JAVIER CAVANILLES. 17/08/2015 Un sentencia del Supremo obliga a los consistorios a acabar con esta práctica que ha perjudicado a miles de ciudadanos y abre la puerta a un aluvión de reclamaciones

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VALENCIA. Más de 25 denuncias en curso y otras tantas en la lista de espera contra los ayuntamientos de Requena, Xàtiva, Dénia, Benidorm, Gandia... "aunque podríamos incluir prácticamente a todos los municipios que vivieron las burbuja inmobiliaria", explica el abogado Jaime Navarro. El motivo de estas acciones legales es que los consistorios están cobrando el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) a terrenos rústicos que se recalificaron para construir urbanizaciones y que nunca vieron la luz.

"Es imposible cuantificar de cuánto dinero estamos hablando, sobre todo porque mucha gente no es consciente de que lleva pagando, a veces hasta 15 años, un impuesto que legalmente no se le puede exigir", añade.

Navarro cita la sentencia 2159/2014 de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que daba la razón a la Fundación Hija de Pepe Reyes (ubicada en Extremadura) que ratificaba un pronunciamiento anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El Alto Tribunal confirmaba, en resumen, que no se puede cobrar el IBI urbano de un terreno rústico aunque haya sido recalificado hasta que no haya acabado la actuación.

"En la Comunidad Valenciana, y sobre todo en las zonas de costa, los que se pueden beneficiar de esta sentencia, que ha creado jurisprudencia, son miles", añade Navarro. "Es cierto", precisa, "que algunos ayuntamientos ya han dejado de cobrarlo pero se pueden pedir las cantidades que se abonaron indebidamente".

"En otras palabras", continúa, "el Supremo dice que se necesita para cambiar un terreno de rústico a urbano que haya un Plan Parcial o un Programa de Ejecución concreto o un Programa de Actuación Urbanística legalmente aprobado. Así, ayuntamientos de la Comunitast Valenciana han cobrado el IBI urbano por terrenos que en realidad eran rústicos: carecían de redes públicas de abastecimiento y evacuación de aguas, así como suministros de energía".

Por lo que respecta cuanto años de pagos indebidos se pueden reclamar, el letrado explica que "habría que tener en cuenta que si la clasificación de urbana de la finca rústica es ilegal desde que lo estableció el catastro la devolución de los ingresos indebidos se podría reclamar desde la fecha de la calificación. El acto sería nulo desde el inicio y todos los actos derivados, por ejemplo los de liquidación de impuestos también nulos".

Algunos ayuntamientos ya han regularizado la situación y ha vuelto a calificar como rústicos lo que cobraron como urbanizable, pero pese eso se puede reclamar lo cobrado indebidamente en los años que el terreno fue mal calificado.

Hasta 2014 de manera generalizada (ahora menos), los ayuntamientos incluían el terreno rústico ajeno a los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas y suministros de gas o electricidad, en su planeamiento teórico como suelo urbano o urbanizable, y a partir de aquí, y tras los trámites legales oportunos, acababan cobrando el IBI como sí fuera urbano.

El Supremo, en la citada sentencia, ha confirmando que para que se de esa teórica condición de urbano o urbanizable- porque lo señala o sectoriza el Plan de Ordenación urbanística de que se trate hace falta algo más, un Plan Parcial o un Programa de Ejecución concreto o un Programa de Actuación Urbanística-efectiva y legalmente aprobado.

"En esta importante Sentencia el Tribunal Supremo nos recuerda que la información catastral estará al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos públicos; y que la descripción catastral de los inmuebles afectados ha de ser acorde con la realidad", apunta Navarro.

Incluso algunos Ayuntamientos ya han regularizado la situación y ha vuelto a calificar como rústicos lo que cobraron como urbanizable, pero pese eso se puede reclamar lo cobrado indebidamente en los años que el terreno fue mal calificado.