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VALENCIA (EP/VP). El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el incremento salarial que el exalcalde 'popular' de Riba-roja de Túria (Valencia), Francisco Tarazona, aprobó en junio de 2010 a cerca del 70 por ciento de los trabajadores municipales, alrededor de 250 de los 370 en total, al saltarse el límite del 0,3 por ciento fijado por el Ministerio de Hacienda contenido en la ley de estabilidad presupuestaria. El fallo obliga, además, a los afectados a devolver el dinero correspondiente a los citados incrementos.

Así lo asegura el nuevo equipo de gobierno del municipio, integrado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida. Los responsables municipales han dado a conocer la sentencia del alto tribunal que ratifica --al inadmitir el recurso de casación interpuesto-- la que en 2013 dictó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimando el recurso del Abogado del Estado, a instancias de la Delegación del Gobierno, al considerar que el aumento del 3,2 por ciento aprobado por el Ayuntamiento de Riba-roja incumplía la legalidad ya que estaba muy por encima del 0,3% fijado por el Gobierno central.

Según se explica en un comunicado remitido por los socialistas de Camp de Túria, los hechos se remontan a junio de 2010, cuando el entonces alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, y su equipo de gobierno del Partido Popular aprobaron un aumento del 3,2% al personal funcionario y laboral del consistorio a pesar de que la ley del Ministerio de Hacienda limitaba estos aumentos al 0'3% para evitar desajustes presupuestarios.

Los incrementos salariales entraron en vigor, precisamente, en el ejercicio siguiente de 2011, "coincidiendo con las elecciones municipales de ese año", apuntan.

SENTENCIA "ESCONDIDA EN EL CAJÓN"

El actual alcalde de Riba-roja, Robert Raga, denuncia que esta sentencia "ha permanecido escondida más de medio año en el cajón del alcalde, con la complicidad de su gobierno en el que se incluye a la candidata María José Ruiz, para evitar precisamente un desgaste electoral al margen de que ha incumplido su obligación de dar cuenta al pleno y, por tanto, no se ha ejecutado en todos sus términos y podría haber incurrido en posibles responsabilidades penales".

Según esta fuente, el Supremo dictó sentencia el 23 de octubre de 2014 y la notificó al ayuntamiento el 20 de noviembre del mismo año.

"Sin embargo, el fallo del alto tribunal no se ha llegado a comunicar nunca al pleno municipal, ya que había sido este, precisamente, el que había aprobado con carácter definitivo el incremento retributivo en junio de 2010 y, por tanto, es en esta instancia administrativa donde se debía dar cuenta. Ha sido ahora, con la entrada del nuevo gobierno local, cuando se ha descubierto la sentencia del Supremo", añaden.

Por su parte, el concejal de Personal de Riba-roja de Túria, José Luis López, ha subrayado que el fallo judicial se comunica ahora al pleno "como no podía ser de otra forma". "Y a partir de ahora negociaremos con los propios trabajadores afectados de todos los aspectos contenidos en la sentencia, además de que acordaremos con ellos de que la ejecución de la misma sea lo menos lesiva para ellos pero defendido siempre los intereses del propio ayuntamiento ya que no hay que perder de vista que la subida salarial buscaba un claro rédito electoral", precisa.