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VALENCIA. La delicada situación económica de Feria Valencia, con cerca de catorce millones de euros en pérdidas acumuladas en los últimos tres ejercicios, le ha impedido atender sus obligaciones de deuda desde finales de 2012, lo que ha obligado a la Generalitat a tener que acudir a su rescate para evitar el impago de los créditos que han ido venciendo desde entonces.
Según la información sobre los avales formalizados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) recientemente remitida a la comisión de Economía y Presupuestos de Les Corts, el ente dependiente de la Conselleria de Hacienda ha otorgado desde agosto de 2012 tres avales a favor de Feria Valencia por un importe conjunto de 8,5 millones de euros.
De ellos, 2,5 millones corresponden al crédito de BBVA que Feria Valencia obtuvo el año pasado para superar los problemas de tesorería que arrastraba desde el verano de 2013, cuando incluso se dejó de pagar un porcentaje de las nóminas.
El resto, según explicaron fuentes del recinto el resto forma parte de la refinanciación de dos créditos ante la imposibilidad de amortizarlos al vencimiento. El primero de ellos, el de mayor cuantía, se renegoció en agosto de 2012, todavía con Alberto Catalá en la presidencia ejecutiva.
El IVF otorgó entonces un aval por importe de 5,4 millones de euros para reestructurar una deuda con CaixaBank. Era la primera vez que Feria Valencia se veía obligada a recurrir a la Generalitat ante la imposibilidad de atender sus obligaciones financieras, al margen de los créditos vinculados a la ampliación del recinto a mediados de la pasada década.
El segundo aval formalizado es mucho más reciente, de diciembre del año pasado. En ese momento, el IVF otorgó garantías a favor de Feria Valencia por valor de 600.000 euros para refinanciar un crédito con CaixaBank destinado a la "operatividad general" del recinto. Las fuentes de Feria Valencia consultadas subrayaron que las tres operaciones, el crédito nuevo y las dos refinanciaciones, están al corriente en el pago.
Estos tres años en los que Feria Valencia no ha podido responder a sus vencimientos sin la asistencia de la Generalitat coinciden con sus peores ejercicios desde el punto de vista económico. Sólo en 2013, último ejercicio disponible, sus pérdidas superaron los nueve millones de euros. Su día a día ha estado marcado por los problemas de tesorería provocados, en parte, por la suspensión de la Feria del Mueble de septiembre de 2013 para celebrarla junto a Cevisama en febrero del año siguiente.
El cambio de fechas provocó un retraso en la captación de recursos aparejados a un certamen que en el pasado fue uno de los principales generadores de negocio de Feria Valencia. Además de ocasionar un impago parcial de nóminas en verano de 2013, los problemas de tesorería le obligaron a tener que acometer un nuevo proceso de reducción de plantilla, el tercero en tres años.
El riesgo vivo asumido por la Generalitat con Feria Valencia se suma al endeudamiento generado con la ampliación de sus instalaciones iniciada en 2005. El convenio suscrito para poder sacar adelante el Plan de Modernización y Ampliación, en el que se preveían inversiones de hasta 650 millones de euros, obliga a la administración a asumir la devolución de la deuda mientras el recinto no sea capaz de generar recursos suficientes para hacerse cargo, tal y como sucede desde 2009 y hasta la actualidad.
El compromiso de pago de la financiación asumido cuesta a la Generalitat más de 30 millones de euros al año. El calendario de vencimientos se extiende hasta el año 2027. Hasta el momento, la administración valenciana ya ha pagado casi 152 millones de euros de esa financiación, mientras que la propia Feria Valencia ha aportado 28,3 millones.
Según el informe que la Intervención de la Generalitat publicó el pasado mes de septiembre, de mantenerse esa tendencia la ampliación de Feria Valencia proyectada y aprobada durante la etapa de Rita Barberá como presidenta de su patronato podría costar a las arcas públicas valencianas más de 1.027 millones de euros.
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