha acabado por arrastrar al grupo metalúrgico valenciano a entrar en concurso de acreedores. El grupo valenciano denunció a su socio tras la decisión de la multinacional de cerrar su planta de Galmed Sagunto, lo que originó problemas de suministro a Thyssen Ros Casares.

La denuncia se sustentaba en el pacto que los socios firmaron en en momento de crear la sociedad conjunta por el cual Thyssen se comprometía al suministro de materia prima a la planta. No obstante, a finales del año pasado la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio desestimó la reclamación, en la que Ros Casares pedía 26 millones por lucro cesante.

Previamente, a finales de 2013, los tres representantes de la firma alemana en el consejo de Thyssen Ros Casares habían renunciado a sus puestos en un intento por bloquear el funcionamiento de la compañía, ya que el órgano quedaba sin el quorum necesario para tomar decisiones. Los alemanes respondieron a la firma valenciana con una querella por supuesto delito societario de Francisco Juan Ros García, Germán Ros Casares y Germán Ros García.