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SAGUNTO (VALENCIA) (EFE). La concejala delegada de Policía Local del Ayuntamiento de Sagunto, Roser Maestro (EUPV), ha ordenado por escrito a ese cuerpo de seguridad que no participe en ningún desahucio de viviendas familiares que se produzca en el municipio valenciano.

Fuentes municipales han informado en un comunicado de que se ha tomado esta decisión para cumplir con el acuerdo alcanzado en el pleno extraordinario que el consistorio celebró el pasado 16 de julio.

En este pleno se aprobó por unanimidad una propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que declaraba a Sagunto como ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia.

La concejal de Esquerra Unida ha explicado que tras aprobarse que Sagunto sea una ciudad libre de desahucios, uno de los requisitos que se pedía es que la actuación de la Policía Local "no tuviera nada que ver con la ejecución forzosa que suponía despojar a la persona de la vivienda".

El anterior concejal de Policía Local ya había dado la orden verbalmente, pero para ofrecer una mayor garantía tanto para los trabajadores del cuerpo policial como para las personas que van a ser despojadas de su vivienda, el Gobierno municipal ha pasado una orden expresa y escrita "para que la Policía Local no participe en ningún desahucio a partir de ahora".

Según Roser Maestro, "estamos dando cumplimiento a la iniciativa popular propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que ha sido asumido por el Equipo de Gobierno para dar garantías a ambas partes".

"No es una novedad, porque no estaban interviniendo, pero sí que es dar una garantía y seguridad tanto a un nivel como a otro y esperemos que este cumplimiento se pueda hacer efectivo a muchos más municipios. Es un logro de la PAH y un reconocimiento a su trabajo", ha afirmado Maestro.

Según el texto aprobado durante el pleno municipal, la finalidad de declarar a Sagunto ciudad contraria a los desalojos es evitar la vulnerabilidad de las familias afectadas por procesos de desalojo de sus viviendas habituales a raíz de la crisis.

El pleno también aprobó un protocolo de actuación, con quince medidas concretas, para hacer frente a situaciones en las que se desaloje a familias de su vivienda habitual por motivos económicos.

Este protocolo también estaba incluido en la propuesta de la PAH y había sido avalado, mediante iniciativa popular, por 6.560 firmas de ciudadanos del municipio de Sagunto.

Entre las medidas aprobadas se encuentra la solicitud al gobierno del Estado para que, mediante un decreto ley dictado con carácter de urgencia, deje en suspenso y ordene revisar todos los desalojos en ejecución derivados de la ley hipotecaria.

También se pretende solicitar a las entidades financieras la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procesos en curso para buscar soluciones alternativas con la intermediación del Ayuntamiento de Sagunto si fuera necesario.

Otra de las medidas es la constitución de un grupo de Trabajo Social Anti-desahucios o la negociación con las entidades financieras para llegar a un acuerdo para ofrecer las viviendas vacías en alquiler social asequible, entre otras.

Sin embargo, se descartó llevar al pleno la propuesta por la que el consistorio dejaría de trabajar con las entidades que ejecuten los desahucios y que también había demandado en principio la PAH.

Este apartado fue retirado de la batería de acuerdos debido a su incompatibilidad legal, según informe de la Secretaría General del consistorio.