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SEVILLA (EFE). Facua-Consumidores en Acción ha puesto a disposición de los usuarios un modelo de demanda para llevar sin coste a las eléctricas a los tribunales por lo que considera un fraude masivo en las tarifas por el alquiler de los contadores.

En un comunicado, la entidad advierte de que las eléctricas aplican una tarifa que según la legislación del sector sólo puede cobrarse si tienen habilitada la telegestión, algo que todavía no ocurre en la mayoría de los nuevos equipos de medida instalados.

Tras varias acciones judiciales contra Endesa, la organización ha habilitado una pagina en su web en la que pone a disposición de los usuarios afectados un modelo de demanda para que la presenten contra sus distribuidoras eléctricas de forma gratuita, ya que este tipo de procedimientos no requiere de abogado ni procurador.

El Ministerio de Industria no ha tomado medidas contra las eléctricas, pese a que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha instado a hacerlo, según ha recordado FACUA.

Tampoco han actuado las autoridades de protección al consumidor de las diecisiete comunidades autónomas ni la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, "pese a las denuncias presentadas por la asociación".

OBLIGADOS A JUDICIALIZAR

Según Facua, "la irresponsabilidad de las administraciones obliga a judicializar una vez más un fraude masivo contra los consumidores".

En este caso, los tribunales tendrán que tratar una a una reclamaciones de cuantías que no alcanzan los 4 euros por cada año en el que se haya producido la "facturación ilegal", de modo que "el fraude" supone 33 céntimos mensuales (27 más IVA) por cliente, pero dado el volumen de afectados FACUA lo calcula en millones de euros cada año.

FACUA presentó en noviembre de 2014 una batería de denuncias ante las administraciones competentes contra las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España: Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa Distribución, Unión Fenosa Distribución (Gas Natural Fenosa), Hidrocantábrico Distribución (EDP HC Energía) y E.On Distribución.

En esas denuncias reclamó que se impusiese a las compañías la devolución de decenas de millones de euros cobrados de más a los usuarios al aplicarles tarifas que la normativa limita a equipos de medida integrados en un sistema de telegestión y telemedida.