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VALENCIA. Diez millones de euros. Ése es el coste que tendría ejecutar los trabajos pendientes en el Ágora, uno de los edificios del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que el anterior Consell incluyó en el concurso para externalizar la gestión del Oceanogràfic a pesar de que el arquitecto Santiago Calatrava lo entregó sin terminar. Además de los elementos pendientes, el edificio presenta defectos estructurales que han retrasado su cesión a Avanqua, la firma que se ha adjudicado su explotación para los próximos quince años. Mientras no se resuelvan esas deficiencias, el operador privado no puede definir los usos proyectados.
Tal y como informó ayer ValenciaPlaza.com, Avanqua ya tiene el resultado de la auditoría que encargó para evaluar el estado en el que recibía el Ágora, un informe técnico en el que el estudio del arquitecto Tomás Llavador detalla una serie de defectos estructurales, como la ausencia de falsos techos, la rotura de algunos frentes o puertas de cristal o las filtraciones de agua por el mal estado de la cubierta. En esas circunstancias, el experto que firma el informe sostiene que no se puede garantizar ni el buen funcionamiento del edificio ni que sea adecuado para los usos previstos.
La Generalitat y el adjudicatario del concurso para la gestión de este espacio han acordado activar el plazo previsto en el concurso para retrasar hasta dos meses el traspasado de la infraestructura. En ese tiempo, esperan pactar la solución a los problemas estructurales del edificio y un calendario de ejecución de los trabajos para resolverlos. No obstante, la solución se complica porque exige contar con el arquitecto Santiago Calatrava. El Consell ya ha iniciado los contactos con su estudio para buscar la salida más rápida y barata posible.
En las circunstancias actuales, existen dos alternativas para poner el edificio en estado operativo. La primera es la mencionada terminación del edificio, solución que el Gobierno valenciano habría descartado por su elevado coste. Los diez millones que tendrían que invertirse corresponden al cálculo que el anterior Consell realizó sobre el coste que tendría instalar los remates de la cubierta que quedaron sin colocar en el momento en el que se realizó la entrega del edificio parcialmente terminado en el que, hasta ese punto, se habían invertido 96 millones de euros.
Esta solución incluye el traslado del material y la colocación de las láminas de la cubierta, así como la instalación de los mecanismos que accionarían la cubierta móvil. Sólo tras el montaje de esas láminas se podrían colocar los remates que resolverían los problemas de estanquedad del edificio, según detalló el estudio de Santiago Calatrava en un listado de trabajos pendientes en el momento de entrega de la obra.
Previamente, el arquitecto valenciano había propuesto una modificación a su propio proyecto en 2011 valorada en 22 millones de euros que el anterior Consell descartó por su elevado coste y porque incluía actuaciones en el entorno del edificio, no sólo en la estructura. Fue posteriormente cuando el Gobierno autonómico calculó que con diez millones se podrían colocar los elementos pendientes de la cubierta, que no llegaron a instalarse.
La cantidad, no obstante, no incluiría todos los defectos que han ido surgiendo posteriormente y que el arquitecto que ha realizado la auditoría encargada por Avanqua considera necesario resolver para poner en funcionamiento el Ágora. Se trata sobre todo de solventar el problema de las puertas de vidrio que se rompen con excesiva facilidad, el deterioro acelerado de algunos elementos aislantes o la instalación de 'líneas de vida' o elementos de seguridad anticaída.
CALATRAVA HA DE ESTAR DE ACUERDO
La segunda alternativa que se baraja consiste precisamente en resolver esos problemas. Se trataría de acometer la obra mínima imprescindible para poder ceder el edificio en condiciones de uso al adjudicatario. Esta es la opción prioritaria por su menor coste, pero requiere necesariamente un acuerdo previo con Santiago Calatrava, arquitecto y jefe de obra.
El motivo es que las modificaciones necesarias para resolver las deficiencias exigen actuaciones sobre algunos elementos estructurales del edificio que el arquitecto podría entender como una modificación del proyecto inicial que alteraría la esencia de su obra. Es lo que podría suceder, por ejemplo, si se sustituyen algunos elementos de las puertas batientes por paneles fijos de vidrio. El estudio del arquitecto podría solicitar una compensación económica o proponer las modificaciones, lo que implicaría el cobro de honorarios: un 7,5% del coste por redacción del proyecto y un 4,5% por la ejecución.
El Consell confía en que el arquitecto se avenga a facilitar una solución lo más barata posible para la administración. Una salida inasumible por coste podría encaminar la resolución hacia la vía judicial, ya que la administración sólo tiene los dos meses de prórroga que prevé el concurso para entregar el edificio.
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