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VALENCIA (EP). El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este lunes la continuidad de las instituciones consultivas de la Generalitat porque garantizan la "calidad" de las leyes, también el autogobierno y "la defensa de los intereses de los valencianos y las valencianas". Asimismo, se ha mostrado a favor de dar "estabilidad en todos los órganos estatutarios" y ha rechazado utilizarlos "a beneficio de parte". 

Puig se ha pronunciado de este modo tras recibir en el Palau de la Generalitat al presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Vicente Garrido, que le ha entregado la Memoria 2014 de esta institución. El jefe del Consell ha reconocido la "magnífica labor" que realiza el CJC y ha manifestado la necesidad de "mejorar la capacidad de dar respuesta permanentes a los ciudadanos" de todas las instituciones y de la Generalitat, así como la de "ofrecer mejores servicios públicos".

En este contexto, Ximo Puig ha valorado el papel de instituciones como el Consell Jurídic Consultiu frente a las voces que durante los últimos años apuestan por "la reducción o, incluso, la desaparición de organismos de las comunidades autónomas" como éste.

SERÍA "NEGATIVO"

El responsable autonómico ha comentado que ésa es una idea que se va a aplicar en algunas autonomías y ha descartado llevarla a cabo en la Comunitat porque "sería absolutamente negativo para la calidad de las normas del Gobierno valenciano" y también para las entidades locales que "tendrían que obligatoriamente tendrían que ir a Madrid, como se hacía antes".

"Eso sería un perjuicio enorme para el autogobierno valenciano y, en definitiva, también para los ciudadanos", ha planteado Puig, que ha resaltado que "el CJC sirve porque hace posible un trabajo de mejora de la calidad legislativa". Así, ha resaltado la "vigencia del CJC" y ha mostrado su reconocimiento a ésta y otras entidades similares.

Por otro lado, preguntado por si es previsible a corto o medio plazo cambios en la configuración del Consell Jurídic Consultiu, el presidente de la Generalitat ha dicho que "no es prioritario" y ha comentado que las renovaciones se irán produciendo "en la medida en que se cumplan los plazos" establecidos en cada designación.

En este sentido, Ximo Puig ha afirmado que el nuevo Consell está "por la estabilidad en todos los órganos estatutarios", al tiempo que ha rechazado utilizar estas entidades "a beneficio de parte" y ha pedido desvincularlos de cualquier parte.

742 DICTÁMENES APROBADOS

La Memoria del Consell Jurídic Consultiu que se ha entregado a Puig, aprobada en el pleno extraordinario de la entidad del 30 de abril de 2015, recoge "de forma exhaustiva" la actividad de esta institución a lo largo de 2014. Este año la entidad ha emitido 742 dictámenes aprobados -esta cifra, superior en seis a los dictámenes de 2013, la sitúa en segundo lugar en volumen de trabajo entre los consultivos españoles-, según ha informado el organismo en un comunicado.

Durante el pasado año pasaron por el pleno del CJC 13 anteproyectos de ley autonómicos, entre ellos los de Ordenación del Territorio, Salud y Hacienda Pública. En total, fueron dictaminados 104 proyectos de normas autonómicas, 24 más que en 2013 y un 10 por ciento del total de expedientes dictaminados.

Los dictámenes sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial, con un 55 por ciento, fueron los más numerosos un año más, según ha apuntado el CJC. A pesar de ellos, estos trabajos registraron un descenso respecto a 2013 al pasar de 498 a 416. La entidad ha destacado que 2 de ellos contemplaban reclamaciones superiores a los 30 millones de euros.

REUNIÓN CON ALCARAZ

Posteriormente, el presidente del CJC ha recibido en la sede de esta entidad al conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz. Este último está manteniendo en las últimas semanas diferentes encuentros informativos para dar a conocer la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y abordar en los diferentes organismos autonómicos los principios de adhesión.

El encuentro con el presidente del CJC ha servido también para continuar ajustando las competencias de la Agencia Antifraude, según ha informado la Generalitat en un comunicado. El conseller ha recalcado la voluntad de su departamento de que esta agencia pueda coexistir con otros organismos y entidades sin que se produzca un solapamiento de funciones.

En cuanto a la aplicación de la Ley de Transparencia, la Generalitat ha recordado que "uno de sus principios fundamentales es el de facilitar el acceso de la información a la ciudadanía a través de la tecnología y las aplicaciones informáticas". En este sentido, Garrido ha expresado la voluntad del CJC de facilitar el acceso a sus cuentas a través de dichas aplicaciones.

Manuel Alcaraz y Vicente Garrido han coincidido, asimismo, en señalar la necesidad de articular mecanismos de colaboración y participación entre instituciones y trabajar para mejorar la cultura de la transparencia.