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VALENCIA. El sumario del caso Púnica de su ramificación de Gandia revela las relaciones de Alejandro De Pedro, Construcciones Gomuñoz y el anterior gobierno de la ciudad, del que era primer edil el popular Arturo Torró, para hacer supuestos pagos ficticios a empresas de la trama. Igualmente, las conversaciones mantenidas por el conseguidor, la constructora y miembros del gobierno y de la cúpula del PP de la ciudad describen la forma de proceder para que la constructora se hiciese cargo de la deuda del Consistorio con Púnica a través de una facturación periódica.

Así se desprende del informe elaborado tras las investigaciones que llevó a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) bajo la orden del juez Eloy Velasco. Dicho informe cuenta con al menos tres transcripciones de conversaciones mantenidas por Alejandro De Pedro, su empleado Javier Bueno, Dionisio Ollero (vicesecretario de Organización del PP de Gandia) y Sergio Muñoz Gómez (Construcciones Gomuñoz).

Igualmente, deja al descubierto cómo Construcciones Gomuñoz acordó con Alejandro De Pedro, el supuesto conseguidor de la trama Púnica, un pago mensual de 2.600 euros tras la intervención de Víctor Soler, portavoz del PP en Gandia y secretario general de la formación, y el vicesecretario de Organización Dionisio Ollero.

Esto se deduce de la conversación telefónica del 13 de octubre. En ella, Alejandro De Pedro llamó a Sergio Muñoz de parte de Victor Soler y Arturo Torró indicando que "su socio" Javier Bueno acudiría a la capital de la Safor para cerrar los detalles. Dos días después, el 15 de octubre, Bueno y Muñoz acuerdan en la sede de Gomuñoz en Gandia un pago de 2.600 euros al mes más IVA.

De esas conversaciones, la UCO apunta que "se deduce que el constructor, que recordemos es adjudicatario de contratos públicos del Ayuntamiento, se ha prestado a hacer un favor al Consistorio, facturando a la empresa de De Pedro para pagar la deuda del consistorio".

Hasta la fecha, ni Arturo Torró ni Victor Soler se encuentran imputados por dicha trama pero esta conversación les puede acercar más a una futura imputación. Además tal y como informó este diario, la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) pagó a Construcciones Gomuñoz un total de 885.000 euros por la ejecución de determinadas obras. Estas facturas fueron entregadas por el actual gobierno de la ciudad al juez Velasco con posterioridad a la intervención de la UCO el pasado 9 de junio.

EL GOBIERNO DE GANDÍA SE PERSONA EN LA CAUSA

Tras el levantamiento parcial del sumario, el Gobierno de la ciudad se muestra "cauto" pero muestra su preocupación por el hecho de que Gandia se vea relacionada con temas de presunta corrupción.

En este sentido, la vicealcaldesa Lorena Milvaques ha asegurado que "si algún miembro del anterior gobierno del PP aparece imputado, como desgraciadamente todo parece indicar, exigiremos responsabilidades políticas". Asimismo, ha anunciado que el Ayuntamiento de Gandia se ha personado en la causa para "poder tener toda la información que afecta a nuestra ciudad".

El próximo episodio de esta trama llegará cuando el juez Velasco decida levantar el secreto de sumario que aún consta sobre la pieza separada de Gandia y donde se darán a conocer los detalles de las declaraciones del entonces alcalde popular Arturo Torró, Víctor Soler, Ollero y el gerente de construcciones Gomuñoz.